La oposición venezolana acusó este viernes al gobierno de querer enfrascarla en una «guerra de poder» para desviar la atención de la «catástrofe» económica, y reiteró que no acatará una decisión judicial que suspendió la posesión de tres de sus diputados.
«Con la guerra de poder que quiere plantear el Ejecutivo frente a las decisiones de la Asamblea parece que pretendiera responder a todas nuestras actuaciones con una guarimba (embestida) judicial», dijo a la prensa Enrique Márquez, vicepresidente del Parlamento, que se encuentra bajo control opositor desde el pasado martes.
Márquez definió esa estrategia como un «juego de tronos» con el cual el gobierno socialista de Nicolás Maduro intenta «ocultar la catástrofe en que vive el pueblo venezolano de desabastecimiento e inseguridad».
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Como parte de esos intentos el gobierno está «tratando de utilizar la fuerza política que tiene al controlar las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impedir las actuaciones de la Asamblea», señaló el parlamentario.
«El gobierno está al borde del nocaut y para evitar caer en la lona quiere abrazarse, meterse en un debate politiquero», expresó en la misma conferencia el secretario ejecutivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.
El 30 de diciembre, la Sala Electoral del TSJ suspendió provisionalmente la posesión de cuatro asambleístas del estado Amazonas (sur) -incluido uno del chavismo-, pero el pasado miércoles, un día después de la instalación de la cámara, la mayoría opositora juramentó a los tres opositores en una sesión a la que no asistió el legislador oficialista impugnado.
Con ello, la MUD se hizo de la poderosa mayoría de dos tercios que allana el camino hacia su objetivo de buscar la salida del poder de Maduro por vías legales.
En respuesta, el bloque oficialista pidió el jueves al TSJ declarar nulas las decisiones del Legislativo por considerar que cometió «desacato».
Pero Márquez reiteró que la MUD no reconocerá la medida de la Sala Electoral porque estaría «desacatando la voluntad popular y la Constitución».
En ese sentido, indicó que al haber sido proclamados por una junta regional electoral, «nadie puede impedir la juramentación» de los dirigentes.
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