Al menos uno de los tres condados objeto de una investigación forense de las elecciones presidenciales de 2020 en Pensilvania ha dicho que no permitirá el acceso a sus máquinas de votación.
El senador de Pensilvania Doug Mastriano, presidente del Comité de Operaciones Intergubernamentales, envió cartas a los funcionarios electorales de tres condados de Pensilvania, Filadelfia, York y Tioga, solicitando el acceso a las máquinas de votación y a la información que se utilizará como prueba en un análisis forense de las elecciones de 2020.
Los comisionados del condado de Tioga decidieron no proporcionar el acceso después de recibir una directiva del Departamento de Estado de Pensilvania que ordenaba a las juntas electorales de los condados no proporcionar ningún acceso a terceros que quisieran examinar los sistemas o sus componentes.
Además, advirtió que si los condados permiten el acceso, se considerará que el equipo de votación ya no es seguro ni fiable para utilizarlo en futuras elecciones. El departamento descertificaría el costoso equipo electoral y los condados tendrían que comprar nuevas máquinas de votación por su cuenta.
«Nos han indicado que no podemos dar acceso o descertificarán nuestras máquinas», dijo el procurador del condado de Tioga, Christopher Gabriel, al Epoch Times. «El estado hizo dos auditorías después de las elecciones. No se encontró nada significativo».
Los condados de York y Filadelfia aún no han hecho públicas sus intenciones; cada condado tiene hasta el 31 de julio para responder por escrito a la solicitud de acceso.
«El Comité de Operaciones Intergubernamentales no ha recibido una respuesta formal por escrito que indique la negativa a cumplir por parte de ninguno de los tres condados que recibieron cartas del comité», dijo Mastriano el jueves en una respuesta escrita a The Epoch Times. «Tenemos la intención de seguir adelante con nuestro plan para investigar estos condados».
«Tenemos graves preocupaciones de que la Administración Wolf continúe armando el Departamento de Estado al igual que lo hicieron en 2020. En este caso, el departamento está siendo utilizado para intimidar a los funcionarios del condado y obstruir una investigación forense dirigida por el Senado sobre las elecciones de 2020 y 2021», dijo Mastriano. «Esta amenaza, disfrazada de directiva a todos los condados de Pensilvania, es un ataque a la autonomía de los funcionarios locales y al poder de la Asamblea General para revisar, investigar y legislar en asuntos dentro de su autoridad legislativa, que incluye el sistema electoral de Pensilvania. La Legislatura tiene una clara autoridad —tanto estatutaria como constitucional— para supervisar y emitir citaciones».
Mastriano volvió a cuestionar la autoridad del Departamento de Estado para hacer cumplir esa directiva a través de la secretaria en funciones, Veronica Degraffenreid, que aún debe presentarse ante el Senado para ser confirmada oficialmente.
El fiscal general demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en un tuit que el esfuerzo no es una auditoría real, sino el proyecto favorito de un hombre.
«Si este senador estatal sigue adelante y emite una citación legal, eso se litigaría», dijo Shapiro en una entrevista con los medios. «Estoy seguro de que ganaríamos el litigio, protegeríamos la voluntad del pueblo y protegeríamos a los contribuyentes de Pensilvania, que al final del día, no solo sufrirían una pérdida de privacidad, sino un coste de millones de dólares».
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