La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial para la libertad de expresión manifestaron su preocupación por la serie de actos “represivos” del gobierno venezolano, especialmente durante la última manifestación pacífica del pasado primero de septiembre.
A través de un comunicado, la CIDH hace un llamado urgente al gobierno venezolano para que cesen todas las detenciones que se realicen al margen de la ley y respeten los derechos a la libertad y la integridad personal.
El organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), específicamente insta al gobierno venezolano a no iniciar procesos judiciales sin sustento legal en contra de líderes políticos, periodistas y manifestantes pacíficos.
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“Es obligación del Estado respetar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos de participar en la vida política de su país, de reunirse en manifestaciones públicas, y de criticar o de oponerse al gobierno, propiciando el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político”, remarca en el comunicado.
La CIDH consideró que el poder punitivo del Estado no puede ser utilizado como pretexto para limitar derechos fundamentals con el objetivo de “controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, expresión y participación política de líderes de la oposición venezolana, manifestantes y periodistas”.
En el comunicado, la CIDH cita el caso de las detenciones de varios líderes politicos entre ellos Carlos Melo, cuando se encontraba en la sede del Partido Voluntad Popular y el alcalde Mario Briceño Iragorry del estado de Aragua por el partido Voluntad Popular.
Además también condenó la detención del periodista Braulio Jatar y del impedimento para ingresar al país a periodistas internacionales que pretendían realizar la cobertura de la manifestación del 1 de septiembre por el referendo revocatorio.
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