Funcionarios del condado más grande de Arizona instaron el lunes al Senado estatal a poner fin a una auditoría que está revisando las papeletas de votos electorales emitidas en las elecciones presidenciales de 2020 y las máquinas que se utilizaron en el conteo.
«Es hora de terminar con esto. Por el bien del Senado, por el bien del país y por el bien de las instituciones demócratas que nos definen como estadounidenses», escribió la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa junto a otros dos funcionarios del condado a la presidenta del Senado republicano de Arizona, Karen Fann.
En el documento de 14 páginas, la Junta, compuesta mayoritariamente por republicanos, procuró contrarrestar las acusaciones de los auditores de que el condado entregó casi 2.1 millones de papeletas sin la debida documentación de la cadena de custodia y con discrepancias en algunos lotes de papeletas.
Además, los auditores dijeron que encontraron que fue borrado un directorio de base de datos completo de una máquina electoral.
La Junta dijo que las acusaciones eran «falsas, difamatorias y por debajo de la dignidad del Senado». Los miembros dijeron que habían proporcionado la documentación adecuada de la cadena de custodia al enlace del Senado estatal, el exsecretario de Estado republicano, Ken Bennett. También dijeron que cada caja estaba sellada con cinta adhesiva a prueba de manipulaciones o con «cinta estándar de embalaje transparente y resistente» y que las supuestas discrepancias en los lotes se debían a un malentendido sobre el funcionamiento de la tabulación electoral.
Los miembros de la Junta impugnaron la afirmación de la eliminación de la base de datos, alegando que no se eliminó ningún dato el 12 de abril.
En la carta, reiteraron que no podían presentar las contraseñas para acceder a las funciones administrativas de las máquinas de Dominion Voting Systems porque Dominion no les da dichas contraseñas. Dominion dijo la semana pasada que no daría a los auditores las contraseñas. Dominion sí dio las contraseñas a dos empresas que realizaron una auditoría para el condado a principios de este año porque ambas están acreditadas por la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, dijo el condado.
El registrador del condado, Stephen Richer, un republicano, indicó a los miembros en una reunión el lunes de que fue testigo de la transferencia de todas las bases de datos electorales al Senado y que las contraseñas de Dominion no son necesarias para ejecutar cualquier operación, incluyendo las elecciones.
«Esto es como si pudieras ejecutar Microsoft Windows en tu ordenador sin tener acceso al código fuente de Microsoft Windows», dijo.
La junta también siguió negándose a proporcionar routers o imágenes de routers a los auditores.
El presidente del Senado estatal, Fann, no respondió a una consulta.
«A través de los medios de comunicación, el presidente recibió una carta del condado. Fuera de los insultos innecesarios me alegro de ver una respuesta. Lamentablemente esta no está de acuerdo en cumplir con la orden de comparecencia o responder plenamente a todas sus preguntas».
Fann compartió la publicación en su cuenta de Twitter.
La postura del condado no afecta a la auditoría que se realiza en el Arizona Veterans Memorial Coliseum, actualmente en suspenso mientras se celebran las graduaciones de los institutos. Los auditores volverán a entrar en las instalaciones la próxima semana.
El condado de Maricopa se ha resistido durante mucho tiempo a que se audite su material electoral, llevando el asunto a los tribunales después de que el año pasado se emitieron las órdenes de comparecencia. Sin embargo, un juez del condado dictaminó en febrero que las órdenes de comparecencia son válidas y deben ser obedecidas.
En las órdenes de comparecencia figuran los enrutadores y el acceso a las máquinas electorales.
Fann advirtió que citaría a los funcionarios del condado de Maricopa por su negativa a cumplir plenamente las órdenes, pero la semana pasada desistió y, en su lugar, expuso sus preocupaciones en una carta y pidió a los funcionarios a que asistan a una reunión el 18 de mayo, para responder a sus preguntas.
Los funcionarios del condado dicen en su nueva carta que no asistirán a la reunión.
El supervisor, Bill Gates, del GOP, dijo el lunes que la junta respetaba la decisión del juez pero añadió que no participará en «un teatro político» al unirse a la reunión.
«El Senado de Arizona es mejor que eso. La Junta de Supervisores del Condado de Maricopa es mejor que eso», dijo.
El presidente, Jack Sellers, republicano, indicó que el condado ya no cooperará con el Senado estatal ni con sus auditores.
«Esta junta terminó de dar explicaciones a estas personas que están jugando a ser investigadores con las papeletas de nuestros electores y con el equipo pagado con los impuestos de la gente real», dijo.
«Espero que el presidente del Senado, Fann, dé un paso adelante, muestre algo de coraje político y se deshaga de estos contratistas que no tienen nada que hacer en el Coliseo», añadió el supervisor Steve Gallardo, un demócrata.
El desafío de la junta directiva irritó a algunos republicanos.
Kelli Ward, presidenta del Partido Republicano de Arizona, dijo en un vídeo que los miembros de la junta «se ven a sí mismos por encima de la ley, por encima de la revisión, por encima del reproche».
«¿Quién da a estos funcionarios locales el derecho a desafiar la autoridad constitucional del Senado de Arizona y de los tribunales de Arizona?», se preguntó.
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