WASHINGTON—Luego de una serie de acciones ejecutivas el 20 de enero, el presidente Joe Biden firmó otras tres órdenes relacionadas con la inmigración el 2 de febrero.
«No estoy haciendo una nueva ley, estoy eliminando una mala política», dijo Biden.
Las nuevas órdenes buscan relajar los criterios de asilo, revertir la regla de carga pública de la administración Trump, crear un grupo de trabajo para los Nuevos Americanos, desarrollar una estrategia para abordar la «migración irregular a través de la frontera sur», y crear un grupo de trabajo para reunificar a las familias restantes que fueron separadas durante la administración anterior.
“La estrategia de Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte, y más próspero con un sistema de inmigración justo, seguro y ordenado que da la bienvenida a los inmigrantes, mantiene unidas a las familias, y permite a las personas–tanto a inmigrantes recién llegados como a personas que han vivido aquí durante generaciones–para contribuir más plenamente a nuestro país”, afirma una hoja informativa emitida por la Casa Blanca el 2 de febrero.
Reunificación familiar
Biden lanzó un grupo de trabajo para reunir a las familias que permanecen separadas luego de que el adulto fuera acusado de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el 2 de febrero que entre 600 y 700 niños estaban separados de sus padres. “Parte de lo que (…) el grupo de trabajo debe hacer en las primeras etapas es determinar cuál es el número exacto y dónde están estos niños y luego determinar caso por caso cuál es el mejor proceso y enfoque para reunirlos con sus familiares”, dijo Psaki. La secretaria de prensa dijo que se publicará un informe en 120 días.
The Epoch Times ha solicitado información más detallada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual dijo que la proporcionará dentro de dos días.
“El presidente Biden cree que las familias deben estar juntas”, dice la hoja informativa. “Él ha dejado en claro que revertir las políticas de inmigración de la Administración Trump que separaron a miles de familias en la frontera es una prioridad absoluta”.
Biden también ordenó una revisión del programa del Protocolo de Protección al Migrante, que requiere que los que cruzan ilegalmente la frontera esperen la adjudicación de su caso de inmigración en México, en lugar de ser liberados en Estados Unidos.
Antecedentes de separaciones familiares
En abril de 2018, el entonces Fiscal General Jeff Sessions anunció la política de «tolerancia cero» de enjuiciar a todos los adultos que crucen la frontera ilegalmente, como lo requiere la Sección 1325 (a) del código 8 del U.S.C.
Eso significó que los padres y los niños que cruzaron la frontera ilegalmente fueran separados mientras el padre estaba retenido por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en espera de cargos. Cualquier niño acompañante fue transferido al Departamento de Salud y Servicios Humanos y reclasificado como menor no acompañado, de acuerdo con la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPRA). Alrededor de 5000 familias se vieron afectadas en las seis semanas siguientes.
Tanto la administración de Obama como la de Bush separaron a las familias en la frontera por las mismas razones.
Las familias rara vez se separan si ingresan por un puerto de entrada y buscan asilo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado el 9 de julio de 2019.
“Solo se hace en circunstancias exigentes para proteger al niño y garantizar el bienestar del niño”, dijo Todd Owen, director subcomisionado de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, en un comunicado en ese momento.
Antes de la política de tolerancia cero, los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban descubriendo que los inmigrantes ilegales alquilaban niños al sur de la frontera para salir en libertad rápidamente al interior de los Estados Unidos. Los adultos solteros podrían ser fácilmente devueltos o puestos bajo custodia, pero aquellos con niños fueron liberados rápidamente debido a lagunas legales.
Luego de las críticas, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para detener las separaciones familiares el 20 de junio de 2018, y la «captura y liberación» volvió a ser la norma predeterminada hasta que se lanzó el programa Protocolo de Protección al Migrante, también conocido como Permanecer en México, a principios de 2020.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de reunir a las familias, identificó posteriormente a casi el 13 por ciento del grupo inicial de padres como delincuentes graves o que habían mentido acerca de ser los padres reales.
Durante el proceso de reunificación, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue acusada de deportar a adultos a su país de origen sin sus hijos.
“También quisiera señalar que, de acuerdo con la práctica de larga data en la ley, antes de deportar a cualquier extranjero luego de que haya pasado por el proceso y reciba una orden final de expulsión, les preguntamos si les gustaría llevar a sus hijos con ellos”, dijo Nielsen mientras comparecía ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara el 6 de marzo de 2019.
“Al mismo tiempo, su consulado o embajada, con el propósito de emitirles documentos de viaje, también les pregunta si le gustaría que lo retiren junto con sus hijos cuando lo retiran (…) El juez también nos pidió que volviéramos y preguntáramos a los padres nuevamente, en conjunto con la ACLU [Unión Estadounidense de Libertades Civiles]. Lo cual hicimos. Así que no hubo ningún padre que haya sido deportado, que yo sepa, sin múltiples oportunidades para llevarse a sus hijos con ellos”.
Ampliación de los criterios de asilo
Las acciones de Biden también relajan los criterios para el asilo, probablemente de regreso a la interpretación de 2014 de la era Obama.
En julio de 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions emitió un fallo que esencialmente revirtió los criterios de asilo a lo que era antes de 2014, cuando la administración Obama lo abrió para incluir casos penales privados, incluida la violencia doméstica.
La definición de asilo no ha cambiado. Los solicitantes de asilo siempre han necesitado demostrar que han sufrido persecución en el pasado o que tienen un temor fundado de persecución en el futuro en su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o pertenencia a un grupo social en particular.
Pero la persecución generalmente se considera aprobada o tolerada por el estado, lo cual significa que el gobierno del país de origen del extranjero es el patrocinador de la persecución. Por ejemplo, en Corea del Norte, el régimen mismo persigue a los cristianos.
En el caso de la violencia doméstica, donde el perseguidor es un actor privado, “los solicitantes deben demostrar que su gobierno de origen condonó el comportamiento privado o demostró una completa impotencia para protegerlos”, según un comunicado del DHS en ese momento.
“No es suficiente simplemente mostrar que el gobierno tiene dificultades para controlar el comportamiento o que ciertas poblaciones tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos”.
Antes de 2013, y antes de que la administración Obama ampliara los criterios, aproximadamente 1 de cada 100 extranjeros que llegaban afirmaba tener miedo creíble y buscaba asilo en los Estados Unidos, según el DHS. Para 2018, 1 de cada 10 afirmó tener miedo creíble.
Otras acciones
Otras acciones ejecutivas que tomó Biden incluyeron la revocación de la regla de carga pública de la administración Trump que requería que los patrocinadores familiares pagaran al gobierno si los familiares no ciudadanos reciben beneficios públicos.
También lanzó un Grupo de Trabajo sobre Nuevos Americanos, encargado de promover la integración e inclusión de inmigrantes.
La orden requiere que las agencias lleven a cabo una «revisión de arriba a abajo de las regulaciones, políticas y guías recientes que han establecido barreras a nuestro sistema de inmigración legal».
En América Central, la administración Biden planea implementar un enfoque de tres frentes para la «migración irregular».
Sin entrar en detalles, la hoja informativa de la Casa Blanca establece que la administración «abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia, y la inseguridad económica que actualmente hace que los migrantes salgan de sus hogares».
También promete colaborar con otros países y ONGs para brindar «oportunidades para solicitantes de asilo y migrantes más cerca a sus hogares».
“Finalmente, la Administración garantizará que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a las vías legales hacia los Estados Unidos”, dice la hoja informativa.
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