La máxima corte venezolana declaró inconstitucional este lunes una ley de amnistía aprobada por la oposición parlamentaria para liberar a sus dirigentes presos, acogiendo un pedido del presidente Nicolás Maduro, en un fallo que analistas estimaban previsible.
Cuatro días después de que Maduro sometiera la norma a un control de legalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su Sala Constitucional falló que viola la Carta Magna al incluir, por ejemplo, «delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos».
El TSJ «declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016″, señala la sentencia, que se suma a otros fallos polémicos que eliminaron facultades de control del Parlamento, dominado por la oposición desde hace tres meses.
En un mitin del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Maduro llamó a acatar el fallo, subrayando que es «inapelable» y cierra el paso a una ley que «pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de estado desde 1999 al año 2015».
En su larga sentencia, la Sala Constitucional aduce además vicios de forma, la inclusión en la iniciativa de delitos administrativos que «vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción», y «efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas».
Maduro pidió el pasado jueves declarar la inconstitucionalidad de la ley advirtiendo que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia en el país.
El diputado opositor Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, que había dado por descontado que el instrumento sería declarado ilegal, reiteró su denuncia de que el TSJ es el «bufete jurídico» del gobierno.
«Estaba avisada la declaratoria d inconstitucionalidad d la Ley de Amnistía por el bufete inconstitucional tal como lo había ordenado Maduro», escribió en Twitter.
Con esa norma, la oposición buscaba liberar al menos a 76 de sus dirigentes presos, y que cesaran los procesos judiciales contra cientos de «perseguidos y exiliados políticos».
Varias de esas personas están imputadas por hechos ocurridos en el marco de protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
El más reconocido de esos acusados es el líder radical Leopoldo López, sentenciado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante las manifestaciones.
«A Maduro lo sostiene el TSJ injusto, a nosotros 30 millones de venezolanos que quieren Paz, reconciliación y cambio», afirmó en Twitter Lilian Tintori, esposa de López.
En contrapartida de la amnistía, a favor de la cual se habían pronunciado Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), Maduro instalará este martes una «comisión de la verdad» con participación del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.
«El objetivo central es la verdad, el reconocimiento y la reparación de la víctima, la garantía de la no repetición, ni de golpes de Estado, ni de ‘guarimbas’ (desórdenes públicos)», aseguró el mandatario este lunes, sin precisar si a cambio de ello los procesados obtendrían un perdón judicial.
Maduro dijo haber convocado a la comisión a delegados de la oposición, que según él designó a cuatro representantes.
Al igual que Ramos Allup, analistas estimaban previsible que la ley fuera derrumbada por el TSJ, a la luz de otras decisiones como la que eliminó las facultades de control del Legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
«Ya son diez sentencias del TSJ que han acabado totalmente con la voluntad del pueblo que se dio en los resultados» de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, escribió en Twitter el constitucionalista José Vicente Haro, quien sostuvo que la corte empleó «más argumentos políticos que jurídicos» en sus fallos.
«Para ahorrar papel y tinta, el TSJ debería emitir una sola sentencia que diga: ‘todo lo que haga la AN (Asamblea Nacional) en adelante es inconstitucional'», comentó por su parte el analista Luis Vicente León.
La oposición se plantea aprobar esta semana en el parlamento una reforma que apunta a tener presencia en la Sala Constitucional aumentando el número de magistrados, lo que promete atizar la guerra de poderes que estremece a Venezuela desde que la oposición asumió el control del Congreso tras 17 años de hegemonía chavista.
Con ello, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) también busca despejar el camino en su propósito de sacar del poder a Maduro mediante un referendo revocatorio, una enmienda constitucional que reduzca su mandato (2013-2019) a cuatro años, junto con movilizaciones para exigir su renuncia.
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