El 25 de abril, el principal órgano legislativo de Bélgica aprobó un nuevo proyecto de ley que castigaría a todas las partes implicadas en la compra y venta de órganos humanos con fines comerciales. Los transgresores se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión con una multa de 1,2 millones de euros (1,35 millones de dólares).
Esta ley no solo es efectiva dentro de Bélgica, sino que prohíbe a todos los ciudadanos belgas la adquisición de órganos, independientemente del lugar en el que se haya realizado la operación, prohibiendo efectivamente el turismo médico para los trasplantes de órganos.
Nueva Ley
Los 134 miembros de la Cámara Alta del Parlamento, la Cámara de Representantes, que estaban presentes votaron a favor de la nueva incorporación al Código Penal. El proyecto de ley pasará luego al Senado, después de lo cual el rey lo convertirá en ley.
La normativa estipula que el vendedor y el receptor de los órganos, así como los intermediarios, los médicos que fueron consultados u otros trabajadores médicos que participaron en la venta de órganos con fines de lucro, serán castigados por la ley.
En los casos en que el procedimiento de trasplante haya causado la muerte del donante, los implicados serán condenados a una pena de prisión de hasta 20 años y a una multa de 1,2 millones de euros. Si un grupo criminal organizado está involucrado en ese negocio, todos los individuos del grupo pueden ser castigados bajo la nueva ley.
La enmienda al código penal fue planteada por Valerie Van Peel, miembro de la Nueva Alianza Flamenca y miembro de la Cámara de Representantes desde 2014; y Vincent Van Peteghem, miembro del partido Christen-Democratisch en Vlaams y legislador desde 2016.
Van Peel escribió en un documento de apoyo que mientras los órganos humanos tengan valor económico, las leyes belgas “deberían ser más estrictas” para evitar la proliferación del tráfico de órganos.
Sustracción de órganos
Al explicar lo que constituye un procedimiento ilegal de trasplante de órganos, la propuesta aborda la cuestión de la sustracción forzada de órganos, una situación en la que los órganos se extraen involuntariamente de personas que no han dado su consentimiento.
El texto legal también incluye una cláusula que hace referencia a una resolución que condena la sustracción forzada de órganos en China y que fue aprobada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2013.
La resolución expresaba “profunda preocupación por los persistentes y creíbles informes sobre la sustracción de órganos sistemática y autorizada por el Estado de prisioneros de conciencia que no han dado su consentimiento, en la República Popular China, incluyendo un gran número de practicantes de Falun Gong encarcelados por sus creencias religiosas, y miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios”.
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una práctica espiritual tradicional china con enseñanzas morales basadas en la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Presentada al público chino en 1992, la práctica pronto ganó popularidad, con alrededor de 100 millones de practicantes en China continental para 1999, según estimaciones oficiales. Temiendo que la popularidad amenazara la autoridad del régimen chino, el entonces cabecilla del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, lanzó la persecución nacional de los practicantes de Falun Dafa en julio de 1999, arrestando a los practicantes y llevándolos a centros de detención, campos de trabajo forzado y centros de lavado de cerebro en un intento por erradicar la fe.
En 2006, el primer testigo presencial dio un testimonio público de cómo a los practicantes de Falun Dafa que fueron hechos prisioneros les fueron sustraídos los órganos por la fuerza, matándolos en el proceso. Desde entonces, investigadores independientes han publicado múltiples informes de investigación que confirman las denuncias.
Según la ONG internacional Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos y la Organización Mundial para la Investigación de la Persecución de Falun Gong, docenas de hospitales de trasplantes en China todavía están involucrados en la sustracción de órganos de los prisioneros de conciencia, incluyendo a los practicantes de Falun Dafa.
También hay un creciente número de denuncias de musulmanes uigures que han sobrevivido a la detención en campos de “reeducación” en la región de Xinjiang, y que las autoridades chinas los están utilizando para la sustracción de órganos.
En una entrevista realizada en octubre de 2018 por La Gran Época, un ciudadano kazajo de 54 años de edad y exdetenido en un campo de Urumqi dijo que las autoridades dividían a los reclusos en dos grupos, según si tienen o no familiares en el extranjero.
“[El régimen chino] intensifica su negocio de sustracción de órganos, por lo que matará a los que no tienen a nadie fuera del país, sin que nadie los cuestione o pregunte por ellos”, dijo la mujer.
La resolución del Parlamento Europeo pide a China que “ponga fin inmediatamente a la práctica de la extirpación de órganos de prisioneros de conciencia”; responda a las peticiones de las Naciones Unidas de llevar a cabo una investigación; y libere inmediatamente a “todos los prisioneros de conciencia en China, incluidos los practicantes de Falun Gong”.
Elke van den Brande, gerente de distrito del grupo de ética de trasplantes sin fines de lucro de la Coalición Internacional para Acabar con el Abuso de Trasplantes en China, dijo que aplaudió la nueva legislación, en una entrevista realizada el 25 de abril por la edición en chino de La Gran Época.
“[Bélgica] es el primer país de Europa que se refiere a la Resolución Europea de 2013. Ese es un paso muy importante porque se refiere a lo que está sucediendo en China con respecto a la sustracción forzada de órganos”, dijo.
Van den Brande, que también es profesora en el Colegio Universitario de Leuven-Limburg en Bélgica, dijo que no recomendaría que los estudiantes de medicina vayan a China para una pasantía internacional, ya que el nuevo código penal procesará a los prestadores de atención médica que están implícitamente involucrados en la sustracción forzada de órganos.
“Espero que otros países europeos sigan este ejemplo de Bélgica”, dijo Van den Brande.
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