Los representantes demócratas instaron al fiscal general William Barr a liberar a los prisioneros vulnerables que están cumpliendo condena en las prisiones federales de Luisiana. La medida tiene como objetivo detener la propagación del virus del PCCh y evitar más muertes.
En una carta enviada el lunes, la presidenta del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes para el Crimen, Karen Bass (D-Calif.), y el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler (D-N.Y.), instaron al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, a utilizar la autoridad que le otorga la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (Ley CARES) para proteger a los prisioneros ancianos, enfermos y embarazadas.
Los miembros del Congreso se refirieron al centro de baja seguridad de Oakdale (Luisiana), donde un recluso murió recientemente a causa del virus del PCCh. Se informa también en dicha carta que un guardia de dicho centro está en estado grave y que otros 30 reclusos dieron positivo en las pruebas de detección del virus.
Alentaron al fiscal general Barr a hacer más para proteger a los prisioneros del virus y «liberar a tantos prisioneros como sea posible».
Los representantes dijeron que se alegraban de que el fiscal general hubiera tomado medidas para mitigar la propagación del virus del PCCh en las cárceles cuando emitió un memorando a la Oficina de Prisiones (BOP) para poner en arresto domiciliario a algunos reclusos.
«Aunque nos alentó ver que ya ha emitido una directiva al director de la BOP priorizando el confinamiento en el hogar como apropiado en respuesta a la pandemia de COVID-19», el memorando planteó varias preocupaciones para los representantes.
Los demócratas declararon que según la Ley CARES, el fiscal general debe considerar la situación como una «emergencia» antes de que la BOP pueda liberar a los reclusos.
«Como saben, antes de que la BOP pueda ejercer su autoridad bajo la Ley CARES, el fiscal general debe concluir que ‘las condiciones de emergencia afectarán claramente al funcionamiento de la Oficina [de Prisiones]».
«Le instamos a que llegue a tal conclusión inmediatamente», continuaron los representantes.
Presentaron argumentos contra el memorando, en el que Barr escribió que la prisión es el lugar más seguro para la mayoría de los presos, y que tienen acceso a la atención médica. Los legisladores no estuvieron de acuerdo y escribieron que no hay manera de aplicar el principio de distanciamiento social dentro de los confines de la prisión de manera apropiada y que el personal de salud de la BOP no tiene suficiente personal.
«Por todas estas razones, la mejor manera de asegurar que nuestras prisiones no se conviertan en epicentros de esta increíblemente virulenta, contagiosa y mortal enfermedad es liberar a tantas personas como sea posible».
En la carta se afirmaba que el criterio utilizado para decidir qué prisioneros debían ser liberados para su arresto domiciliario era defectuoso y dejaba fuera a los prisioneros de alto riesgo y de edad avanzada.
Los legisladores querían que Barr «ejerciera su autoridad para liberar a tantas personas como fuera posible bajo arresto domiciliario, bajo el programa piloto de confinamiento domiciliario de ancianos establecido en la Ley de Segunda Oportunidad».
Los demócratas insistieron en que bajo la Ley CARES, Barr debería «[poner] bajo arresto domiciliario a toda persona que actualmente está terminando su condena en un centro de reingreso residencial».
Abogaron por que se realizara la prueba del COVID 19 a los prisioneros que se trasladan de una instalación penitenciaria a otra.
Pidieron a Barr que el departamento «reuniera datos sobre cada recluso de la BOP, [especificando] si se consideraba su liberación, y si no, por qué no».
Este último impulso en Luisiana se ajusta a la tendencia de las autoridades de otros estados de liberar a los prisioneros para detener el creciente número de muertes causadas por el virus del PCCh.
La semana pasada, las autoridades de Nueva Jersey anunciaron que cientos de prisioneros serían liberados temporalmente, ya que los casos aumentaron en la vecina Nueva York. El exproductor de cine Harvey Weinstein dio positivo después de pasar un tiempo en la famosa cárcel de Rikers Island.
Según Reuters, al menos 132 reclusos y 104 empleados de las cárceles de la ciudad de Nueva York dieron positivo el sábado por el virus.
La semana pasada, las autoridades anunciaron que liberarían a 300 presos no violentos.
En California, otro punto caliente del virus, el condado de Los Ángeles ha puesto en libertad a 1700 reclusos, o aproximadamente uno de cada 10 reclusos, en respuesta al virus del PCCh.
A todos los reclusos les quedaban menos de 30 días de sentencia y estaban en la cárcel por delitos menores no violentos.
La mayor parte de la población carcelaria de América (más de 2 millones de personas) está alojada en prisiones estatales. En la actualidad hay poco más de 175,000 reclusos en prisiones federales.
Barr dijo el jueves que había ordenado a la Oficina de Prisiones que evaluara si era posible ampliar el confinamiento domiciliario «particularmente para aquellos prisioneros mayores que han cumplido partes sustanciales de su sentencia y ya no representan una amenaza y pueden tener condiciones subyacentes que los hagan particularmente vulnerables».
«Tenemos potestad en virtud de la Ley de Primer Paso y otras prerrogativas generales (…) nos permitirán el arresto domiciliario para ciertas circunstancias designadas», dijo Barr en otra conferencia de prensa. «Y he pedido y emitido un memorando hoy mismo a la Oficina de Prisiones para aumentar el uso de la reclusión domiciliaria basado en una serie de factores».
Simon Veazey contribuyó a la elaboración de este artículo.
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