Un tribunal otorgó este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vice presidente argentino Amado Boudou (2007-2015), que fue condenado en 2018 a cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos.
Según confirmó a Efe Graciana Peñafort, abogada de quien fuera compañero de fórmula presidencial de Cristina Fernández -hoy vicepresidenta- en su segundo mandato, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de Buenos Aires tomó la decisión de dar la prisión domiciliaria porque la condena aún no es firme.
En prisión continuada desde febrero de 2019
El 7 de agosto de 2018, el TOF4 había considerado al exfuncionario culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, en tiempos en que era ministro de Economía (2009-2011).
Tras más de cuatro meses en prisión, el 11 de diciembre el mismo tribunal aceptó el pedido de excarcelación de la defensa -a la espera de que hubiera una condena firme- y recuperó su libertad, monitoreada con una tobillera electrónica, una vez que se acreditó el pago de un millón de pesos (26.400 dólares).
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Pero en febrero de 2019 volvió a prisión, al ver la Cámara Federal de Casación Penal «riesgos procesales» en su libertad y considerar las «obligaciones asumidas por el Estado argentino» de sancionar «debidamente» los hechos de corrupción.
La sentencia, que fue recurrida por la defensa de Boudou, está todavía pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema.
La compra irregular de una imprenta de papel dinero
La investigación apunta a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro, con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial.
En 2010, un juzgado declaró la quiebra de la imprenta por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra poco después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.
Según el expediente, Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la Administración.
La Justicia acusó al ex vice presidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantara la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado.
Con esta decisión, de los más importantes rostros del kirchnerismo acusados de corrupción, solo quedan cumpliendo prisión el exsecretario de Obras Públicas José López, quien en 2016 fue hallado ‘in fraganti’ escondiendo millones de dólares en un convento y la líder indígena Milagro Sala, exdiputada del Parlamento del Mercosur.
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