Del seis de abril al 16 de mayo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.208 manifestaciones en y 55 muertes documentadas en Venezuela.
En su mayoría las víctimas eran jóvenes que participaban en protestas y que fueron alcanzados por las balas y la violencia como consecuencia de la represión por parte de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y civiles armados, amparados por el Plan Zamora.
Aunque la cifra de fallecidos del OVCS no coincide con la del Ministerio Público que registra 43 personas fallecidas, la organización no gubernamental exige garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la manifestación pacífica.
“Insistimos que la violencia no es el mecanismo para el control de manifestaciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) garantizan que todas las personas tienen derecho a manifestar”, expresó en un comunicado OVCS.
Las muertes se encuentran distribuidas en ocho estados del país siendo Distrito Capital, Carabobo y Miranda los que concentran el mayor número de fallecidos, sumando un total de 41.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, como organización que promueve y defiende los derechos humanos exige una investigación inmediata para establecer las responsabilidades que correspondan a estas muertes y a los casos de trato inhumano en Venezuela.
También pide la prohibición de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, según lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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