China obliga a empresa a suspender registro de usuarios tras OPV en EEUU, provocando caída de acciones

Por Alex Wu
04 de Julio de 2021 8:38 AM Actualizado: 04 de Julio de 2021 8:38 AM

Apenas dos días después de que el gigante chino del transporte por carretera Didi Chuxing lanzara su oferta pública de venta (OPV) en Estados Unidos, la Administración del Ciberespacio del régimen comunista chino inició una revisión de seguridad sobre la empresa y suspendió su registro de nuevos usuarios. La acción provocó la caída de las acciones de Didi en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

El 2 de julio, la Administración del Ciberespacio de China (CAC) anunció en la red social china Weibo que está llevando a cabo una revisión de la ciberseguridad de Didi para “prevenir los riesgos de seguridad de los datos nacionales y mantener la seguridad nacional”, citando la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Ciberseguridad de China. Mientras tanto, ha suspendido todo registro de nuevos usuarios en Didi para “prevenir la expansión del riesgo”.

En respuesta, Didi declaró que “cooperará activamente con la revisión de la seguridad cibernética, inspeccionará e investigará exhaustivamente los riesgos de seguridad de la red y continuará mejorando el sistema de seguridad cibernética y las capacidades técnicas”.

El precio de apertura de Didi en la Bolsa de Nueva York el 30 de junio fue de 16.82 dólares por acción, lo que supone un aumento del 20 por ciento respecto al precio de emisión de la OPV, de 14 dólares por acción. Pero el interés de los inversores se redujo en el transcurso de un día, y Didi cerró a 14.20 dólares, y el valor de mercado de la empresa alcanzó algo más de 69,000 millones de dólares. Esta cifra está muy por debajo de la valoración más alta de 100,000 millones de dólares de Didi hace unos meses.

Algunos analistas creen que debido a las continuas tensiones entre China y Estados Unidos, Didi está en el centro de una “guerra fría tecnológica” entre Estados Unidos y China. Para los inversores que están preocupados, la empresa china aún tiene mucho que demostrar. Los inversores también pueden tener reservas sobre los órganos reguladores del régimen chino que tienen control sobre Didi.

Beijing aprobó una Ley de Inteligencia Nacional en 2017, que requiere que los ciudadanos y las empresas chinas recopilen información de inteligencia para el régimen comunista.

Didi fue fundada en Beijing en 2012 por el exdirectivo de Alibaba Cheng Wei, y se ha convertido en el mayor servicio de transporte compartido de China. Forzó la salida de Uber del mercado de China continental hace cinco años. Es una de las 10 principales salidas a bolsa en Estados Unidos de la última década y la mayor OPV estadounidense de una empresa china desde Alibaba en 2014.

El cofundador de Alibaba, Jack Ma (dcha.), y el CEO de Tencent Holdings, Pony Ma, aplauden durante una reunión de celebración del 40º aniversario de la política de “reforma y apertura” de China en el Gran Salón del Pueblo en Beijing el 18 de diciembre de 2018. (Wang Zhao/AFP/Getty Images)

La revisión de la ciberseguridad se produce tras una reciente campaña contra las grandes empresas tecnológicas chinas por parte del régimen comunista en nombre del “antimonopolio”, que las obliga a reestructurarse. El líder del régimen, Xi Jinping, ha establecido la represión como una de las prioridades para 2021.

En abril, Didi fue una de las 34 grandes empresas tecnológicas chinas, junto con Alibaba y Tencent, que fueron convocadas por la Administración Estatal de Regulación del Mercado del régimen. Se les ordenó que hicieran inspecciones internas y que “pusieran los intereses nacionales en primer lugar”, y se les advirtió que “pusieran fin a cualquier comportamiento competitivo maligno”.

Xi ha estado promoviendo su versión de la economía planificada socialista dura de la era Mao, orientando a China hacia la extrema izquierda. La nacionalización de empresas privadas en nombre del “antimonopolio”, como el traspaso del Grupo Ant de Jack Ma al Banco Central de China, ha hecho temer la transformación de las empresas privadas en firmas “conjuntas del Estado y el sector privado”, y la eventual nacionalización total.


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