Cerca de 80% de las boyas colocadas el mes pasado por el estado de Texas en el Río Grande, conocido también como Río Bravo, para disuadir el flujo migratorio ilegal se encuentran en territorio mexicano, según un estudio que se presentó ante la corte como parte de la demanda del gobierno federal contra Texas.
Con la medida, el gobierno de Greg Abbott pretende frenar el ingreso de inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas a su territorio. La iniciativa causó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentara una demanda el 24 de julio exigiendo su retiro.
El estudio realizado por delegaciones de ambos países en la Comisión Internacional de Límites y Aguas —un organismo conjunto entre EE. UU. y México encargado de determinar las fronteras internacionales tanto terrestres como fluviales entre ambos países— se presentó ante la corte federal de distrito en Austin, Texas, el 15 de agosto, como parte del juicio civil en curso.
«Una comparación de las ubicaciones registradas de las boyas con la línea fronteriza internacional oficial (…) establece que aproximadamente 208 pies de la línea de boyas se encuentran dentro de Estados Unidos, mientras que aproximadamente 787 pies de la línea de boyas se encuentran en México», de un total de 995 pies de la barrera flotante, es decir un 79 %, dice el estudio.
En su demanda el DOJ exigió (pdf) que el gobierno de Texas retire la barrera y pague por ello, argumentando que la instalación es ilegal y se realizó sin supervisión federal. Según el DOJ, Texas eludió la Ley federal de Ríos y Puertos al no tener autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
Las boyas colocadas en el Río Grande, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas, ha suscitado criticas por parte de demócratas a nivel nacional y a nivel internacional. El gobierno mexicano expresó enérgicamente su descontento por las boyas enviando dos notas diplomáticas de protesta a la administración Biden.
El 24 de julio, el DOJ mencionó la protesta por parte de México, y argumentó que tales barreras en el río Grande amenazan la navegación, seguridad pública y “preocupaciones humanitarias”.
“Esta barrera flotante plantea amenazas para la navegación y la seguridad pública y presenta preocupaciones humanitarias. Además, la presencia de la barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas por parte de México y corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos”, dijo la fiscal general adjunta Vanita Gupta, en un comunicado.
Por su parte, el gobernador Greg Abbott y otros funcionarios de Texas, han respondido a la demanda federal argumentando que las boyas fueron colocadas para disuadir los cruces fronterizos y evitar un aumento de muertes de inmigrantes ilegales que intentan cruzar a Estados Unidos a causa de ahogamiento.
La canciller mexicana Alicia Bárcena, dijo el 26 de julio que con la colocación de las boyas, EE. UU. estaría violando el Tratado de 1944 y el de 1970 en referencia a los tratados que abordan la distribución de aguas compartidas del río Grande, y la frontera internacional de los cauces de los ríos Grande y Colorado.
«Las boyas plásticas flotantes en un tramo de 305 metros, de ellos, 230 metros están [dentro del territorio mexicano]”, y solo 75 metros se ubican en Estados Unidos», dijo la canciller en ese momento.
El juez de la Corte de Distrito de EE. UU., David Alan Ezra, encargado del caso tiene programado celebrar una audiencia sobre la demanda del gobierno federal el 22 de agosto, según CBS.
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