El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el 25 de agosto para dirigir la implementación de la Ley CHIPS de USD 280,000 millones, diseñada para impulsar la fabricación nacional y la investigación relacionada con los semiconductores.
Con la orden se dará curso a un flujo de dinero en efectivo a empresas como Intel, que ahora comenzarán a construir sitios de fabricación en Estados Unidos.
«La Ley (…) hará inversiones transformadoras para restaurar y promover el liderazgo de nuestra nación en la investigación, el desarrollo y la fabricación de semiconductores», dice una declaración asociada a la Casa Blanca publicada el 25 de agosto.
Los fondos reducirían «la dependencia a las tecnologías críticas de China y otras cadenas de suministro extranjeras vulnerables o demasiado concentradas», añade la declaración.
De los USD 280,000 millones en fondos que asigna el proyecto de ley, unos USD 52,000 millones irán directamente a las empresas en forma de subsidios, mientras que el resto se destinará a exenciones de impuestos corporativos, investigación y programas sociales.
Con ese fin, la orden ejecutiva estableció un Consejo Directivo copresidido por asesores presidenciales para coordinar el desarrollo de las políticas relacionadas con el proyecto de ley y garantizar una implementación efectiva.
Biden promulgó la Ley de CHIPS y Ciencia el 9 de agosto, asignando un paquete de financiamiento de USD 280,000 millones para impulsar la fabricación nacional de semiconductores y varios programas de investigación. En cambio con la orden ejecutiva se está dando inicio al proceso que implementa la financiación.
«La Ley de CHIPS y Ciencia impulsará la investigación, el desarrollo y la producción de semiconductores en Estados Unidos, asegurando el liderazgo estadounidense en la tecnología que forma la base de todo, desde automóviles hasta electrodomésticos y sistemas de defensa”, dice una hoja informativa de la Casa Blanca, en relación a la ley.
«La ley también garantizará que Estados Unidos mantenga y avance su ventaja científica y tecnológica».
Después de otorgar USD 52,000 millones para la fabricación y los gastos relacionados, gran parte del resto de los fondos se destinará a exenciones fiscales para las principales compañías de tecnología, iniciativas de energía verde y subvenciones de investigación para los diversos proyectos de equidad social de la administración.
La ley también otorgará miles de millones para inversiones en «comunidades desfavorecidas» para garantizar que los fabricantes de semiconductores «apoyen el crecimiento y el desarrollo económico equitativo».
Asimismo, la Casa Blanca dijo que gastaría sumas sustanciales para realizar investigaciones en universidades históricamente negras y combatir el «acoso basado en el género en las ciencias».
La primera prioridad para el Consejo Directivo que figura en la orden ejecutiva de Biden es el cumplimiento y la supervisión. La segunda es «satisfacer las necesidades económicas de sostenibilidad y de seguridad nacional”.
A pesar del alboroto en torno al proyecto de ley, los críticos de ambos partidos denunciaron el gasto como un regalo a las corporaciones que aumentaría la inflación y perjudicaría a los contribuyentes estadounidenses.
“La pregunta que deberíamos hacernos es esta”, dijo el senador Bernie Sanders (I-Vt.) mientras se debatía el proyecto de ley. «¿Deberían los contribuyentes estadounidenses proporcionar a la industria de los microchips un cheque en blanco de más de USD 76,000 millones al mismo tiempo que las empresas de semiconductores obtienen decenas de miles de millones de dólares en beneficios y pagan a sus directores ejecutivos paquetes de compensación exorbitantes?»
«Creo que la respuesta a eso es un no rotundo».
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