El régimen de Nicolás Maduro anuló esta mañana el resultado de las elecciones primarias de la oposición que se llevaron a cabo el domingo pasado. Algunos congresistas estadounidenses reaccionaron criticando la medida del chavismo y pidiendo acción por parte de la Administración Biden.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), venezolano bajo el control de Maduro, ordenó la suspensión de «todos los efectos de las distintas fases del proceso” de las elecciones primarias, luego de que el diputado opositor José Brito interpusiera un recurso que pedía la revisión de presuntas «irregularidades».
La representante Ma. Elvira Salazar (R-Fl), instó a la administración Biden a “responder con acciones concretas” ante la sentencia del TSJ, para mantener su apoyo a “la causa de la libertad en Venezuela”, según un posteo de X, antes llamado Twitter.
El congresista Calor Giménez, se sumó a este llamado y le pidió al presidente Biden que imponga de nuevo las sanciones sobre el petróleo de Venezuela, ya que “el régimen de Maduro no es serio en cumplir el requisito de tener elecciones libres” .
Por su parte, el senador Marco Rubio (R-Fl) dijo que Maduro no tenía intención de mantener el acuerdo firmado hace unas semanas con la oposición, de respetar el resultado de las elecciones, por lo que “Estados Unidos debería revertir todo alivio de sanciones».
El representante Mario Díaz-Balart (R-Fl) también criticó las acciones de la dictadura insistió con mantener la presión sobre el régimen de Maduro y respaldar al pueblo venezolano.
El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está instando a Nicolás Maduro y a sus representantes “a cumplir los compromisos que asumieron al firmar el acuerdo de hoja de ruta política en Barbados” y que la Administración tomará medidas si dichos compromisos no se cumplen, según confirmó un vocero del Departamento en un correo electrónico a The Epoch Times.
Esto ocurre solo unos días después de que Estados Unidos levantara sanciones a la industria petrolera y del oro en Venezuela, bajo la promesa de Maduro de garantizar elecciones presidenciales competitivas que devuelvan la democracia a Venezuela.
La medida generó críticas contra la administración Biden y escepticismo, dado el historial de represión de la dictadura venezolana que ha incluido agresiones, amenazas e inhabilitaciones contra los opositores que han pretendido enfrentar a Maduro en las próximas elecciones de 2024.
Maduro «es una amenza»
El senador Rick Scott dijo en una entrevista con Carla Angola, antes de que se diera a conocer la reciente sentencia, que tanto la administración Biden como los líderes internacionales deberían reconocer a María Corina Machado como la representante de la oposición y que no debería haber ningún trato con Maduro hasta que se garantice la posibilidad de que ella compita.
Scott considera que Maduro “es una amenaza” y no es un gobernante legítimo para Venezuela. Piensa que la administración Biden se equivocó al levantar las sanciones a su régimen y dice que lo único que debería estar negociando Estados Unidos con Maduro «es cuándo va a dejar su cargo, cuándo se va a ir de Venezuela», pero que «sus matones de Cuba lo mantienen en el poder» y «lo harán muy difícil”.
De acuerdo con la sentencia de TSJ, la Comisión Nacional de Primarias (CNP), organizadora del proceso electoral opositor, deberá entregar los antecedentes administrativos de las veinticinco fases del proceso electoral, desde la convocatoria hasta las actas de escrutinio, totalización y proclamación.
También debe entregar las actas de aceptación de la candidatura de los aspirantes inhabilitados para ejercer cargos de elección popular, incluyendo a Machado, así como las renuncias de Henrique Capriles y Freddy Superlano —los candidatos inhabilitados que se retiraron de la contienda unos días antes de los comicios— o de cualquiera que haya renunciado a su candidatura.
La semana pasada, tras darse a conocer la victoria de Machado, el Ministerio Público controlado por la dictadura chavista anunció que se iniciaría una investigación contra los miembros de la CNP por presuntas irregularidades en el proceso.
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