El Tribunal de Apelaciones de Londres decidirá en breve si la Administración del líder Nicolás Maduro o la «ad hoc» de Juan Guaidó tienen autoridad sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra (BoE), tras escuchar este jueves los últimos alegatos de las partes en disputa.
Al término de un juicio de tres días, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips se comprometieron a acelerar el proceso y su dictamen se espera «pronto», indicaron a Efe fuentes legales.
Los magistrados deben pronunciarse sobre un recurso de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro y presidida por Calixto Ortega, contra un fallo del 2 de julio que otorgó a la junta «ad hoc» del BCV designada por Guaidó acceso a los 31 lingotes, valorados en unos 1300 millones de euros.
El tribunal debe resolver cuál de las dos juntas es competente para poder avanzar en una demanda elevada en mayo contra el BoE por Ortega, que lo acusa de infringir el contrato al no cumplir su orden de traspasar 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para ser usados en la lucha contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino) en el país sudamericano.
Quién gobierna en Venezuela
Para determinar qué junta del BCV es la válida, los jueces ingleses deben establecer a cuál de las dos administraciones, la de Maduro o la paralela de Guaidó, reconoce oficialmente el Gobierno del Reino Unido como autoridad legítima en Venezuela.
Por parte de la junta de Guaidó, el abogado Andrew Fulton argumentó que, en una declaración el 4 de febrero de 2019, Londres reconoció «inequívocamente» al líder opositor como presidente y jefe de Estado en Venezuela.
Señaló que la Justicia británica debe hacer lo mismo, al margen de que sea Maduro quien sobre el terreno controle el funcionamiento de Venezuela, por la doctrina de «Una sola voz», que requiere a los órganos del Estado británico actuar de forma unificada en política exterior.
El abogado de la junta nombrada por Maduro, Nick Vineall, adujo por su parte que, en su comunicado, el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, solo reconoció a Guaidó «de iure» (en derecho), pero no «de facto» (de hecho), al frente de Venezuela, ya que en la práctica sigue tratando con el régimen chavista y sus embajadores.
En el mensaje institucional que centra esta disputa, Hunt manifestaba que el Reino Unido reconocía al líder opositor como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles», tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.
En un alegato, el equipo legal de la junta de Maduro dijo que esta declaración del Gobierno británico «viola» la legislación internacional, al contener una «amenaza» y elementos «coercitivos» presuntamente destinados a influir en los asuntos internos de Venezuela.
Cuestión de justiciabilidad
Como parte de su dictamen, el Tribunal de apelaciones debe determinar si tiene jurisdicción para examinar en base al derecho venezolano los nombramientos de Guaidó en su país, incluidos a la junta del BCV, dado que fueron declarados nulos por la Justicia de Venezuela.
Fulton pidió hoy a la corte que acepte «sin cuestionarlos» esos nombramientos, pues, dijo, está sujeta a la doctrina británica de los «Actos de Estado», que impide investigar la legalidad de los actos llevados a cabo por un Estado extranjero dentro de su territorio.
Según el letrado, si los magistrados aceptan que Londres considera a Guaidó como el gobernante legítimo, debe dar por buenas sus instrucciones, «al margen de si las instituciones venezolanas siguen o no sus normas».
El juez Phillips observó que «es muy extraño» que se pida a la corte que reconozca al opositor como «presidente constitucional» y al mismo tiempo se le incite a ignorar los fallos del Tribunal Supremo de Caracas, sujeto también a la Constitución.
Fulton aludió a un dictamen de 2019 en Estados Unidos en el que, en base a principios similares a los que él expone, el tribunal dio por buenos, sin cuestionarlos, los nombramientos de Guaidó a la junta de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en detrimento de la directiva designada por Maduro.
El dictamen del Tribunal de apelaciones sentará precedente en el Reino Unido, y no se descarta que el caso llegue al Tribunal Supremo, máxima instancia judicial en el Reino Unido.
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