La Cámara de Representantes reintrodujo el 1 de febrero un proyecto de ley, con respaldo bipartidista, que haría ilegal la importación a Estados Unidos de todos los productos de la región noroccidental China de Xinjiang, a menos que se pueda probar que el trabajo forzado no estuvo involucrado en su producción.
El actual proyecto reintroducido fue aprobado en la Cámara, en septiembre, por 406 votos a favor y 3 en contra. Una ley semejante al reciente proyecto legislativo de la Cámara es la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (pdf), que se reintrodujo el mes pasado y fue redactada en el Senado.
El proyecto de la Cámara otorgaría al presidente Joe Biden la autoridad para imponer sanciones contra cualquier individuo responsable de las prácticas de trabajo esclavo impuestas a los uigures étnicos de la región, la mayoría de los cuales practican el Islam.
El proyecto de ley de la Cámara también requeriría que las empresas, que cotizan en Estados Unidos, proporcionen divulgaciones financieras sobre su interacción con empresas y entidades chinas involucradas en abusos, una disposición no incluida en la versión del Senado.
La represión de Beijing contra los uigures, perpetrada a través de su red de campos de internamiento y su sistema de vigilancia masiva, ha generado el rechazo internacional. Según una estimación del sitio web del Departamento de Estado de EE.UU., más de un millón de uigures y otros grupos minoritarios se encuentran recluidos en tales instalaciones sin haber pasado por algún proceso judicial.
La administración Trump impuso sanciones a entidades e individuos responsables de atrocidades en la región. También impuso, por prácticas de trabajo forzoso, una prohibición a todos los productos de algodón y tomate de Xinjiang.
La economía de Xinjiang está «construida sobre una base de trabajo forzoso y represión», dijo Jim McGovern, representante de EE.UU. y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, sobre la reintroducción del proyecto de ley.
“Hemos visto con horror cómo el gobierno chino creó por primera vez y luego expandió un sistema de campos de internamiento masivo extrajudiciales dirigidos a las minorías uigures y musulmanas”, dijo.
“Muchas corporaciones estadounidenses, internacionales y chinas son cómplices de la explotación de trabajo forzado y estos productos continúan abriéndose camino en las cadenas de suministro globales y en nuestro país. Ya es hora de que el Congreso actúe”, agregó.
El presidente Joe Biden y su administración han expresado su condena al régimen chino por sus abusos contra los derechos humanos.
El 16 de febrero, durante un foro ciudadano en Wisconsin, Biden dijo que Beijing enfrentaría “repercusiones” por sus acciones, advirtiendo que Estados Unidos reafirmaría su papel en la defensa a los derechos humanos en las Naciones Unidas y en otras organizaciones.
Sin embargo, el presidente fue criticado por decir que «culturalmente, hay normas diferentes en cada país» cuando se le preguntó sobre la represión a los uigures por parte del Partido Comunista Chino (PCCh).
Un día antes de dejar el cargo, el exsecretario de Estado Mike Pompeo calificó la persecución a los uigures, por parte del régimen chino, como genocidio y «crímenes de lesa humanidad». La administración de Biden ha estado de acuerdo con la designación.
Sin embargo, el recién nombrado secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho que la nueva administración tiene algunas reservas sobre el enfoque del expresidente Donald Trump hacia China.
«Permítanme decirles que también creo que el presidente Trump tuvo razón al adoptar un enfoque más duro hacia China», dijo Blinken al panel de relaciones exteriores del Senado durante su audiencia de confirmación. «No estoy de acuerdo con la forma en que lo hizo en varias áreas, pero el principio básico fue el correcto, y creo que eso es realmente útil para nuestra política exterior».
Emel Akan contribuyó a este informe.
Con información de Reuters
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