Hace dos años que la rutina de María del Carmen Figueroa Acevedo cambió. Desde entonces, cada martes, acude a las reuniones semanales de familiares de desaparecidos que tienen lugar en una ciudad de Iguala, Guerrero.
Figueroa busca a su hijo Ricardo. Ella cree que está vivo y sueña con frecuencia con cómo lo recibirá cuando lo encuentre.
Solo un martes faltó a la cita con quienes, como ella, buscan a un ser querido desaparecido en la ciudad de Iguala. El encuentro se convierte en su dosis semanal de esperanza. «Me da fuerzas para seguir», afirma.
Las 150 personas del colectivo «Los otros desaparecidos» de Iguala no están para celebraciones, pero su reunión de esta semana fue especial. Conmemoraban dos años de búsqueda conjunta de los suyos y lo hacían en un terreno que han acondicionado con sus manos y con el dolor de sus recuerdos: un lugar bautizado como Ciudad Víctima.
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Hasta la fecha han conseguido localizar y recuperar los cadáveres de 18 personas. Los restos de cinco más han sido identificados y esperan el visto bueno de las autoridades para ser entregados a sus familias, según cuenta Adriana Bahena, una de las portavoces del grupo.
Pero faltan muchos más, centenares, y por ello quieren reforzar esfuerzos.
En Ciudad Víctima planean construir dos aulas y un salón para distintas actividades para atender y formar a las familias.
A más largo plazo, les gustaría contar con un laboratorio de genética para hacer sus propias pruebas de ADN e incluso animar a alguna industria a instalarse allí para dar empleo a los más necesitados, sobre todo a mujeres que se quedaron solas y sin apoyo para cuidar a sus hijos.
«Ciudad Víctima es donde va a venir la gente para ser ayudada», asegura Bahena.
«Los otros desaparecidos» se formó en noviembre de 2014, menos de dos meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala.
El ataque contra los jóvenes lo llevaron a cabo policías locales vinculados al crimen organizado con la complicidad de autoridades pero, pese a que según el gobierno es la mayor investigación de la historia reciente del país, todavía se desconoce el paradero de los chicos.
La desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, una escuela de maestros rurales, atrajo condenas y atención internacional pero también provocó que muchas familias levantaran la voz, muchos por primera vez, para denunciar que también tenían desaparecidos.
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Figueroa fue una de las muchas que empezaron a superar el miedo. Empezaron a reunirse los martes en una iglesia para poner en común estrategias y que la investigación de sus casos avanzara; los domingos se lanzaban a los cerros que rodean Iguala en busca de fosas escondidas, con un hierro que clavaban en el suelo para intentar detectar materia en putrefacción bajo la superficie como único y artesanal escáner.
Este octubre, los dirigentes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas celebraron una reunión en Iguala con el gobernador de Guerrero y representantes del colectivo. Ofrecieron una cifra: habían atendido a familiares de 295 desaparecidos en Iguala y sus alrededores.
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Ese día quedó inaugurada Ciudad Víctima, un modelo sin precedentes.
Según las cifras oficiales, en México hay casi 28 mil personas desaparecidas desde 2007, pero organizaciones civiles consideran que el número real es mayor porque muchos no denuncian por miedo. Quizás ahora, otras Ciudades Víctima aparezcan en otros puntos del país.
En 2015, Associated Press entrevistó a familiares de más de 150 desaparecidos en Iguala. La inmensa mayoría eran hombres jóvenes.
Pero lo más preocupante para muchos es que a pesar del despliegue de fuerzas armadas y federales que siguió a la desaparición de los 43, la violencia y el miedo continúan. Hasta finales de octubre de este año, en la ciudad se han registrado 130 homicidios, una cifra un 24 por ciento mayor del total de asesinatos en 2015.
María del Rosario Noverón, que busca a su hijo y a su nuera desde abril de 2014, asegura que siguen llegando personas nuevas al colectivo. «Todavía sigue desapareciendo gente», lamenta.
En entrevista con AP, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, mostró su rechazo al concepto de Ciudad Víctima y confió en que sea modificado.
«Dijimos claramente que no coincidimos con el planteamiento porque significa revictimizar», explicó Campa.
Pero Bahena no coincide. Fue una decisión del colectivo, recuerda.
«A nosotros, a las víctimas, no nos afecta el nombre. Desafortunadamente esta es la etiqueta que nos han puesto», afirma. Y no duda al asegurar que si las autoridades no están a gusto con esa denominación, que hagan lo necesario para que la situación de víctimas cambie.
«Cuando empecemos a cambiar la vida a la gente, quitamos la etiqueta», sentencia.
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