El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, aseguró hoy que el Gobierno analizará si se han cometido violaciones de derechos humanos en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y, de haberlas, las llevará ante la Justicia.
«Esta operación busca devolver la paz a esos territorios, vamos a revisar los casos y si se ha cometido una violación de derechos humanos los responsables será sometidos a la Justicia», afirmó Devoe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta audiencia pública la pidieron las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea para denunciar casos de detenciones arbitrarias masivas, desalojos forzosos y al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades pobres y de inmigrantes en Venezuela.
En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas «violentas».
Devoe defendió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene desde el comienzo de la Operación que son bienvenidas todas las críticas y que la intención siempre ha sido «revisar y fortalecer» las políticas de seguridad.
«Se trata de un procedimiento en permanente revisión. La Policía en Venezuela se forma en una universidad y la misión de esta operación es proteger al pueblo y liberar espacios controlados por grupos de delincuencia organizada», explicó.
Asimismo, remarcó que los ciudadanos «claman seguridad» porque la delincuencia venezolana «se ha transformado» con los grupos organizados y el surgimiento de prácticas «nunca vistas» en el país como «el descuartizar» personas.
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, aseguró también que el Gobierno «analizará el informe con mucho detenimiento» para «ver qué pasó en cada caso».
Como en otras ocasiones, el diplomático lamentó lo que considera una campaña internacional de desprestigio contra Venezuela, especialmente en Washington, una ciudad «donde pegarle a Venezuela no solo no tiene costos sino que hace que te vaya bien».
«Estoy seguro de que (situaciones como las denunciadas) ocurren mucho más en México y también en países como Colombia e incluso Estados Unidos», apuntó.
«Hoy se han hecho afirmaciones muy duras aquí. No creo que toda América deba presionar a Venezuela. América debe presionarse a sí misma para que este tipo de prácticas no se hagan», agregó.
El relator de la CIDH para Venezuela, el peruano Francisco Eguiguren, advirtió a todos los países del continente de poner en marcha «prácticas que en otras naciones ya han demostrado que a veces es peor el remedio que la enfermedad», como el encargar la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas en reemplazo de la Policía.
«Hay un problema de seguridad en nuestros países, tenemos fenómenos de crecimiento de la violencia y el reclamo de la sociedad es mano dura a ciegas», afirmó el comisionado.
«El combate al crimen organizado en un marco de democracia y derechos humanos es hacerlo todo más difícil, pero responder a las bestias quizás es más fácil pero ni es democrático ni respeta los derechos humanos», advirtió.
La CIDH, órgano autónomo de la OEA y con sede en Washington, celebra esta semana 50 audiencias de 20 países del continente, entre ellas cuatro de Venezuela, para analizar la situación de los derechos humanos en el marco de su 157 periodo de sesiones.
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