Un juez federal de Florida emitió una orden de restricción de dos semanas contra la política del gobierno de Joe Biden de liberar inmigrantes ilegales en Estados Unidos sin citas judiciales, apenas horas antes de que expirara la aplicación del Título 42.
T. Kent Wetherell II, un juez designado por el expresidente Donald Trump, emitió el jueves por la noche una orden de restricción temporal contra la nueva normativa de libertad bajo palabra -libertad condicional- de la administración Biden, que habría sustituido al Título 42, la medida que permitía la expulsión inmediata de los ilegales que cruzaban la frontera hacia México durante la pandemia del COVID-19.
La orden de restricción temporal entraba en vigor a partir de las 23:59 horas del jueves 11 de mayo, según los documentos presentados ante el tribunal (pdf).
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, que demandó a la administración Biden por esta política, anunció el fallo en Twitter a última hora del jueves.
«Tomamos medidas rápidas para proteger al pueblo estadounidense del plan ilegal [del presidente Joe Biden] de liberar a miles de inmigrantes ilegales, cuando, dentro de una hora, se levante el Título 42. Agradezco la rápida decisión del juez federal», escribió Moody.
La fiscal argumentó que la nueva política es «materialmente idéntica» a un programa similar, conocido como Libertad condicional más Alternativa a la Detención (Parole + ATD), que fue considerada ilegal por una corte de Florida en marzo.
El juez estuvo de acuerdo, escribiendo en su fallo que la política era «materialmente indistinguible» de Libertad Condicional + ATD, «tanto en su propósito» para reducir el hacinamiento en los centros de detención y «forma de operación».
Política de la Administración Biden
Según la nueva política descrita en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes ilegales detenidos podrían ser puestos en libertad en Estados Unidos tras su procesamiento sin recibir un número de registro de extranjero ni una cita con el juez.
El memorando que esboza la política establece que el secretario Alejandro Mayorkas tiene la autoridad para «poner en libertad bajo palabra a ciertos no ciudadanos en los Estados Unidos» temporalmente, «sobre una base de caso por caso, dadas razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo».
La nueva política se fijó para sustituir a la orden de salud pública del Título 42, que expiraba a medianoche, para permitir la liberación de los ilegales que cruzan la frontera en virtud de una «libertad bajo palabra, con condiciones».
«La norma no contempla que el extranjero sea puesto bajo custodia en las instalaciones [del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] y, como era el caso con la política de Libertad Condicional+ATD, los extranjeros liberados bajo la política impugnada no tendrían un ‘caso’ de inmigración que pueda ‘continuar siendo tratado’ después de que los propósitos de la libertad condicional hayan sido cumplidos», escribió Wetherell en su fallo, que fue emitido apenas unas horas antes de que el Título 42 expirara, y mientras miles de migrantes esperan en el lado mexicano de la frontera.
La administración Biden argumentó que la nueva política es una respuesta a «un momento de crisis en la frontera», y que bloquear la autoridad de libertad bajo palabra del DHS «en la víspera de la crisis» podría «causar el caos y socavar la seguridad de la frontera y la seguridad de los agentes fronterizos».
Sin embargo, el juez Wetherall dijo que esta «retórica suena hueca» porque «este problema es en gran parte de la propia creación [de la administración Biden] a través de la adopción y aplicación de políticas que han fomentado la llamada ‘migración irregular’ que se ha convertido en bastante regular en los últimos 2 años».
«La frontera no está abierta», dice Mayorkas
En la medianoche del jueves, al expirar el Título 42, Mayorkas emitió una declaración en video diciendo que los migrantes que lleguen a la frontera sin usar «una vía legal» no serán elegibles para asilo y enfrentarán «consecuencias más duras».
«Estamos listos para procesar humanamente y expulsar a las personas sin una base legal para permanecer en los EE. UU.», dijo Mayorkas en el video. «No crean las mentiras de los contrabandistas. Las personas que no utilicen las vías legales disponibles para entrar en EE. UU. se enfrentan ahora a consecuencias más duras, incluyendo una prohibición de reingreso de un mínimo de cinco años y un posible enjuiciamiento penal».
Mayorkas dijo que hay 24,000 agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste, así como miles de tropas, contratistas y oficiales de asilo.
«No crean las mentiras de los contrabandistas. La frontera no está abierta», dijo el secretario en una declaración escrita.
Starting tonight, people who arrive at the border without using a lawful pathway will be presumed ineligible for asylum. We are ready to humanely process and remove people without a legal basis to remain in the U.S. (1/4) pic.twitter.com/JnpSw6793v
— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) May 12, 2023
El jueves en la mañana, Mayorkas se enfrentó a un interrogatorio de los periodistas de la Casa Blanca sobre la crisis fronteriza y el desafío legal de Florida al programa de libertad bajo palabra del DHS. El secretario cuestionó los motivos del desafío legal de la fiscal Moody contra el programa de libertad bajo palabra, que Mayorkas dijo que se utiliza para «liberar a una fracción de las personas que encontramos».
«Los jueces toman las decisiones que creen que están justificadas en virtud de los hechos y las leyes que tienen ante sí», dijo a los periodistas. «Pero diré esto: Es (…) es interesante ver que algunas de las herramientas que empleamos y que tienen éxito o que son necesarias desde el punto de vista operativo se cuestionan en (…) en las cortes».
«Así, por ejemplo, el proceso de libertad bajo palabra que anunciamos e implementamos el 5 de enero para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos», se mantuvo. «Inmediatamente, eso demostró una reducción en el número de esos individuos que llegan a nuestra frontera sur de más del 95% y, sin embargo, fue impugnada ante un tribunal».
También advirtió que se produciría un gran número de encuentros con inmigrantes ilegales en determinadas zonas durante un tiempo inicial.
«Esto supone una carga increíble para nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestras comunidades con las que colaboramos estrechamente», dijo el secretario. «Nos hemos preparado para este momento durante casi dos años, y nuestro plan dará resultados. Llevará tiempo que esos resultados se materialicen plenamente. Es esencial que todos lo tengamos en cuenta».
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