Autoridades migratorias han revelado cifras oficiales sobre la liberación masiva de inmigrantes en Estados Unidos bajo el llamado sistema de «parole humanitario» que implementó la administración Biden el año pasado.
Alrededor de 404,000 inmigrantes fueron liberados en territorio americano bajo la medida de libertad condicional que instauró el gobierno federal para brindar protección a migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, según el reporte de estadísticas de operaciones del mes de marzo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Hasta finales de marzo de este año unos 433,00 migrantes de estas nacionalidades recibieron autorizaciones para viajar a Estados Unidos luego de ser examinados. Esto incluye a 102,000 personas procedentes de Venezuela, 86,000 de Cuba y 77,000 de Nicaragua, además de 168,000 de Haití.
El informe también indica que aproximadamente 402,000 inmigrantes llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional. Entre ellos se encuentran 154,000 haitianos, 95,000 venezolanos, 84,000 cubanos y 69,000 nicaragüenses.
No está claro a qué se debe la diferencias en estas estadísticas, ya que al parecer unos 31,000 migrantes con autorización no ingresaron al país. The Epoch Times solicitó a la CBP una aclaración sobre la diferencia, sin tener respuesta hasta la publicación de este artículo.
«La CBP analiza y responde continuamente a los cambios en los patrones migratorios, en particular la migración irregular fuera de las vías legales y los cruces fronterizos. Trabajamos con nuestros socios federales e internacionales para combatir el tráfico de personas», explica el comunicado de la CBP de este 12 de abril.
«El hecho sigue siendo: Estados Unidos continúa aplicando la ley de inmigración, y aquellos que no tengan una base legal para quedarse serán expulsados. Los inmigrantes que intentan ingresar sin autorización están sujetos a expulsión según las autoridades del Título 8″, afirma la CBP.
El DHS anunció a principios de enero del año pasado que el gobierno federal brindaría a ciertos cubanos, haitianos y nicaragüenses, que contaran con un apoyo en Estados Unidos, procedimientos para migrar al país de una manera segura, ordenada y legal, tras someterse a una investigación de seguridad y cumplir otros criterios.
A principios de este mes, una coalición de 21 fiscales generales republicanos presentó una moción ante un tribunal federal con el objetivo de detener esta política de la administración Biden que permite a 30,000 inmigrantes de cuatro países ingresar a los Estados Unidos cada mes.
La moción de reconsideración, encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el grupo jurídico conservador America First Legal (AFL), fue presentada luego que una corte federal desestimara una demanda previa en marzo por no demostrar que «Texas ha sufrido un perjuicio».
“El programa permite a estos extranjeros —después de volar más o menos hasta el destino de su elección— obtener permisos de trabajo y, en última instancia, solicitar prestaciones públicas, como cupones de alimentos y asistencia social. El programa inunda nuestro país con legiones de extranjeros ilegales que no deberían estar aquí, lo que no hace sino empeorar aún más la peor crisis de inmigración de la historia de nuestra nación”, dijo la AFL este viernes en un comunicado.
Las cifras de inmigrantes liberados a través de este sistema son alarmantes, pero aún más lo son las cifras de inmigrantes que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Desde octubre de 2023 hasta marzo de este año, la CBP ha registrado más de 1.7 millones de detenciones de inmigrantes que ingresaron al país cruzando la frontera con México. Mientras que en el año fiscal 2023, más de 3.2 millones de inmigrantes fueron detenidos.
Por otro lado, la CBP registró que desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 3 de abril de 2024, el DHS expulsó o deportó a más de 660,000 personas, según el informe de marzo. La gran mayoría de ellas había ingresado por la frontera suroeste.
El total de deportaciones y remociones superan las cifras de cada año fiscal completo desde 2011, de acuerdo con los datos del informe.
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