La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) presentó un proyecto de ley el jueves para que se prohíban los pasaportes de vacunas.
La Ley We Will Not Comply (No Cumpliremos) prohibiría los llamados pasaportes de vacunas, o documentos que muestren quién ha sido vacunado contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino) que causa el COVID-19. Los pasaportes han sido objetos de criticas por grupos a favor de la privacidad como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
La iniciativa de Greene probablemente no será tomada por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas y, de ser así, tiene una posibilidad remota de ser aprobada. «Esto impediría que cualquier empresa involucrada en el comercio interestatal discrimine a una persona en función de su estado de vacuna contra COVID-19», esto bloquearía los fondos federales para un mandato de vacunación para los empleados, un mandato de vacunación para estudiantes que asisten a escuelas y mandatos sobre organizaciones o deportes—o “cualquier persona que exprese una objeción religiosa”, según un comunicado de prensa de su oficina.
También prohibiría al gobierno exigir una vacuna contra el virus del PCCh para obtener un pasaporte de EE. UU. y «evitar que las compañías aéreas le nieguen a alguien volar en función de su estado de vacunación [contra] COVID-19», así como «introducir la posibilidad de demandar si una persona ha sido discriminada por su estado de vacunación o por el cumplimiento del [uso] de la mascarilla”, escribió su oficina.
La idea de un pasaporte de este tipo ha sido planteada públicamente por grandes corporaciones, mientras que las noticias anónimas de esta semana indicaron que la administración Biden estuvo trabajando en tal propuesta. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al responder a esas noticias, dijo que la administración, en cambio, «proporcionará orientación» acerca de la labor para desarrollar pasaportes de vacunas o sistemas similares.
“Actualmente existe un proceso interinstitucional que analiza muchas de las cuestiones relacionadas con la verificación de vacunas, y ese tema afectará a muchas agencias, ya que la verificación es un tema que potencialmente afectará a muchas áreas de la sociedad. Esa es la directriz que proporcionaremos. La determinación o el desarrollo del pasaporte vacunas o como quieran llamarlo será impulsado por el sector privado. La nuestra se centrará más en las directrices que se pueden utilizar como base y hay un par de principios clave con los que estamos trabajando”, dijo.
Mientras tanto, el estado de Nueva York ha propuesto su propio «Excelsior Pass» que se utilizaría en lugares a gran escala como el Madison Square Garden. El plan ha sido también objeto de criticas por grupos de libertades civiles. Israel estableció uno en febrero para otorgar a las personas acceso a gimnasios y hoteles, Islandia usa ahora un pasaporte para permitir viajes al extranjero y Arabia Saudita tiene un pasaporte basado en una app para las personas que están vacunadas.
Greene introdujo también una legislación que eliminaría el salario del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), el Dr. Anthony Fauci, a quien su oficina dijo que se le paga más de 430,000 dólares al año. El proyecto de ley prácticamente no tiene posibilidades de avanzar, pero busca “realizar un estudio sobre la correspondencia, las finanzas y los memorándums de políticas dentro del NIAID antes del COVID y hasta fines de este año. Esto nos permitirá ver qué conocimientos tenían Fauci y el NIAID, cuándo lo supieron, en qué gastaron el dinero y cómo respondió la agencia al virus”.
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