El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles al Gobierno de Venezuela que respete el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, al mismo tiempo que ha exigido la liberación inmediata de todos los presos políticos del país.
La resolución, pactada por el Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), ha sido aprobada con 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones.
Los eurodiputados han recordado al Ejecutivo de Nicolás Maduro que la no interferencia de poderes igualmente legítimos «es un principio básico» de países democráticos y han instado a las autoridades públicas a respetar la Constitución, incluido el procedimiento legal que permite convocar un referéndum revocatorio antes de que finalice el año.
En este sentido, la Eurocámara ha lamentado el bloqueo institucional así como el control del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral para «impedir la aplicación de las leyes e iniciativas adoptadas por la Asamblea Nacional».
Además, los eurodiputados han expresado su «grave inquietud» ante la «deterioro serio de la situación» en aspectos como la democracia, los Derechos Humanos y el escenario socioeconómico en el país, en un clima de inestabilidad política y de tensión social, causada por la escasez de bienes básicos, como alimentos y medicina.
A este respecto, la Eurocámara ha instado a la Alta Representante a proponer un plan de asistencia para Venezuela y ha urgido a las autoridades del país sudamericano a permitir la entrada de ayuda humanitaria y a garantizar el acceso a las organizaciones internacionales que quieran asistir a los sectores más afectados de la sociedad para aportar los bienes más básicos y urgentes.
Defensa
La eurodiputada de Podemos Tania González, cuya formación se ha abstenido en la votación, ha criticado que la resolución «se ha convertido en un instrumento para el beneficio electoral de terceros» y que desvía el foco «de lo que debería ser esencial: las personas».
Así, González ha apuntado que los grupos que han pactado el texto «han impedido la aportación de otros grupos» y que el documento final «dista mucho» de tener como objetivo contribuir al diálogo tras «el rodillo de la gran coalición».
«Consideramos que todas las partes deben implicarse en la promoción y el respeto a los Derechos Humanos», ha señalado la europarlamentaria de la formación morada, antes de indicar que es «fundamental» hacer una llamada al diálogo y la distensión», ha insistido.
A su vez, el eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso ha criticado que la resolución «está dentro de la agenda española» a pocos días del inicio de la campaña electoral, y ha explicado que su formación ha votado en contra al considerar que la resolución «incurre en muchas falsedades», como afirmar que no existe separación de poderes en Venezuela o cuando se apunta que el Tribunal Supremo es ilegítimo.
En este sentido, Couso ha defendido que la resolución busca la desestabilización de Venezuela y ha asegurado que «contribuirá a echar más leña al fuego» cuando «lo que hay que hacer es justo lo contrario», es decir, «facilitar el encuentro entre el Gobierno y la oposición no violenta».
A favor de la resolución, el eurodiputado del PP Luis De Grandes ha subrayado que el texto expresa las principales preocupaciones de la Eurocámara sobre los «abusos» del Gobierno venezolano y contribuye a «mejorar la situación en el país».
«Es urgente resolver la seria crisis económica y social a la que se enfrentan los venezolanos todos los días, que ha causado una alarmante escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, por lo que pedimos al Gobierno que acepte ayuda humanitaria mientras busca soluciones para esta situación», ha añadido.
Asimismo, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha afirmado que «la izquierda política también tiene que ser capaz de denunciar los abusos de poder en la democracia», algo que hace la resolución aprobada, al mismo tiempo que «reivindica un diálogo».
«La izquierda es democrática y nos corresponde, y en esta resolución se hace, porque hay una denuncia importante sobre abusos de poder del Gobierno contra la Asamblea Nacional. Hay que ser valientes para decirlo», ha expresado Jáuregui, antes de valorar el «equilibrio» del texto entre la denuncia y el llamamiento al diálogo.
Por otro lado, el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha asegurado que, a pesar de haber apoyado la resolución, «hubiera preferido un texto más severo» y ha acusado al PP y especialmente al PSOE de no haber querido ser más contundentes «a pesar de la grave crisis humanitaria y de la violación de derechos humanos».
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