La mayoría opositora reunida en el parlamento de Venezuela presentó este lunes un proyecto de ley para amnistiar a decenas de políticos presos, lo cual promete intensificar la confrontación con el gobierno que advirtió de antemano que lo vetará.
«Se entregó un proyecto muy bien hecho, es una ley y un decreto», señaló a la prensa Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, devenido en símbolo de los «presos políticos» y condenado a 13 años y nueve meses de cárcel.
Acompañada por un grupo de diputados de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), abogados y familiares de opositores detenidos o con causas pendientes, Tintori acudió a la Asamblea Nacional para entregar la propuesta, que incluye aportes de organizaciones no gubernamentales y académicas.
La iniciativa fue presentada justo cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) divulgaba un fallo que anuló las decisiones de la mayoría parlamentaria y declaró en desacato a sus directivos por haber juramentado a tres legisladores cuya elección impugnó el chavismo.
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La medida se mantendrá mientras la directiva insista en desconocer la orden de la corte de suspender temporalmente esas investiduras.
La «ley de amnistía y reconciliación» apunta a indultar a unos 76 presos y miles de «perseguidos políticos» (personas con alguna acusación judicial o administrativa) y exiliados, según Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal.
Al mismo tiempo, el proyecto de decreto busca eludir el anunciado veto del presidente Nicolás Maduro, aunque aún no está decidido si se aprobará éste o la ley.
Tras un primer debate parlamentario, el instrumento será sometido a discusión pública y luego a una segunda sesión en la que «será aprobada», dijo este lunes a la AFP Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, que controla la cámara desde hace una semana con una poderosa mayoría de dos tercios.
Torrealba no pudo especificar cuánto tiempo durará el proceso, en el que aseguró que el oficialismo -que perdió el control de la cámara tras 17 años de hegemonía- «podrá hacer las objeciones que el reglamento permite».
«La ley va mucho más allá de reparar injusticias, pues sirve como punto inicial para un proceso de reencuentro de un país que ha vivido amargamente dividido y que ahora tiene que aprender a convivir», señaló.
Además de López, preso en una cárcel militar desde el 18 de febrero de 2014, la amnistía busca devolver la libertad a figuras como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el excandidato presidencial Manuel Rosales.
López fue sentenciado en septiembre último acusado de incitar a la violencia durante protestas que buscaban la renuncia de Maduro y dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
Ledezma, detenido el 19 de febrero de 2015 y bajo arresto domiciliario desde el 1 de mayo, está sindicado de conspirar contra Maduro, mientras que Rosales quedó en prisión el 15 de octubre pasado -señalado de corrupción- al regresar a Venezuela tras seis años de exilio.
Veto anunciado
Maduro advirtió que vetará la ley cuando llegue a sus manos, pues a su juicio varios de los potenciales beneficiarios cometieron violaciones de derechos humanos que no son objeto de indulto.
«Los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar», ha dicho el mandatario socialista.
El jurista José Ignacio Hernández aseguró a la AFP que Maduro no puede bloquear la amnistía y solo podría hacer observaciones cuando se la envíen para promulgarla.
«Ni el Ejecutivo ni el TSJ pueden impedir que se dicte una amnistía porque es una competencia exclusiva de la Asamblea, de la misma manera que el Legislativo o el TSJ no pueden impedir que el presidente haga uso de su facultad de conceder indultos», explicó.
Hernández agregó que Maduro solo podría detener la ley «violando la Constitución», al impedir por ejemplo que se publique en gaceta oficial, a través del TSJ -según la oposición regido por el chavismo- para que suspenda su cumplimiento o evitando que se ejecuten las excarcelaciones.
La amnistía es apoyada por la Conferencia Episcopal Venezolana, cuyo presidente, monseñor Diego Padrón, la defendió como una forma de «distensión y reconciliación», en un discurso el pasado viernes ante el presidente legislativo, Henry Ramos Allup.
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