El Procurador General, William Barr, anunció el lunes que el Departamento de Justicia (DOJ) tomará acciones significativas contra los esfuerzos de los llamados gobiernos locales y estatales «progresistas» que obstruyen las actividades de aplicación de la ley federal de inmigración, protegiendo efectivamente a los extranjeros criminales.
Barr hizo sus comentarios durante la Conferencia Legislativa y Tecnológica de Invierno de la Asociación Nacional de Sheriffs, en Washington, donde expresó su preocupación por las “políticas y leyes locales y estatales diseñadas para frustrar la capacidad de los oficiales federales de tomar la custodia de estos criminales y ayudarlos a escapar de nuevo a la comunidad», normativas comúnmente conocidas como políticas de santuario.
Muchas políticas de santuario limitan la aplicación de la ley local que permite cooperar y comunicarse con las autoridades federales de inmigración. Todas las políticas de santuario protegen, de alguna manera, a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales de inmigración.
«Estas políticas no se refieren a personas que vinieron a nuestro país ilegalmente y que han sido miembros pacíficos y productivos de la sociedad», dijo Barr. “Su propósito expreso es dar refugio a extranjeros a quienes las autoridades locales ya han arrestado por otros delitos. Esto no es legal ni sensato».
Dijo que el departamento está intensificando significativamente sus esfuerzos para garantizar el «funcionamiento correcto y legal del sistema federal de inmigración de nuestra nación» al tomar acciones legales contra varios estados de todo el país por sus políticas de santuario.
El Departamento de Justicia, dijo Barr, ha presentado una queja contra Nueva Jersey, su gobernador y su fiscal general para contrarrestar una directiva que prohíbe a las fuerzas del orden público estatales y locales compartir información crucial sobre extranjeros criminales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como el estado de inmigración y las fechas de liberación de las personas bajo su custodia.
La directiva de Nueva Jersey también requiere que la policía estatal notifique de inmediato a una persona detenida si los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tienen una solicitud de detención de inmigración contra esa persona.
Del mismo modo, el departamento también está demandando al Condado de King, en el estado de Washington, por la implementación de una orden que tiene la intención de prohibir a los contratistas de ICE el uso del Aeropuerto Internacional, del Condado de King, para deportar a extranjeros criminales o transportar detenidos de inmigración dentro del país.
El Departamento de Justicia también dijo que está demandando a California, su gobernador y su fiscal general por prohibir la operación de instalaciones privadas de detención en el estado. Según la ley estatal, conocida como A.B. 32, los prisioneros y detenidos actualmente alojados en instalaciones privadas en California tendrán que ser reubicados a un alto costo y corren el riesgo de ser aislados de sus familias, dijo el departamento.
La demanda desafía a A.B. 32, alegando que la legislación es inconstitucional, al violar la Cláusula de Supremacía bajo la Constitución porque obstruye al gobierno federal de albergar a prisioneros y detenidos federales. Efectivamente actúa como una obstrucción al «logro de los objetivos del Congreso relacionados con el derecho penal y la aplicación de la ley de inmigración», regula directamente las operaciones federales y discrimina a los Estados Unidos al otorgar excepciones para el estado que no se aplican al gobierno federal.
Barr también anunció que, junto con las demandas, el departamento también evaluará si las jurisdicciones en todo el país están cumpliendo con las leyes penales federales. Además, el Departamento de Justicia cooperará con el Departamento de Seguridad Nacional en su esfuerzo por obtener la información que necesitan para llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley de inmigración, incluido el uso de citaciones federales para acceder a la información requerida. El departamento también revisará las acciones de ciertos fiscales de distrito, quienes pueden haber implementado políticas que protegerían de las consecuencias federales de inmigración a inmigrantes con acusaciones de delitos menores.
«Al perseguir sus ambiciones personales y nociones equivocadas de igualdad de justicia, estos fiscales de distrito violan sistemáticamente el estado de derecho e, incluso, pueden discriminar ilegalmente a los ciudadanos estadounidenses», dijo Barr.
Las acciones del Departamento de Justicia son parte de «una escalada significativa» en el esfuerzo de la administración para «enfrentar la resistencia de las ‘ciudades santuario’», dijo Barr.
“Pero de ninguna manera los esfuerzos descritos anteriormente significan la culminación de nuestros esfuerzos para garantizar el estado de derecho, defender la Constitución y mantener a los estadounidenses seguros”.Consideraremos la posibilidad de tomar medidas contra cualquier jurisdicción que, o cualquier político que, obstruya ilegalmente la aplicación federal de la ley de inmigración», dijo.
Otros departamentos también anunciaron medidas para enfocarse en las políticas de santuario, como el DHS, que promulgó una regla que prohíbe a los residentes de Nueva York inscribirse y reinscribirse en los Programas de Viajero Confiable (TTP) del gobierno federal, como Global Entry. El DHS dijo que el cambio de política fue en respuesta a la Ley de Luz Verde recientemente promulgada en Nueva York. La ley, conocida como la Ley de Acceso y Privacidad de la Licencia de Conducir, permite que los extranjeros ilegales obtengan una licencia de conducir sin un número de seguro social. También prohíbe la divulgación de la información personal del solicitante a las autoridades federales de inmigración, excepto cuando se solicite mediante una orden judicial o una orden de registro.
El lunes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que había presentado una demanda contra la administración por la prohibición. Barr también hizo referencia a la ley de Nueva York en sus comentarios, diciendo que este esfuerzo es «ilegal».
«Los estados no pueden regular la presencia de extranjeros en Estados Unidos de una manera que obstruya la regulación de extranjeros emitida por parte del Congreso», dijo.
El presidente criticó a los «políticos radicales» que brindan refugio a los extranjeros criminales durante su discurso del Estado de la Unión el 4 de febrero. Subrayó los peligros de dejar libres a los criminales extranjeros bajo las políticas del santuario citando ejemplos en Nueva York y California.
Charlotte Cuthbertson contribuyó a este informe.
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