El propietario de una empresa de reclutamiento de mano de obra agrícola en California fue sentenciado este viernes a pasar 12 meses en una prisión federal por su participación en un fraude migratorio que cobraba ilegalmente a mexicanos miles de dólares para obtener visas de trabajo H-2A.
Jorge Vásquez, de 60 años, propietario de H-2A Placement Services, fue sentenciado por la jueza de distrito de California, Josephine L. Staton, quien también le ordenó pagar 135,389 en restitución a las víctimas.
Según la acusación, el latino viajó a México para reclutar trabajadores agrícolas, a quienes se les cobró hasta 3000 dólares para obtener sus visas H-2A, que les permiten ingresar a Estados Unidos a trabajar, generalmente en el sector de la agricultura.
El Departamento de Justicia (DOJ) dijo en un comunicado que Vásquez, también hizo falsas promesas a los trabajadores sobre cuánto tiempo serían válidas las visas y no les informó que se les cobraría por alojamiento, comida y transporte.
Además, el hispano acordó ilegalmente proporcionar visas a personas que ya están presentes en Estados Unidos a cambio de una tarifa de hasta 4000 dólares.
Una de esas promesas fue hecha a un agente encubierto de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo. Vásquez creía que el investigador era un indocumentado que trabajaba en la industria de la construcción en Las Vegas y le cobró 4000 dólares por conseguirle una visa H-2A.
Melquíades Jacinto Lara, de 64 años, de Santa Paula, propietario de J&D Harvesting, que contrataba trabajadores para granjas en el condado de Ventura, también hizo parte del fraude.
Ambos fueron acusados de conspirar para cometer fraude postal, juramentos falsos en asuntos de inmigración y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.
De acuerdo con el DOJ, los acusados presuntamente presentaron ante las autoridades federales documentos que contenían declaraciones falsas en relación con su solicitud de visas para 75 trabajadores que cosecharían limones, aguacates y naranjas.
Los investigadores han revisado los registros del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que indican que Vásquez y Lara han presentado peticiones para más de 350 trabajadores agrícolas de 2012 hasta mayo de 2018.
Vásquez se declaró culpable en junio de 2019 de un cargo de conspiración y un cargo de complicidad en el fraude en la contratación de mano de obra extranjera para evitar ir a juicio.
Jacinto se declaró culpable de dos delitos graves, conspiración y fraude en la contratación de mano de obra extranjera.
En el caso también fue acusado Ricardo Mendoza Oseguera, de 41 años, de Santa Paula, propietario de la tienda Mi Pueblito.
Las autoridades aseguran que Mendoza canjeó vales entregados a los trabajadores por J&D Harvesting, y dedujo sus honorarios del sueldo de los trabajadores.
A comienzos de mes unos 2000 trabajadores temporales demandaron a un importante contratista que trae campesinos, especialmente de México, a plantar caña en los estados del sur y al que acusan de incumplir las leyes de salario que protegen a los favorecidos por la visa H-2A.
La organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que representa a los trabajadores, presentó la demanda colectiva alega que la compañía Lowry Farms de pagar a los inmigrantes menos que el salario mínimo establecido.
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