La presidenta brasileña Dilma Rousseff tiene su popularidad por el suelo. Ha caído al 9%, por la compleja situación política y las crecientes revelaciones de corrupción en Petrobras, que golpean de lleno a su partido (el Partido de los Trabajadores, izquierda) y ensombrece al poder ejecutivo.
Este miércoles el Ministro de Justicia salió en su defensa asegurando que Rousseff tiene una «honestidad intachable» y ninguna de las pruebas encontradas en el caso de corrupción de Petrobras podrán involucrarla con esta escandalosa red de desvíos.
«La presidenta Dilma paga el precio por su entereza y honestidad», dijo el ministro José Eduardo Cardoso en una audiencia con una comisión de la cámara de Diputados que investiga este caso, el cual le costó a la paraestatal petrolera más de $2.000 millones.
«Conozco a la Presidenta hace muchos años. Es una persona de una honestidad intachable. Todas las personas tienen defectos y virtudes. No está entre los defectos de la presidenta Dilma Rousseff la deshonestidad, sus propios adversarios reconocen. Tengo certeza que ningún hecho relacionado con corrupción, desvío de dinero público o deshonestidad llegará cerca de ella», añadió.
Según opositores, Rousseff tiene responsabilidad en el escándalo, ya que fue presidenta del Consejo de Administración entre 2003 y 2010, cuando ocurrieron los presuntos desvíos. Le achacan, además, irresponsabilidad en el manejo fiscal e irregularidades en las cuentas de la campaña electoral que la llevó a asumir el poder en 2011.
La mandataria y exguerrillera la semana pasada denunció a detractores «un tanto golpistas» de su gobierno por buscar su salida del poder, pero ha asegurado que terminará su mandato.
Hoy el presidente de la cámara baja del Congreso brasileño aseguró que está analizando llevar adelante un juicio político contra Rousseff, admitiendo la posibilidad de su destitución.
Eduardo Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo que el procedimiento sería un retroceso para la democracia, pero agregó que esperaba recibir un análisis legal sobre el asunto en 30 días.
Aunque en teoría el PMDB es parte de la coalición de gobierno, Cunha se ha jactado de las derrotas impuestas al Ejecutivo y su oposición se ha vuelto más enérgica cuanto más cercana está la posibilidad de presentar una acusación contra Rousseff. En abril, Cunha había rechazado enérgicamente la posibilidad de realizar un juicio político contra la mandataria.
Collor de Mello con un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche
La policía brasileña realizó el martes los primeros allanamientos a legisladores sospechosos de haber aceptado sobornos. Allanó la vivienda del expresidente y actual senador Fernando Collor de Mello (1990-92), como parte de la gigantesca operación en varios estados para buscar pruebas en la causa de corrupción de Petrobras.
Los 53 procedimientos fueron autorizados por la Corte Suprema, responsable de juzgar los casos que involucran a políticos con cargos vigentes, en la trama delictiva que le costó más de $2.000 millones en pérdidas a la petrolera.
«Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas», dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.
Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de «invasiva y arbitraria» la operación, que a su juicio busca «alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos», según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.
«La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, ya sea un expresidente, un senador de la república o un simple ciudadano», añadió.
Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado.
Durante la operación en la capital fueron incautados tres autos de lujo: un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche; que, según la prensa, pertenecen al Senador.
La búsqueda de pruebas fue realizada por unos 250 policías y alcanzó también al senador Ciro Nogueira y al diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del Gobierno), y al senador opositor Fernando Bezerra (PSB).
Los allanamientos se realizaron en seis estados y la capital, Brasilia, y los procesos están bajo secreto de sumario.
El abogado general del Senado, Alberto Cascais, dijo que hubo «abuso de poder» por parte de la Policía Federal que, según dijo, no mostró al entrar una orden de allanamiento. «Esto es injerencia, esto aquí no es una residencia particular, esto aquí es una residencia oficial» y «la policía, al entrar a un inmueble del Senado, entiendo que incurre en una ilegalidad.
La Fiscalía respondió en una nota que los inmuebles «funcionales al Senado» no son consideradas una extensión del Parlamento, ya que no son de libre acceso a todos los ciudadanos, como sí lo son las instalaciones del Congreso. El Ministerio Público añadió que «no hubo ninguna irregularidad» en la operación.
Las investigaciones del llamado «Petrolao» pusieron en la mira de la justicia a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones de seis partidos políticos distintos. La mayoría de los delitos investigados son fraude, lavado de dinero, desvío de fondos al exterior y organización delictiva.
La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada «Operación Lava Jato» (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos.
Por esta causa están detenidos cuatro exdirectivos de Petrobras, varios de los más encumbrados empresarios de la construcción del país, como los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y el ahora extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, quien es acusado de haber sido el articulador financiero del partido de Rousseff en la trama.
Las permanentes revelaciones del caso se basan en testimonios de investigados que colaboran con la justicia a cambio de una reducción en sus condenas.
En una reciente gira por Estados Unidos, Rousseff negó haber recibido fondos ilegales de Petrobras para su campaña de 2014, luego de que se filtrara a la prensa el supuesto testimonio de un empresario involucrado en el escándalo, que habría relatado cómo financió «campañas al margen de la ley».
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