El fiscal general Merrick Garland abrió una investigación el 4 de octubre sobre la violencia contra los educadores, declarando que ha habido un “repunte inquietante” en las amenazas de violencia contra los administradores escolares, miembros de la junta, maestros, y personal en los últimos meses.
Sin embargo, según la información revelada el 21 de octubre durante una audiencia del Comité de la Cámara sobre la Supervisión Judicial, la afirmación de Garland de un «pico perturbador» no se basó en inteligencia policial o estudios académicos, sino en una carta que la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA) había enviado a la administración Biden días antes.
La carta, que caracteriza a los padres que protestan como amenazas de terrorismo doméstico y pide al FBI que use estatutos como la Ley PATRIOT, ha recibido desde entonces un gran rechazo tanto del público como de los miembros de la junta de la NSBA.
Las declaraciones de Garland sobre el tema se produjeron en respuesta a las preguntas del miembro del comité, el representante Jim Jordan (R-Ohio) sobre cuándo notó por primera vez el «inquietante aumento» en las amenazas de violencia contra los educadores.
«Leí la carta [de la NSBA], y hemos estado viendo a lo largo del tiempo», dijo Garland antes de que Jordan interviniera.
«¿Así que leíste la carta y esa es tu fuente?», preguntó Jordan.
Garland dijo que la NSBA, que representa a más de 90,000 miembros de la junta escolar en los Estados Unidos, es una fuente autorizada.
Sin embargo, los registros internos de la NSBA publicados el 21 de octubre sugieren que la asociación en sí no respalda completamente la carta. La organización sin fines de lucro Parents Defending Education publicó correos electrónicos de la NSBA obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información que muestran que aparentemente no se consultó a la junta de la NSBA antes de que la asociación enviara la carta a la Casa Blanca.
«Estoy de acuerdo con muchos de mis colegas en que se debería haber consultado a la junta directiva antes de que se enviara públicamente una carta como esta, y no menos al presidente de los Estados Unidos y la prensa nacional», escribió John Halkias, miembro de la junta directiva de la NSBA, a los miembros del personal el 1 de octubre. «También estoy de acuerdo en que la carta adoptó una postura que fue más allá de lo que muchos de nosotros consideraríamos razonables y usamos términos extremos».
Halkias se mostró en desacuerdo con la carta de la NSBA–cuyos signatarios son la presidenta Viola García y el director ejecutivo interino Chip Slaven–que caracteriza a los padres que protestan como amenazas de terrorismo nacional.
«Muchos de nosotros hemos sido puestos ahora en una postura de explicar o defender esta acción de nuestra asociación, ya que los miembros de nuestra comunidad nos preguntan si los consideramos terroristas domésticos por asistir a nuestras reuniones y expresar sus opiniones», escribió Halkias.
A lo largo de la audiencia, numerosos legisladores republicanos criticaron a Garland por iniciar su investigación sobre lo que en gran medida ha constituido reuniones acaloradas de la junta escolar. Los grupos de padres han aumentado la presión sobre las juntas directivas debido a la enseñanza de la teoría crítica de la raza y la imposición del uso obligatorio de mascarillas y, en ocasiones, las reuniones polémicas han dado lugar a peleas y arrestos.
Cada vez que fue criticado, Garland dijo que su memo no tiene nada que ver con la actividad protegida por la Primera Enmienda, y simplemente busca investigar informes de violencia y amenazas. A pesar de admitir que la carta de la NSBA influyó en su decisión de iniciar la investigación, Garland dijo que la investigación no tiene nada que ver con el terrorismo nacional.
Pero Jordan señaló que el memo de Garland iba acompañado de un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, que indicaba que la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia está trabajando en el asunto, lo cual sugiere que el contraterrorismo está involucrado. Otros legisladores también criticaron a Garland al respecto.
“Debo decir que me resulta profundamente perturbador que la Asociación Nacional de la Junta Escolar haya convencido a la administración de Biden de que les imponga a usted, a su Departamento de Justicia y al FBI, todo el poder de la aplicación de la ley federal, contra los padres involucrados, como si fueran terroristas domésticos”, dijo el representante Steve Chabot (R-Ohio).
“Aparte de un breve asentimiento a la Primera Enmienda, no incluye ninguna orientación sobre cómo el FBI debe hacer para evitar enfriar e intimidar la actividad legítima de la Primera Enmienda”, agregó el representante Dan Bishop (R-N.C.).
Algunos miembros del comité demócrata defendieron la investigación de Garland.
El representante Theodore Deutch (D-Fla.) dijo que se necesita una investigación, citando amenazas recientes contra los miembros de la junta escolar.
“En Texas, un padre le arrancó la mascarilla de la cara a una maestra. En California, un padre agredió verbalmente a un director y agredió físicamente a un maestro que intervino, enviándolo al hospital”, dijo Deutch, criticando a los republicanos por lo que dijo es una falta de preocupación por la violencia.
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