WASHINGTON —Expertos indicaron a The Epoch Times que la victoria del presidente electo Donald Trump el 5 de noviembre supone el fin de múltiples procesamientos en su contra y excluye de hecho la posibilidad de que cumpla alguna pena de prisión relacionada.
Trump ya ha dicho que despedirá rápidamente al hombre a cargo de sus procesamientos federales —el abogado especial Jack Smith— en cuanto entre en funciones.
Mientras tanto, volver a asumir la presidencia le ha otorgado protecciones más allá de lo que la Corte Suprema le concedió en su fallo de inmunidad presidencial este año, dijeron los expertos.
He aquí un desglose de las implicaciones legales y los próximos pasos en sus cuatro casos en Georgia, Florida, Washington y Nueva York.
No está claro cómo continuará exactamente el proceso previo al juicio en la corte de la jueza de distrito del Distrito de Columbia Tanya Chutkan, pero sigue siendo casi seguro que el caso nunca llegará a juicio.
«Ya han pedido que se desestime la imputación», declaró a The Epoch Times el vicepresidente de la Heritage Foundation, John Malcolm. «Todo lo que tendrían que hacer es complementarla basándose en la separación de poderes».
Peter Carr, portavoz de la oficina del abogado especial, no quiso hacer comentarios, pero remitió a The Epoch Times a un memorando de 2000 de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
En él se afirma que «la imputación o el procesamiento penal de un presidente en ejercicio socavaría inconstitucionalmente la capacidad del poder ejecutivo para desempeñar las funciones que le asigna la Constitución».
Neama Rahmani, ex fiscal federal, declaró a The Epoch Times que el propio Smith debería retirar el caso.
«Smith debería desestimar el caso, y si no lo desestima, la defensa debería presentar una moción de desestimación, que espero que la jueza Tanya Chutkan conceda», dijo a The Epoch Times Rahmani, que sirvió en el Departamento de Justicia del expresidente Barack Obama.
Añadió que Trump también podría solicitar la suspensión de todos los procedimientos previos al juicio hasta su presunta toma de posesión en enero.
En el caso de los documentos de Florida, la jueza Aileen Cannon desestimó la imputación de Smith contra Trump este verano, razonando que el nombramiento de Smith era inconstitucional.
Su opinión surgió a raíz de preocupaciones similares surgidas tras la opinión concurrente del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas en el caso Trump vs Estados Unidos, la decisión que sostuvo que los presidentes gozan de inmunidad frente al procesamiento penal.
Trump ha citado ambas opiniones en su petición de que Chutkan desestime el caso de Washington.
Si bien ambos casos están casi con certeza en el olvido, es poco probable que ninguno de ellos siente un precedente nacional sobre la legalidad del nombramiento de Smith como fiscal especial.
«Creo que Cannon habría desestimado el caso de todos modos basándose en la inmunidad presidencial», dijo Rahmani.
Al igual que el caso de Washington, es probable que el caso de los documentos clasificados de Florida sea desestimado por la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 11º Circuito, donde Smith está intentando actualmente apelar la decisión de Cannon.
Su fallo señalaba cómo el Congreso dejó expirar en 1999 la Ley de Asesores Independientes, que permitía al Departamento de Justicia nombrar fiscales especiales.
Aunque Smith señaló otras leyes para justificar su nombramiento, Cannon rechazó esos argumentos.
El estatus de Smith como abogado especial, y no como abogado independiente, significaba que estaba sujeto a las regulaciones del Departamento de Justicia y no podía continuar con sus casos contra Trump aunque quisiera hacerlo, indicó Malcolm.
Un portavoz de la oficina del abogado especial no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la publicación.
Condena en Nueva York
Un jurado declaró culpable a Trump en mayo de 34 cargos que fueron clasificados como delitos menores que, sin embargo, conllevan la posibilidad de penas de cárcel. El caso también se enfrentó a un intenso escrutinio legal y muchos, incluido Malcolm, especularon con que podría ser revocado en apelación.
El juez que supervisa el caso, Juan Merchan, de la Corte Suprema de Nueva York, fijó la fecha de la sentencia para finales de este mes, pero podría retrasarse.
Merchan aún tiene que pronunciarse sobre los argumentos de Trump en torno a la inmunidad presidencial. Se espera una decisión al respecto el 12 de noviembre.
En septiembre, un juez federal declaró que pensaba que los pagos a la actriz adulta Stephanie Clifford «eran actos privados, no oficiales, fuera de los límites de la autoridad ejecutiva».
Esa sentencia, sin embargo, se produjo como parte de una denegación de la solicitud de Trump de alivio de emergencia de los procedimientos en la corte estatal y no excluyó la capacidad de Trump para presentar argumentos relacionados con la inmunidad en otros tribunales.
Incluso si Merchan decidiera condenar a Trump, es probable que esa sentencia se encontrara con un rechazo sustancial basado en argumentos constitucionales.
Expertos dijeron previamente a The Epoch Times que la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos impediría que Trump cumpla condena en prisión mientras esté en el cargo.
«La Cláusula de Supremacía deja claro que los estados no pueden interferir con la capacidad del presidente para llevar a cabo su trabajo, y … el presidente no puede hacer lo que tiene que hacer para dirigir el país desde la cárcel», dijo Malcolm a The Epoch Times el 6 de noviembre.
«El Servicio Secreto no podría garantizar su seguridad en prisión, por lo que no va a ver el interior de una celda aunque se confirme la condena».
Rahmani puso en duda que la Cláusula de Supremacía tuviera ese efecto, señalando que «estamos en aguas legales inexploradas».
No obstante, dijo que «no sería apropiado» condenar a Trump a prisión dada su falta de antecedentes penales, añadiendo que era probable que Trump fuera multado.
Rahmani dijo que Merchan también podría permitir a Trump apelar la condena, pero que ese tipo de apelaciones eran poco frecuentes.
«Es más probable que Trump sea multado y condenado a ninguna pena y que tenga que apelar la condena», dijo. «Todo esto no tiene precedentes y estamos en aguas legales desconocidas».
La imputación de Fani Willis en Georgia
Al igual que Trump, la fiscal que lo acusa en Georgia ganó la reelección este mes.
Sin embargo, es poco probable que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, pueda continuar su acusación contra Trump, incluso si gana en la corte de apelaciones donde la defensa busca su deshabilitación del caso.
Una audiencia sobre ese asunto está prevista para principios de diciembre y podría llegar a la Corte Suprema de Georgia.
Al igual que en el caso de Nueva York, seguir adelante con el proceso contra Trump en Georgia crearía posibles conflictos con la Constitución de Estados Unidos.
Malcolm dijo que la Cláusula de Supremacía probablemente interferiría con el intento de Willis de continuar el enjuiciamiento, pero señaló que la cuestión de que los fiscales estatales continúen contra los presidentes era una «cuestión totalmente nueva».
«No hay nada que impida a un fiscal estatal procesar a un presidente en ejercicio», dijo el abogado de defensa criminal de Georgia Keith Johnson a The Epoch Times, «especialmente cuando ese individuo era el presidente cuando se produjo el presunto delito».
Malcolm añadió que el caso podría quedar en «suspenso» o estancado sin que prescriba, lo que deja abierta la posibilidad de que continúe un proceso contra Trump después de que termine su segundo mandato.
«Si ella desestimara la imputación y luego tratara de acusarlo de nuevo después de que el estatuto de limitaciones hubiera corrido, entonces no tendría suerte», dijo.
«Pero si lo acusó dentro del plazo de prescripción, y el caso está básicamente congelado en el tiempo, eso no presentaría un problema de prescripción».
Rahmani cuestionó la eficacia de ese tipo de medida de Willis, afirmando que Trump podría plantear objeciones basadas en los derechos de los acusados a un juicio rápido.
Johnson duda que la imputación siga adelante, pero también cuestionó la defensa del juicio rápido.
Dijo que si bien Trump podría hacer valer el derecho a un juicio rápido en virtud de la Constitución de EE. UU., efectivamente renunció a ello en virtud de la ley estatal.
También es cuestionable hasta qué punto el público apoyaría continuar la imputación contra Trump.
«La aplastante victoria de Trump me lleva a creer que la gente no estaba persuadida de que es un delincuente no apto para el cargo», dijo Rahmani.
Malcolm dijo que veía las elecciones como una especie de referéndum sobre los procesamientos contra Trump.
«Creo que mucha gente sintió como si estos fueran … procesamientos politizados, y creo que [la gente] lo juzga más como una víctima que como un delincuente».
El ex fiscal general William Barr, que ha sido crítico con Trump, dijo de manera similar que los fiscales deberían abandonar los casos contra Trump.
«El pueblo estadounidense ha emitido su veredicto sobre el presidente Trump y le ha elegido de forma decisiva para dirigir el país durante los próximos cuatro años», dijo Barr a Fox News Digital. Barr dirigió el Departamento de Justicia en la era Trump.
«Lo hicieron con pleno conocimiento de las demandas contra él por parte de fiscales de todo el país y creo que el fiscal general [Merrick] Garland y los fiscales estatales deberían respetar la decisión del pueblo y desestimar los casos contra el presidente Trump ahora».
Otros acusados
Trump era una de las 19 personas acusadas en la fiscalía de Willis el año pasado.
Entre los coacusados que figuraban en la lista había exasesores de Trump, como Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete, Mark Meadows.
Johnson duda que Willis desista voluntariamente de perseguir a Trump o a sus coacusados, pero señaló que Meadows y otros carecen del nivel de protección que Trump se aseguró con su victoria electoral.
«Creo que va a seguir adelante», dijo Rahmani a The Epoch Times, refiriéndose al caso contra los coacusados.
Al margen de la posible inhabilitación de Willis, el caso de Georgia se enfrentó a otro revés después de que el juez que supervisaba ese caso, el juez de la Corte Superior del condado de Fulton Scott McAfee, desestimara en septiembre dos cargos de la imputación, con lo que solo quedaban cinco de los 13 cargos penales originales.
Los expertos coincidieron en que Trump no podía indultar a sus coacusados al asumir el cargo, dado que su poder de indulto no se extiende a los procesos a nivel estatal.
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