Con resistencia de Podemos congreso español aprueba propuesta para condenar y sancionar a Nicaragua

Por Anastasia Gubin
22 de Diciembre de 2020
Actualizado: 22 de Diciembre de 2020

Una proposición no de Ley del Congreso de España relativa a la represión de los disidentes y la violación a los derechos humanos en Nicaragua fue aprobada el 21 de diciembre tras un acalorado debate y sin los votos a favor del grupo político Unidas Podemos.

El proyecto fue presentado el 1 de diciembre por el Grupo Parlamentario Popular por las diputadas María Valentina Martínez Ferro, Marta González Vázquez y Belén Hoyo Juliá. Luego de ser publicado (pdf) por la Comisión Exteriores, este lunes recibió 29 votos a favor (Vídeo), incluidos los de PP, Vox, Ciudadanos y PSOE;  4 votos en contra y 2 abstenciones. No recibió los votos de Podemos, según el recuento observado por Europapress.

La proposición insta a España “condenar clara y rotundamente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y la aprobación de leyes que suponen un evidente atropello de los derechos políticos y civiles”.

Además exige a Ortega, quien gobierna con su esposa Rosario Murillo, “el fin de la represión y la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos arbitrariamente encarcelados” .

A las instituciones de la Unión Europea (UE) les exige aplicar de forma efectiva las “sanciones unipersonales” a los líderes nicaragüenses responsables y pronunciarse “para que condicione el reconocimiento de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2021 en Nicaragua” a un mínimo de garantías democráticas. 

También solicita a la UE dar “cumplimiento de la cláusula democrática” firmada por Nicaragua en el acuerdo que rige las relaciones entre la Unión Europea y los países de la ACP (Estados de África, Caribe y Pacífico).

 La diputada Martínez dijo ante la Cámara y los votantes que todos deberían aprobar la propuesta.

“Nicaragua vive desde el 2012 una terrible dictadura tan corrompida y tan autoritaria como la dictadura de Somosa. Daniel Ortega y Rosario Murillo están respaldando un régimen del terror en que opositores políticos (…)y cualquier ciudadano que diciente, sufre de las hordas feministas y un aparato oficial de represión que pretende instalar el miedo y el silencio en cada uno de los pueblos”, dijo Martínez.

Víctor González, diputado de Vox, señaló que la propuesta “vamos a apoyarla”. Sobre Ortega y Murillo dijo que ambos “son unos criminales que tienen que ser puestos a disposición judicial”. Según el diputado, además de ser multimillonarios con una cuestionada fortuna calculada en miles de millones, a ambos se les atribuyen “asesinatos y tortura y todo tipo de vejaciones”.

“La pregunta que me hago es por qué los señores de Unidas Podemos constantemente defienden a estos sátrapas, criminales, narco gobiernos de hispanoamérica”, dijo González en el debate (vídeo) antes de la votación, acusando a continuación al director de la Fundación Podemos, Juan Carlos Monedero por su presunta relación con Ortega. “A lo mejor defienden Nicaragua porque Monedero recibió fondos de Nicaragua”.

“Esperamos que estos sátrapas que han llevado a sus pueblos a la ruina sean puestos a disposición judicial”, señaló el diputado de Vox.

González también increpó al diputado Enrique Santiago, del grupo Unidas Podemos, por defender al expresidente de Ecuador Rafael Correa -aliado de Ortega- argumentando que fue sentenciado a ocho años de prisión por delincuencia organizada y soborno en “sentencia confirmada”.

Santiago respondió que todos tienen derecho a ser defendidos. “Para mi en mi caso defender al presidente Correa ha sido un honor y además lo he defendido gratuitamente”. Sus palabras recibieron nuevas contestaciones de Vox por presuntos fondos recibidos del abogado.

La propuesta no de ley, que fue publicada en Boletín español incluye varios ejemplos de la actuación del líder de Nicaragua Daniel Ortega y su esposa Murillo.

“En octubre de este mismo año, el Parlamento de Nicaragua, leal al sandinismo, aprobó la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, destacando que con ella se “erradica la libertad de expresión y de prensa, imponiendo penas de cárcel y multas a aquellos periodistas y publicaciones que, a juicio del régimen, puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional”, dice la propuesta de condena y sanciones.

También denuncia que Ortega está aplicando la Ley contra el Odio, como parte de una reforma constitucional.

Esta ley “prevé la cadena perpetua como castigo a la disidencia política, lo cual supone un claro atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses y cercena el pluralismo político al tiempo que pretende perpetuar el régimen de Daniel Ortega”.

El entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa (der), el presidente nigaragüense Daniel Ortega (3º der) y el líder cubano Raúl Castro (izq) durante una masiva manifestación en la Plaza de la Revolución de La Habana en honor al difunto líder comunista Fidel Castro. (Juan Barreto/AFP vía Getty Images)

En un comunicado de prensa del 21 de diciembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que “el presidente Ortega y su régimen priorizan la ganancia personal y el poder sobre las peticiones de reforma de los nicaragüenses”.

Mnuchin hizo el comentario tras publicar nuevas sanciones a tres miembros del régimen de Nicaragua, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Los sancionados son el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar García; un diputado de la Asamblea Nacional, Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado; y un jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez.

Las sanciones son “un esfuerzo para actuar contra los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Ortega a socavar la democracia de Nicaragua. Cada uno de los individuos designados hoy es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera con el fin de apoyar la identificación sistemática, la intimidación y el castigo de la oposición política por parte del régimen de Ortega”.

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