La Casa Blanca permaneció en silencio hasta el 7 de julio sobre si el presidente Donald Trump firmará el proyecto de ley a prueba de veto que autoriza al gobierno de Estados Unidos sancionar a una amplia gama de personas y entidades vinculadas a la toma de posesión de facto de Hong Kong por parte del Partido Comunista Chino.
La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la Ley de Autonomía de Hong Kong el 1 y 2 de julio, respectivamente, en respuesta a la implementación por parte del Partido Comunista Chino de una ley draconiana de seguridad nacional en Hong Kong.
Cinco días después, en torno a una intensificación de la represión en Hong Kong que incluyó la prohibición de libros, la Casa Blanca aún no respondió a las solicitudes para aclarar si se firmará el proyecto de ley y cuándo.
Un alto funcionario de la administración, sin abordar la firma del proyecto de ley, dijo a The Epoch Times que «la administración continúa implementando la directiva del presidente para poner fin al estatus especial de Hong Kong y tomar medidas firmes y significativas contra los funcionarios del PCCh involucrados en sofocar la libertad de Hong Kong».
Como ejemplo, el funcionario señaló las restricciones de visa para funcionarios chinos y sus familias, emitidas por el Departamento de Estado el 26 de junio, y la prohibición de exportación de equipos de defensa y tecnología de doble uso a Hong Kong anunciada el 31 de junio.
«Estados Unidos continuará tomando medidas firmes contra los funcionarios del PCCh cómplices en la evisceración de la libertad de Hong Kong», dijo el funcionario.
El proyecto de ley ordena al gobierno de Estados Unidos que emita sanciones punitivas obligatorias contra personas extranjeras e instituciones financieras involucradas en la degradación de la autonomía de Hong Kong. Una vez promulgada, sería una «sentencia de muerte» para las instituciones financieras, según Gordon Chang, un experto y autor en China.
«Este proyecto de ley autoriza al gobierno a eliminar las cuentas en dólares de los bancos sancionados. Eso es una sentencia de muerte para un banco internacional. Esto es extremadamente severo», dijo Chang a The Epoch Times.
Según un exfuncionario de alto rango del Departamento de Defensa, los proyectos de ley de importancia similar a la del presidente, se someten a una estrecha investigación antes de la firma del presidente. La Casa Blanca podría volver a los patrocinadores del proyecto de ley en el Congreso para aclarar ciertos puntos y arreglar errores no sustanciales.
Ningún legislador en el Senado o la Cámara se opuso a la medida.
«No lo sé», dijo el senador Ron Johnson, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, a The Epoch Times cuando se le preguntó sobre la demora de la Casa Blanca.
“Personalmente, creo que deberíamos estar presionando a China en términos de lo que están haciendo. Volviendo al acuerdo que tenían con los británicos, cuando los británicos entregaron Hong Kong a China, la violación de lo civil y yo diría de los derechos humanos de los ciudadanos de Hong Kong», agregó Johnson. «Espero que el presidente firme pronto».
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo a periodistas el lunes que el presidente está considerando una orden ejecutiva sobre China. Peter Navarro, director de política comercial y manufactura de la Casa Blanca, se negó el martes a compartir detalles sobre la orden.
El Departamento de Estado, en respuesta a una pregunta sobre las restricciones de visado del 26 de junio vinculadas a los desarrollos en Hong Kong, se negó a proporcionar detalles, incluso si a los funcionarios del PCCh o miembros de la familia se les ha negado la entrada a Estados Unidos.
«Ya hemos identificado a varios funcionarios bajo esta nueva política, y continuaremos considerando a otros», dijo un portavoz del Departamento de Estado a The Epoch Times. «Los registros de visas son confidenciales según la ley de Estados Unidos, por lo tanto, no discutiremos ni divulgaremos aplicaciones individuales de esta política de visas».
El PCCh emitió una amenaza de represalias con sus propias restricciones de visado, lo que provocó una dura respuesta del secretario de Estado, Mike Pompeo.
«Las amenazas del Partido Comunista Chino de tomar represalias restringiendo las visas para los ciudadanos estadounidenses exponen una vez más cómo Beijing se niega a asumir la responsabilidad de sus propias elecciones», dijo Pompeo. «Si China quiere recuperar la confianza de los hongkoneses y la comunidad internacional, debe cumplir las promesas que hizo al pueblo de Hong Kong y al Reino Unido en la Declaración conjunta chino-británica de 1984 registrada por la ONU».
Zachary Stieber contribuyó a este informe.
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