La medida del gobierno de Joe Biden de suspender ciertas deportaciones durante 100 días no solo supondría una amenaza para la seguridad, sino que también favorece acciones que pondrían una presión adicional al sistema de salud pública de la nación, dijo el exsecretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.
Poco después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un memorando en el que pide una pausa de 100 días, a partir del 22 de enero, en la expulsión de «ciertos no ciudadanos».
«La pausa permitirá al DHS garantizar que sus recursos se dediquen a responder a los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta Estados Unidos, incluidos los desafíos operativos inmediatos en la frontera suroeste en medio de la crisis de salud pública mundial más grave en un siglo», señaló el DHS en un comunicado.
Chad Wolf, que recientemente dimitió del cargo de subsecretario tras las batallas judiciales sobre la legalidad de su nombramiento, dijo el domingo en Fox News que la suspensión de 100 días es «muy preocupante”.
«Lo que el gobierno de Biden está diciendo es que no vamos a deportarlos porque vamos a centrarnos en otras cosas», dijo Wolf a Fox News. «Están trasladando recursos a la frontera para procesar la inmigración, para procesar las solicitudes de asilo. Creo que en un entorno como el de COVID, eso es muy peligroso».
Cuando se le preguntó sobre la caravana de migrantes centroamericanos que espera entrar en Estados Unidos, Wolf dijo que el gobierno de Biden tendrá que poner en marcha una serie de políticas para abordarla como un problema de seguridad nacional y de salud pública.
Se estima que unos 8000 migrantes, en su mayoría hondureños, partieron de Honduras a pie en grandes grupos de caravanas una semana antes de la inauguración presidencial de Joe Biden. El avance del grupo fue bloqueado por fuerzas militares y policiales tras cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala.
«Se trata de la seguridad nacional», dijo Wolf. «No es solo una buena política para los políticos. Ellos tienen que asegurarse de que esa frontera es segura, de que no volvemos a la captura y liberación, de que no estamos liberando a individuos que pueden traer COVID a las comunidades fronterizas estadounidenses para poner una tensión adicional en nuestro sistema de atención sanitaria”.
En respuesta a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), bajo el gobierno de Trump, emitieron una orden que otorga a los agentes de la patrulla fronteriza la autoridad para expulsar sumariamente a quienes fueran sorprendidos entrando ilegalmente a Estados Unidos. Desde marzo, los agentes fronterizos expulsaron a unos 400,000 individuos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
La orden de los CDC dice que las personas que sean sorprendidas entrando ilegalmente en Estados Unidos a través de la frontera canadiense o mexicana serán devueltas al país desde el que entraron en Estados Unidos, o a su país de origen, o a otro «lugar practicable» fuera de Estados Unidos. Los CDC ordenan a las autoridades fronterizas que lo hagan «tan rápidamente como sea posible, con el menor tiempo de permanencia en lugares congregados como sea factible según las circunstancias».
«Esta orden no se aplica a las personas que los agentes de aduanas determinen, con la aprobación de un supervisor, que deben ser exceptuadas sobre la base de la totalidad de las circunstancias, incluida la consideración de los intereses significativos de la seguridad pública y de los agentes, humanitarios y de salud pública», añaden los CDC.
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