Una comisión del Congreso de Estados Unidos, dirigida por legisladores bipartidistas, ha pedido al gobierno de Trump que sancione a los funcionarios chinos involucrados en atrocidades contra los derechos humanos.
También instó a Estados Unidos a incorporar las preocupaciones sobre los derechos en todas las interacciones con el régimen chino, incluso en las discusiones comerciales.
Las recomendaciones formaban parte de un informe anual de derechos humanos de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC), publicado el 8 de enero. En él se constató que los derechos humanos y el estado de derecho en China seguían empeorando en 2019.
“El aumento del autoritarismo en China es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI”, dijo el representante Jim McGovern (D-Mass.), presidente de la CECC, en una sesión informativa para la prensa sobre el informe, que tuvo lugar el miércoles en Washington.
El informe de 323 páginas pide una acción fuerte y una respuesta de todo el gobierno para contrarrestar los abusos del régimen, lo que incluye la supresión sostenida de los grupos religiosos —como los practicantes de Falun Gong, los cristianos y los musulmanes uigures— y los activistas laborales; la expansión de la vigilancia de alta tecnología para el control social; y la influencia política y las campañas de censura en el extranjero.
Durante las últimas décadas, el régimen chino ha “ampliado un costoso y elaborado sistema autoritario diseñado para intimidar, censurar e incluso encarcelar a los ciudadanos chinos por ejercer sus derechos humanos fundamentales”, dice el informe.
“La gente quiere libertad en China,” dijo el miércoles el representante Chris Smith (R-N.J.), comisionado de la CECC, a NTD, un medio afiliado de The Epoch Times. “Ellos merecen la libertad. Merecen privacidad. Y merecen poder practicar —ya sea Falun Gong o el cristianismo o el budismo tibetano o los musulmanes— su fe”.
La comisión recomendó que la administración desarrolle puntos de discusión para los funcionarios de Estados Unidos que se relacionan con China, incluyendo representantes comerciales, que “vinculen consistentemente las libertades de prensa, expresión y asociación con los intereses de Estados Unidos y China”.
“Cada delegación que viene aquí, cada interfaz con cualquiera en el gobierno chino (…) los derechos humanos tienen que estar en la punta de la lengua”, dijo Smith.
El informe pide que se impongan sanciones a los funcionarios chinos responsables de los abusos de los derechos humanos en virtud de la Ley Magnitsky Global. La legislación federal autoriza al gobierno de Estados Unidos a castigar a los extranjeros que violan los derechos humanos, congelando sus activos en Estados Unidos y prohibiendo su entrada al país.
El año pasado, Estados Unidos promulgó, con el apoyo abrumador de ambas cámaras del Congreso, la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que incluía disposiciones que allanaban el camino para la imposición de sanciones contra los funcionarios chinos y de Hong Kong responsables de los abusos de derechos en la ciudad.
El año pasado también se aprobaron en la Cámara de Representantes y el Senado versiones de un proyecto de ley sobre derechos humanos dirigido a funcionarios por las atrocidades cometidas contra las minorías musulmanas en la región noroccidental de Xinjiang. McGovern dijo que esperaba que un proyecto de ley pactado avanzara “esperemos que pronto” en ambas cámaras, y que esperaba que el presidente Donald Trump lo firmara.
La comisión también recomendó restringir el acceso a los mercados de capital de Estados Unidos a las empresas chinas que proporcionan apoyo o capacidad técnica que faciliten los abusos de derechos humanos del régimen chino.
Para contrarrestar la influencia del régimen chino en los Estados Unidos, la Comisión asesora de Examen Económico y de Seguridad EE.UU.-China (USCC) dijo que la administración debería aumentar el escrutinio de sus operaciones de influencia y expandir la recolección de información sobre los agentes de Beijing.
Al mismo tiempo, tal estrategia necesita “evitar fomentar una atmósfera de sospecha injusta de los chino-estadounidenses que a menudo son blanco de operaciones de influencia política coercitivas”, señaló el informe.
El Congreso también debería exigir a las universidades, centros de investigación y otras organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos que informen de los regalos o contribuciones que superen los 10,000 dólares de fuentes extranjeras, según el informe.
En respuesta al creciente “autoritarismo digital” del régimen, el informe dice que Estados Unidos debe encabezar un esfuerzo mundial para desarrollar un conjunto de principios para asegurar que el desarrollo de inteligencia artificial no infrinja los derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad.
La administración también debe ampliar las “alianzas mundiales” para promover los derechos humanos con países y organizaciones afines, dijo la CECC. Por ejemplo, podría coordinar respuestas cuando el gobierno chino utiliza organismos internacionales “para socavar las normas de derechos humanos y cierra la discusión sobre sus fracasos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
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