Una agencia del gobierno federal de Estados Unidos creada para proteger la ciberseguridad y las infraestructuras críticas intentó encubrir sus prácticas de censura doméstica, según un informe provisional publicado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y el Subcomité Selecto sobre el Uso del Gobierno Federal como un Arma en contra de los ciudadanos.
El informe, publicado el lunes, arroja luz sobre el preocupante nexo entre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), las grandes empresas tecnológicas y terceros financiados por el gobierno. La CISA es una agencia poco conocida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Documentos no públicos, previamente no desclasificados, revelaron que la CISA actuó más allá de sus competencias para vigilar la expresión en las redes sociales y actuó en connivencia con grandes empresas tecnológicas como Twitter y terceros financiados por el gobierno para «censurar por proxy». Los mensajes presentados en el informe muestran que CISA intentó después ocultar al público sus «actividades claramente inconstitucionales».
El informe acusa a CISA de intentar eludir la Primera Enmienda utilizando a terceros financiados por el gobierno para confabularse con las grandes empresas tecnológicas con el fin de suprimir determinados puntos de vista.
«La CISA no es una agencia encargada de hacer cumplir la ley y no está autorizada a actuar como una agencia de inteligencia. Pero, en la práctica, así es como CISA se ha comportado, arrogándose la autoridad para llevar a cabo la vigilancia de los estadounidenses en las redes sociales», dice el informe.
«La CISA amplió su práctica inconstitucional desarrollando un elaborado sistema de censura en las redes sociales que abarca múltiples organizaciones con el fin de facilitar la censura de la expresión política de los estadounidenses, tanto directamente como por delegación».
El informe destaca prácticas especialmente preocupantes, como la previsión de la CISA de crear un equipo de «respuesta rápida» contra la información errónea, el traslado de las operaciones de censura a una tercera organización sin ánimo de lucro para evitar percepciones negativas, y la intención de la agencia de emplear a la organización sin ánimo de lucro como portavoz para eludir las acusaciones de propaganda gubernamental.
¿Qué es la CISA?
La CISA se encuentra dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con la misión estatutaria de dirigir «programas, operaciones y políticas asociadas de ciberseguridad y seguridad de infraestructuras críticas».
La agencia fue creada para proteger la red eléctrica y otros sectores de «infraestructuras críticas» de las amenazas de ciberseguridad. Sin embargo, tras las elecciones de 2016, el exsecretario del DHS, Jeh Johnson, designó a la «infraestructura electoral» como «subsector de infraestructuras críticas».
Además, la directora de CISA, Jen Easterly, argumentó en noviembre de 2021 que el término infraestructura crítica, junto con el cometido de la agencia, también incluía la «infraestructura cognitiva».
«Se podría argumentar que estamos en el negocio de la infraestructura crítica, y la infraestructura más crítica es nuestra infraestructura cognitiva, por lo que construir esa resistencia a la información errónea y la desinformación, creo, es increíblemente importante», dijo Easterly.
CISA creó un subcomité conocido como MDM, que se centró en la información errónea, la desinformación y la malinformación. Malinformación se refiere a la información objetiva que requiere un «contexto» para garantizar que no se convierta en lo que la CISA considera una narrativa «perjudicial». La censura de Twitter de la historia del New York Post sobre la laptop de Hunter Biden entró en esta categoría.
El consejo asesor de ciberseguridad de la CISA estableció un subcomité de «Protección de infraestructuras críticas contra la información errónea y la desinformación» conocido como «Subcomité MDM».
El Subcomité MDM reunió a expertos en información errónea del gobierno, las grandes empresas tecnológicas y el mundo académico. Entre ellos se encontraban Kate Starbird, cofundadora del Center for an Informed Public de la Universidad de Washington; Vijaya Gadde, exdirectora jurídica de Twitter; y Suzanne Spaulding, exconsejera general adjunta y asesora jurídica de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Equipo de respuesta rápida a la información errónea
El informe destaca un caso señalado como una «desviación particularmente notable de la autoridad legal [de la CISA]», que se produjo en una reunión del MDM el 14 de junio de 2022.
Los mensajes y las notas de la reunión muestran que la CISA consideró establecer un «equipo de respuesta rápida» anti-MDM (información errónea, desinformación, malinformación) para desplegarlo físicamente por todo Estados Unidos. La idea fue bien recibida por los asistentes.
Geoff Hale, director de la Iniciativa de Seguridad Electoral de CISA, comentó que «se trata de una idea fascinante que toma las responsabilidades operativas existentes de CISA para considerar la MDM como parte de su conjunto de misiones básicas».
Vijaya Gadde, exjefa de asuntos jurídicos de Twitter, señaló «que la idea de un equipo de respuesta rápida debe incluir la capacidad de intervenir haya o no un componente cibernético».
«El Dr. Starbird se mostró de acuerdo con el argumento de la Sra. Gadde de que las amenazas a las infraestructuras críticas no se limitan a las amenazas cibernéticas», señalan las notas de la reunión.
«La CISA se ha transformado en una agencia nacional de inteligencia y policía de la palabra, excediendo con mucho su autoridad estatutaria», dice el informe.
Tras la toma de posesión de Joe Biden, la CISA admitió en un panfleto de 2022 titulado «Guía de planificación y respuesta a incidentes para funcionarios electorales» que también tenía como objetivo un MDM con origen en fuentes nacionales.
El informe describe la participación de la CISA en la vigilancia del MDM como «una amenaza directa y grave a los principios de la Primera Enmienda».
En su momento álgido, el equipo de MDM de CISA contaba con 15 personas dedicadas a tiempo parcial y completo, que se centraban en actividades de desinformación dirigidas a las elecciones e infraestructuras críticas, según el informe.
Censura por delegación y switchboarding
Arrojando luz sobre la extensa maquinaria de censura, el informe destaca casos de CISA subcontratando sus actividades a terceros para facilitar los llamados «informes de información errónea» de todo el país y poder entregarlos a las empresas de redes sociales durante las elecciones de 2020 y 2022.
La CISA financia una organización sin ánimo de lucro llamada Centro para la Seguridad en Internet (CIS). Se le proporcionó 27 millones de dólares para el año fiscal 2024 para operar el Centro de Análisis e Intercambio de Información Multi-Estado (MS-ISAC) y el Centro de Análisis e Intercambio de Información de Infraestructura Electoral (EI-ISAC).
Funcionarios electorales de todo el país utilizaron EI-ISAC como un «conducto singular» para enviar supuestos contenidos en línea falsos o engañosos sobre las elecciones de 2020 a empresas de redes sociales.
Durante el ciclo electoral de 2020, CISA participó en lo que Brian Scully, jefe de su equipo de MDM, denominó «switchboarding». Se trataba del proceso, que consumía muchos recursos, por el que los funcionarios de CISA pasaban supuestos informes de información errónea a empresas de redes sociales para su censura.
Este proceso fue subcontratado a EI-ISAC para las elecciones de medio período de 2022, dijo Scully cuando fue depuesto como parte de un litigio en curso en una corte federal.
En agosto de 2022, una funcionaria del gobierno del condado de Loudoun, Virginia, denunció un posteo en Twitter con un vídeo sin editar de un funcionario del condado «porque se posteó como parte de una campaña más amplia para desacreditar la palabra de» esa funcionaria.
«El comentario de la funcionaria del condado de Loudon de que la cuenta que marcó ‘está conectada con Padres contra la Teoría Crítica de la Raza’ revela que su ‘informe de información errónea’ no era más que un intento de censura por motivos políticos», indica el informe.
Los mensajes muestran que funcionarios de la CISA reconocieron implícita y explícitamente en múltiples ocasiones que la agencia no estaba autorizada a llevar a cabo ese tipo de vigilancia y censura.
Mensajes, notas de reuniones y comentarios sobre documentos obtenidos por los comités muestran a Starbird, Gadde, de Twitter, y Spaulding, de la CIA, discutiendo «la limitación del trabajo de la CISA en relación con la vigilancia» de la expresión de los estadounidenses.
El 15 de marzo de 2022, Starbird «planteó cómo la CISA podría trabajar con grupos externos, como investigadores y organizaciones sin ánimo de lucro, o apoyarlos de algún otro modo, para respaldar la respuesta a la MDM y cómo se financiaría este trabajo en el futuro».
Gadde, que era entonces directora jurídica de Twitter, «destacó las muchas sensibilidades, más allá de las legales, en cuanto a la relación entre las empresas de redes sociales y el gobierno respecto a la vigilancia de los medios de comunicación y la percepción que esto tiene a nivel mundial». También señaló la necesidad de que esta asociación gobierno-redes sociales no dé lugar a «ninguna forma de vigilancia».
Starbird respondió que «este trabajo debe venir de fuera del gobierno debido a las sensibilidades en esta relación».
En lugar de abandonar la idea de vigilar a los estadounidenses, Starbird y Gadde intentaron encontrar la manera de eludir las restricciones de la Primera Enmienda subcontratando la actividad de «vigilancia» del gobierno a entidades privadas», indica el informe.
En la misma reunión, Spaulding advirtió que «el gobierno no puede pedir a un tercero que haga algo que la Comunidad de Inteligencia no puede hacer». Pero otras notas dejadas por Spaulding en la recomendación de junio de MDM revelan que los miembros de MDM seguían considerando la posibilidad de recurrir «a terceros» meses después.
Cubriendo las huellas
Después de que el Consejo de Gobierno de Desinformación de la administración Biden suscitara fuertes críticas en abril de 2022, y antes de que fuera disuelto en mayo de 2022, los funcionarios del CISA expresaron su preocupación por la percepción de su trabajo como «propaganda gubernamental».
Las notas de la reunión muestran que los funcionarios de MDM, Spaulding y Hale, propusieron externalizar el trabajo de censura al EI-ISAC, convirtiéndolo en una especie de «centro de intercambio de información de confianza». El 26 de julio de 2022, Kim Wyman, de CISA, expresó su preocupación por que CISA operara la llamada centralita «dada la actual demanda presentada por Luisiana y Missouri contra la CISA por la percibida supresión de la libertad de expresión».
El 10 de mayo de 2022, Starbird sugirió refinar el nombre del subcomité para evitar la confusión pública con el trabajo de la Junta de Gobierno de Desinformación del DHS. Gadde estuvo de acuerdo y advirtió al grupo de que no siguiera ninguna recomendación sobre escucha social en la reunión trimestral de junio.
El 19 de mayo de 2022, Starbird envió un correo electrónico a los demás miembros del Subcomité MDM en el que afirmaba que ella»había eliminado la palabra ‘monitoreando’ de casi todos los lugares en los que aparecía» en las recomendaciones de junio del grupo.
El 20 de mayo de 2022, Spaulding expresó su preocupación por la creciente atención pública en un correo electrónico a Starbird, escribiendo: «Es solo cuestión de tiempo que alguien se dé cuenta de que existimos y empiece a preguntar por nuestro trabajo (…) No estoy seguro de que esto se mantenga hasta nuestra reunión pública de junio».
«A medida que el alcance operativo de CISA se expandía más hacia territorio inconstitucional, la agencia y sus asesores trataron de cubrir sus huellas y encubrir la censura de CISA sobre la expresión doméstica y la vigilancia de la actividad de los ciudadanos estadounidenses en las redes sociales», dice el informe.
A medida que aumentaba la conciencia pública del papel de la CISA en la censura gubernamental, la CISA eliminó de su sitio web las referencias a la » información errónea» y la «desinformación» nacionales. Anteriormente, en una sección titulada «¿Qué es la MDM?» se afirmaba que «los actores de amenazas extranjeras y nacionales utilizan las campañas de MDM para causar caos, confusión y división. Estos actores malignos buscan interferir y socavar nuestras instituciones democráticas y la cohesión nacional”.
“Ahora, la misma URL redirige a una página diferente titulada ‘Operaciones de influencia extranjera y desinformación’, que omite cualquier referencia a MDM ‘nacional’”, dice el informe.
La investigación del Comité Judicial de la Cámara y el Subcomité Selecto sobre Uso del Gobierno Federal como un Arma está en curso. Su informe se produjo después de que el subcomité selecto celebrara dos audiencias sobre la censura de las redes sociales y publicara un informe provisional que expone la «campaña de acoso políticamente motivada de la Comisión Federal de Comercio contra el Twitter de Elon Musk».
The Epoch Times contactó a CISA para recibir sus comentarios.
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