El gobierno de Biden pidió el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que restablezca su programa de préstamos estudiantiles y alegó que está dentro de la autoridad del poder ejecutivo después de que un tribunal inferior lo bloqueara hace varios días.
El programa, presentado semanas antes de las elecciones intermedias de 2022, prometía ofrecer hasta 20,000 dólares de alivio de la deuda a millones de prestatarios.
El 10 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Luis, congeló el plan e hizo que el gobierno federal dejara de recibir solicitudes, fallando a favor de seis estados liderados por los republicanos. Un juez federal de Texas también anuló la semana pasada el programa de préstamos estudiantiles de la Casa Blanca, poniéndose del lado de una demanda presentada por la Fundación Red de Creadores de Empleo.
«El mandato judicial erróneo del Octavo Circuito deja a millones de prestatarios económicamente vulnerables en el limbo, sin saber cuál es el volumen de su deuda y sin poder tomar decisiones financieras con un conocimiento exacto de sus futuras obligaciones de reembolso», dijo el viernes a la Corte Suprema la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, que representa al gobierno de Biden, en una apelación (pdf).
Los seis estados —Arkansas, Iowa, Kansas, Misuri, Nebraska y Carolina del Sur— escribieron que la administración carece de capacidad para perdonar la deuda de los préstamos estudiantiles. Dijeron que la Casa Blanca sustituyó la autoridad del Congreso al hacerlo, al mismo tiempo que afirmaron que los estados se verían perjudicados financieramente por la cancelación de miles de millones de dólares en deuda.
Qué significa
El plan de Biden promete la condonación de 10,000 dólares de la deuda estudiantil federal a quienes tengan ingresos inferiores a 125,000 dólares, o a los hogares que ganen menos de 250,000 dólares. Los beneficiarios de las becas Pell, que suelen demostrar una mayor necesidad económica, pueden optar a otros 10,000 dólares de alivio.
En otros argumentos que la administración presentó hace varios días, la petición del viernes advertía que muchos estadounidenses no podrán pagar sus facturas de deuda estudiantil en enero si el plan de cancelación sigue detenido.
El gobierno de Biden dijo que tiene autoridad para ofrecer ayudas a los préstamos estudiantiles en virtud de la Ley de Oportunidades de Alivio de Educación Superior para los Estudiantes de 2003. La ley, dijo, exime al gobierno federal de ciertos requisitos, como la elaboración de normas de notificación y comentario.
Casi 26 millones de personas ya han solicitado la ayuda, con 16 millones aprobados, pero el Departamento de Educación dejó de aceptar y procesar solicitudes la semana pasada después de que el plan fuera declarado ilegal por un tribunal inferior.
«Debido a que los prestatarios que no pagan sus préstamos estudiantiles se enfrentan a graves consecuencias financieras —incluyendo el embargo de salarios, el daño crediticio a largo plazo, y la inelegibilidad para los beneficios federales— el Congreso autorizó específicamente al secretario a renunciar o modificar cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable según lo considere necesario para asegurar que los prestatarios afectados por una emergencia nacional no estén peor en relación con sus préstamos estudiantiles», escribió Prelogar en la presentación del viernes.
El 10 de noviembre, el juez de distrito Mark Pittman escribió que no le corresponde a su tribunal determinar si el programa es «una buena política pública o no».
Pero añadió que «nadie puede negar de forma plausible que se trata de una de las mayores delegaciones de poder legislativo al poder ejecutivo, o de uno de los mayores ejercicios de poder legislativo sin autoridad del Congreso en la historia de Estados Unidos», escribió al bloquear el programa.
Los republicanos han cuestionado la legalidad del programa desde su inicio y han dicho que daría mucho más poder al poder ejecutivo. Algunos han dicho también que el plan era un intento de llevar a los votantes más jóvenes a las urnas para que votaran a favor de los demócratas antes de las elecciones de mitad de período del 8 de noviembre.
En las últimas semanas, la jueza asociada de la Corte Suprema Amy Coney Barrett denegó dos peticiones de emergencia para bloquear el programa.
Con información de The Associated Press.
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