El presidente del Caucus Freedom de la Cámara de Representantes, Scott Perry (R-Pa.), confirmó que recibió su teléfono móvil de vuelta del FBI después de que la agencia se lo incautara hace unos días.
El 9 de agosto, un día después de allanar la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida, los agentes del FBI se llevaron el teléfono de Perry como parte de otra investigación. En ese momento, Perry estaba de viaje con su familia. En declaraciones al Washington Examiner el 12 de agosto, el miembro del Partido Republicano confirmó que recibió su teléfono.
Perry no fue informado del por qué el teléfono fue confiscado por el FBI. Sin embargo sus abogados le dijeron que no era un objetivo de investigación del FBI.
«Yo les he ordenado que cooperen con el Departamento de Justicia para garantizar que obtengan la información a la que tienen derecho, pero que protejan la información a la que no tienen derecho, incluidas las comunicaciones que están protegidas por la cláusula de expresión y debate de la Constitución de Estados Unidos», dijo el representante.
Tras la incautación, criticó a los agentes del FBI por no haber hecho ningún intento de ponerse en contacto con su abogado, que habría hecho gestiones para entregar el teléfono si la agencia lo necesitaba.
Perry dijo a través de una declaración que aunque estaba indignado «no le sorprendía» que el FBI, bajo la dirección del Departamento de Justicia del fiscal general Merrick Garland, incautara el teléfono de un miembro activo del Congreso.
Además afirmó que su teléfono contenía información sobre actividades políticas y legislativas, así como conversaciones privadas con sus familiares, amigos y electores, nada de lo cual es «asunto del gobierno».
«El Departamento de Justicia optó por esta acción innecesaria y agresiva en lugar de simplemente ponerse en contacto con mis abogados», dice la declaración del congresista. «Este tipo de tácticas de república bananera deberían preocupar a todos los ciudadanos».
Acción sin precedentes
En una entrevista con NTD, Greg Shaffer, agente retirado del FBI del equipo de élite de rescate de rehenes, dijo que el FBI necesita tener un permiso especial para incautar cualquier propiedad perteneciente a miembros del Congreso, miembros del clero, abogados u otras personas que manejen información privilegiada. La incautación del teléfono de Perry fue una «demostración de fuerza» del gobierno de Biden.
«Para que un agente del FBI se acerque a un congresista en ejercicio y se lleve su teléfono móvil (…) eso debió ser aprobado al más alto nivel en el FBI y el Departamento de Justicia», indicó Shaffer. «Eso es muy, muy difícil de hacer. No tiene precedentes».
No está claro si hay una relación entre la incautación del teléfono de Perry y la redada en la casa de Trump. En declaraciones a The Epoch Times, Perry señaló que la separación de poderes es una barrera que mantiene controlados los tres poderes del Estado.
Al tomar el control de un teléfono perteneciente a un miembro del Congreso en funciones, el Departamento de Justicia, «tal vez por primera vez en la historia, se está preparando para perforar ese velo».
Con la contribución Darlene McCormick.
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