El presidente Joe Biden orientará al Departamento de Trabajo para que desarrolle una regla según la cual las empresas con más de 100 empleados requerirán que sus empleados estén vacunados o presenten una prueba negativa de COVID una vez por semana, lo cual podría afectar a decenas de millones de empleados del sector privado de EE. UU., según una hoja informativa de la Casa Blanca.
La regla de la administración requerirá que «todos los empleadores con 100 o más empleados se aseguren de que su fuerza laboral esté completamente vacunada o que cualquier trabajador que permanezca sin vacunar presente un resultado negativo en la prueba COVID al menos una vez a la semana antes de ir a trabajar», lo cual afectará más de 80 millones de trabajadores del sector privado.
Durante las declaraciones del 9 de septiembre, Biden dijo que Estados Unidos «puede y cambiará el rumbo» contra la COVID-19 mediante vacunaciones masivas, mientras culpa «a los 80 millones» de personas que no se vacunaron. «Estamos en una racha difícil», dijo. “No se trata de libertad o elección personal”, sino de protección contra la COVID-19.
El presidente afirmó además que los «no vacunados» están «abarrotando nuestros hospitales» y dijo que las vacunas brindan protección contra las hospitalizaciones por COVID-19.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo emitirá una Norma Temporal de Emergencia para implementar el requisito, dice el documento. La agencia hizo ninguna mención con respecto a la exención religiosa o a las personas cuyos médicos les recomendaron no vacunarse contra la COVID -19.
Biden también firmará una orden ejecutiva para requerir que la mayoría de los empleados y contratistas federales obtengan una vacuna COVID-19 sin la opción de hacerse pruebas regulares, según el documento. Los sindicatos de trabajadores federales sugirieron el jueves que aceptarían el mandato de la vacuna.
“Como parte de este esfuerzo, el Departamento de Defensa, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Servicio de Salud Indígena y el Instituto Nacional de Salud completarán la implementación de los requisitos de vacunación previamente anunciados que cubren a 2.5 millones de personas”, dice el documento.
La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Las nuevas medidas se están dando a conocer como parte de un intento más agresivo de impulsar la vacunación.
Es probable que dichos mandatos generen oposición. Una encuesta reciente de Gallup descubrió que alrededor del 52 por ciento estaba a favor de los mandatos de vacunas para los empleadores, pero el 38 por ciento se opuso, y el 29 por ciento dijo que se oponían firmemente.
Varios sindicatos también han emitido declaraciones en las últimas semanas diciendo que se oponen a los mandatos de vacunas, incluyendo algunos sindicatos de trabajadores de hospitales, sindicatos de bomberos y sindicatos de policías.
Algunos otros sindicatos han expresado su oposición a los mandatos de vacunas. Los trabajadores hospitalarios del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio 1199 realizaron una manifestación en julio en contra de un mandato impuesto por el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan. Los sindicatos de bomberos y policías de Chicago a Newark también se oponen a los mandatos.
El plan ha sido fuertemente criticado por republicanos y conservadores, quienes dijeron que esto equivale a una extralimitación federal.
“Mi equipo legal está listo para presentar nuestra demanda en el momento en que [Biden] presente su regla inconstitucional. Este gran ejemplo de intrusión federal no se mantendrá”, escribió en Twitter la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.
El representante Andy Biggs (R-Ariz.) escribió que introducirá una medida para bloquear lo que llamó un «asalto atroz a la libertad y la libertad de los estadounidenses», y agregó que «debemos luchar contra estos intentos de imponer mandatos de vacunas al pueblo estadounidense».
Según el plan, la administración también requeriría que se vacunen unos 17 millones de trabajadores sanitarios en hospitales y otras instituciones que participan en los programas de Medicaid y Medicare, o para programas que atienden a personas discapacitadas y mayores.
Biden también utilizará la autoridad del gobierno federal en virtud de la Ley de Producción de Defensa para impulsar a las empresas a producir pruebas de COVID-19, que luego se venderán a grandes minoristas de todo el país.
Mientras tanto, el plan también exige que los lugares de entretenimiento, como estadios, salas de conciertos y otros, exijan pasaportes de vacunas o muestren una prueba negativa para ingresar.
«Nuestro objetivo general aquí es reducir el número de estadounidenses no vacunados», dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. «Queremos reducir ese número, disminuir las hospitalizaciones y muertes y permitir que nuestros niños vayan a la escuela de manera segura».
La Casa Blanca también planea ofrecer dosis de refuerzo para personas «completamente vacunadas» y se ha fijado como objetivo el 20 de septiembre para implementarlas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros grupos han dicho que con el suministro y la producción de vacunas mundiales limitados, es más necesario que los países más ricos emitan una moratoria sobre las dosis de refuerzo hasta que más personas se vacunen en todo el mundo.
Según la hoja informativa de la Casa Blanca, la administración también seguirá imponiendo el uso de mascarillas en propiedad federal y para el transporte público.
Anteriormente, la Casa Blanca dijo que el gobierno federal no puede exigir vacunas en todo el país, pero ha presionado a los distritos escolares, empresas y otras entidades para que requieran vacunas.
Con información de Reuters.
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