Biden promulga ley de gasto en defensa de USD 768,000 millones

Por Isabel van Brugen
28 de Diciembre de 2021 6:33 AM Actualizado: 28 de Diciembre de 2021 10:11 AM

El presidente Joe Biden promulgó el lunes una ley de defensa de casi USD 770,000 millones, estableciendo la política del Pentágono en una serie de áreas, anunció la Casa Blanca.

La amplia Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2022 autoriza un aumento del 5 por ciento (USD 25,000 millones) en el gasto militar con respecto al año pasado e incluye un aumento salarial del 2.7 por ciento para la mayoría de los miembros del servicio militar.

El Congreso se apresuró a principios de este mes a aprobar la legislación anual con un voto abrumadoramente a favor del proyecto de ley en el Senado y la Cámara de Representantes después de varios obstáculos sobre la política de China y Rusia.

“La ley proporciona beneficios vitales y mejora el acceso a la justicia para el personal militar y sus familias e incluye organismos fundamentales para apoyar la defensa nacional de nuestro país”, dijo Biden en una declaración tras la promulgación.

El proyecto de ley de Autorización de la Defensa Nacional de USD 768,200 millones fue aprobado por la Cámara de Representantes a principios de diciembre en una votación de 363-70 y el Senado lo aprobó por una votación de 88-11.

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) es seguida de cerca por una amplia franja de la industria y de otros beneficiados siendo una de las legislaciones importantes que se convierten en ley cada año al abordar una amplia gama de temas. De echo, la NDAA se ha convertido en ley cada año durante seis décadas.

La legislación de este año incluye más compras de aviones y barcos para que la Marina pueda hacer frente a las crecientes amenazas dirigidas a Taiwán por parte del partido comunista que rige China y esboza estrategias con un enfoque particular en la “competencia estratégica” con China y Rusia.

En cuanto a China, el proyecto de ley triplica la financiación de la Iniciativa de Disuasión del Pacífico en el Indo-Pacífico, con un costo de USD 7100 millones y esboza una declaración de apoyo del Congreso a la defensa de Taiwán. También incluye la prohibición a que el Departamento de Defensa adquiera productos fabricados con mano de obra forzada procedente de la región noroccidental china de Xinjiang.

Biden había solicitado una cifra inferior de USD 5100 millones para las iniciativas en el Indo-Pacífico. Los USD 7100 millones apoyarán los planes del Pentágono para dispersar y abastecer aún más a las fuerzas estadounidenses en la primera cadena de islas, desde Filipinas hasta Taiwán y Japón, para hacerlas menos vulnerables a los ataques con misiles de China.

Con el Pentágono dirigido a comparar sus capacidades, Estados Unidos también podrá tratar de ponerse al día con China y Rusia en lo que respecta a las armas hipersónicas.

La legislación de este año también incluye USD 300 millones de dólares para la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, que proporciona apoyo a las fuerzas armadas de este país, USD 4000 millones para la Iniciativa de Defensa Europea y USD 150 millones para la cooperación en materia de seguridad en el Báltico.

Además crea una comisión de 16 miembros para estudiar la guerra en Afganistán. Biden puso fin al conflicto en agosto tras retirar las tropas estadounidenses restantes del país antes de una fecha límite autoimpuesta del 31 de agosto. El gobierno de Biden recibió numerosas críticas por la forma en que gestionó la retirada.

La medida también establece una normativa para la orden de vacunación contra COVID-19 del Departamento de Defensa, que está obligando a una gran parte de los militares estadounidenses a recibir una vacuna con el fin de permanecer en el servicio. Los miembros que sean dados de baja por no cumplir el plazo para vacunarse podrán recibir como mínimo una baja general en condiciones honorables, lo que permite a los afectados tener derecho a un nuevo reclutamiento.

En su declaración, Biden también destacó algunas disposiciones a las que se opone, como la política que prohíbe el uso de fondos para trasladar a detenidos de Guantánamo a Estados Unidos o a la custodia de ciertos países extranjeros, a menos que se cumplan ciertas condiciones.

“Desde hace mucho tiempo, la posición del poder ejecutivo es que estas disposiciones perjudican indebidamente la capacidad del poder ejecutivo para determinar cuándo y dónde procesar a los detenidos de Guantánamo y a dónde enviarlos tras su liberación”, dijo el presidente.

Biden también se mostró en contra de una disposición que “exigirá efectivamente a los departamentos y agencias del ejecutivo que presenten informes a determinados comités”.

Esto “incluirá información clasificada altamente sensible, incluyendo información que podría revelar fuentes críticas de inteligencia o planes operativos militares”, dijo.

Con información de Reuters


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