La ministra de Desarrollo Social de Argentina, Carolina Stanley, firmó ayer una resolución en la que intimó a la ex presidenta Cristina Fernández a «optar» por una de las dos jubilaciones que actualmente percibe —una de ellas por el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner— y efectuar «la devolución del monto total que le fuera abonado indebidamente».
En información que brindó la cartera de Desarrollo Social, el gobierno resolvió «suspender el pago de la asignación mensual vitalicia que le fuera otorgada a la ex presidenta» y la intimó a «optar por una u otra».
La resolución está basada en la ley 24.018, que establece que «toda asignación especial resulta incompatible con el goce de toda pensión o jubilación estatal».
Cristina Fernández, quien entre ambas jubilaciones cobra unos 330.000 pesos argentinos sin los descuentos, deberá «concretar fehacientemente» la elección, y «hasta tanto ello no suceda la suspensión es procedente sobre el último de los beneficios otorgados por resultar el que generó la incompatibilidad legal».
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A su vez, aclararon que «en el caso de que se ejerza el derecho de opción», la ex jefa de Estado «debería efectuar la devolución del monto total que le fuera abonado indebidamente a partir de operada la incompatibilidad».
«Por último, se instruye a la dirección general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social para que, de resultar necesario, vencido los plazos correspondientes, se inicien las acciones judiciales pertinentes», señalaron.
Nulidad
La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández pidió la nulidad de la tasación de sus propiedades en Santa Cruz ordenada en el marco de la causa Los Sauces, pero el juez Claudio Bonadio rechazó el planteo.
El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina, explicó que las tasaciones ordenadas por Bonadio para determinar el valor de las propiedades no fueron debidamente notificadas y que por lo tanto la medida es nula y no tiene validez.
La propia ex jefa de Estado sostuvo que iban a aprovechar su viaje a Buenos Aires, donde tenía que declarar ante el juez Julián Ercolini por la obra pública adjudicada a Lázaro Báez, para allanarle la casa.
El abogado aseguró en la presentación que no se le permitió designar un perito de parte y poder controlar el modo en que se realizó la tasación».
«Debo aclarar que el defensor parte de un yerro —le contestó ayer Bonadio—, el cual consiste en considerar una pericia, cuando claramente el decreto del 25 de agosto del corriente dispone un estudio de los valores de los inmuebles y de las obras construidas en determinado lapso de tiempo, con lo cual de ningún modo puede ser considerada una pericia en que deba regirse por la normativa citada por la parte».
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