El parlamento venezolano inició el debate del polémico proyecto de ley de amnistía para presos políticos, mientras allana el camino hacia su principal objetivo: recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, quien advirtió este jueves que lo impedirá a toda costa.
Tras una encendida sesión parlamentaria, el plenario aprobó enviar el proyecto a la comisión de política interior de la cámara, para luego ser sometido a votación en las próximas semanas.
La amnistía, a la que Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es el proyecto emblemático del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista, pero entre sus prioridades, según anunció al instalarse el 5 de enero, está proponer, a más tardar en junio, una vía legal para el cambio de gobierno.
Desde una tarima, en un masivo acto frente al Palacio de Miraflores, Maduro, elegido para el período 2013-2019 tras la muerte de Hugo Chávez, afirmó que tras ganar las parlamentarias de diciembre la oposición quiere tomar el poder, por lo que llamó a no permitir «que la oligarquía trunque este camino hermoso de revolución».
«Nos estamos preparando para no permitirlo ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas», aseguró el gobernante socialista ante miles de partidarios en la concentración para conmemorar el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.
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La advertencia ocurre en momentos en que líderes opositores, como el gobernador Henrique Capriles, piden acelerar la definición del mecanismo para acortar el mandato. El martes, uno de los partidos opositores entregó al parlamento un proyecto de enmienda constitucional con ese fin, que incluye la propuesta de convocar a elecciones a fines de 2016.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, se pronunció el miércoles a favor de esa alternativa, indicando que un referendo revocatorio sería engorroso y dando por descartada una renuncia del jefe de Estado.
Cuenta regresiva
Pero a la propuesta sobre el mandato de Maduro le espera un camino de escollos, al igual que a la amnistía que busca liberar a unos 75 presos y beneficiar a personas que se han exiliado por su oposición al chavismo.
«Después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis. El clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía», expresó en el hemiciclo la legisladora opositora Delsa Solórzano.
Al presentar su informe anual al nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a esa ley, aduciendo que dejaría en impunidad las 43 muertes de las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó al opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia.
«No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos», afirmó el jefe de la minoritaria bancada oficialista, Héctor Rodríguez.
A la sesión acudieron Lilian Tintori -esposa de López- y otros familiares de opositores presos, pero también de fallecidos en las protestas, que rechazan la amnistía.
«Hoy comienza la cuenta regresiva para la reconciliación y la paz», declaró Tintori, quien llevaba una pancarta que rezaba: «Amnistía + reconciliación = paz».
Nuevo conflicto
Por lo pronto, el experto constitucionalista José Ignacio Hernández augura un nuevo choque de poderes, pues una vez sea aprobada la amnistía el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará.
«Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto institucional, pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios», declaró Hernández a la AFP.
La Sala Constitucional es el más poderoso de los organismos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), encargado de dirimir las disputas entre Ejecutivo y Legislativo, y al que la oposición acusa de aliado del chavismo.
Ramos Allup reconoció que la amnistía generará otro forcejeo con el TSJ. Hace una semana, Maduro advirtió que ese organismo es el único árbitro que reconoce en las disputas en torno a leyes.
Un primer capítulo del conflicto de poderes ocurrió apenas instalado el nuevo parlamento, cuando el TSJ obligó a la oposición a separar a tres de sus diputados cuya elección impugnó el oficialismo.
«El verdadero problema de fondo no es la amnistía sino la situación del Poder Judicial», concluyó Hernández.
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