El Procurador General William Barr ha dado instrucciones a los abogados de los EE.UU. en todo el país para priorizar los enjuiciamientos e investigaciones de estafadores, defraudadores y ciberdelincuentes que buscan aprovechar el pánico público sobre el brote de coronavirus.
Barr emitió una directiva el 16 de marzo instando a los fiscales federales a «priorizar la detección, investigación y enjuiciamiento de todas las conductas criminales relacionadas con la pandemia actual».
«La pandemia es lo suficientemente peligrosa sin que los malhechores busquen beneficiarse del pánico público, y este tipo de conducta no puede ser tolerada», dijo Barr en el memorándum.
Barr citó informes de individuos y empresas que venden curas falsas para el COVID-19, enfermedad causada por el virus, online y que también participan en otras formas de fraude, como enviar correos electrónicos fraudulentos haciéndose pasar por la Organización Mundial de la Salud o los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención. También dijo que hubo informes sobre la instalación de malware en aplicaciones móviles diseñadas para rastrear la propagación del virus.
Barr dijo que la «misión crítica» del Departamento de Justicia (DOJ) debe continuar durante el brote y que se asegurará de que las funciones de aplicación de la ley del departamento continúen operando efectivamente durante este período.
«Es vital que trabajemos juntos para salvaguardar nuestro sistema de justicia y, por lo tanto, la seguridad de nuestra nación», escribió.
La semana pasada, el Departamento de Justicia advirtió que las personas y las empresas que fijan precios o manipulan las licitaciones en artículos como guantes estériles, máscaras protectoras y otros equipos de protección personal podrían enfrentar un proceso penal. También advirtió contra la repartición de consumidores de productos de salud pública entre los competidores.
«El Departamento de Justicia está listo para asegurarse de que los malhechores no aprovechen de los esfuerzos de respuesta de emergencia, de los proveedores de atención médica o del pueblo estadounidense durante este momento crucial», dijo Barr en un comunicado en ese momento. «Me comprometo a garantizar que los recursos del departamento estén disponibles para combatir cualquier irregularidad y proteger al público».
Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), la fijación de precios es un acuerdo entre competidores para elevar, bajar o estabilizar precios o términos competitivos de cualquier producto o servicio. Esta conducta es ilegal porque restringe la competencia y a menudo resulta en precios más altos.
La Fuerza de Ataque de Colusión de Adquisiciones del departamento, que se formó como una respuesta nacional para combatir los delitos antimonopolio, también está en alerta máxima por comportamiento colusorio en la venta de productos de salud en todo el país.
Los fiscales generales estatales de todo el país también están prestando mucha atención a las personas y empresas que se involucran en prácticas comerciales injustas, como el aumento de precios y la conducta fraudulenta durante esta crisis.
Nueva York, por ejemplo, ya ha tomado medidas contra compañías que comercializan fraudulentamente tratamientos para el virus. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, envió cartas a dos compañías el 11 de marzo para que dejaran de vender inmediatamente productos de plata coloidal comercializados como una cura para el coronavirus. Actualmente no hay una vacuna aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para prevenir la enfermedad o el tratamiento para curar la enfermedad.
Hasta el martes, hubo 97 muertes en los Estados Unidos por el virus y más de 5800 casos identificados en el país, según datos compilados por la Universidad John Hopkins. El virus se ha extendido a más de 100 países y territorios, e infectado al menos a 196.106 personas a partir del 17 de marzo.
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