La orden de vacunación contra COVID-19 del presidente Joe Biden para los trabajadores federales vuelve a estar en vigor tras el fallo de una corte federal de apelaciones, el 7 de abril.
Un panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito emitió el fallo, anulando el bloqueo de la orden de vacunación emitido antes por el juez de distrito.
El juez de distrito Jeffrey Brown, nombrado por Trump, había concluido que Biden carecía de la autoridad legal para emitir el mandato. En la corte de apelaciones, dos de los jueces decidieron no abordar directamente ese asunto y en cambio consideraron que los demandantes, un grupo de empleados federales, deberían haber llevado sus quejas a otras instancias.
De acuerdo con la Ley de Reforma de la Función Pública de 1978, el procedimiento para los trabajadores federales que se enfrentan a acciones adversas les permite apelar a una entidad llamada Junta de Protección de los Sistemas de Mérito, que decide si el trabajador fue debidamente disciplinado. Si el trabajador se impone, la junta puede ordenar a la agencia que lo reincorpore o que adopte otras medidas.
Los empleados que no estén de acuerdo con la junta pueden recurrir a una corte federal de apelaciones.
La ley «impide que los tribunales de distrito resuelvan las reclamaciones legales y constitucionales federales», escribió el juez Carl Stewart, nombrado por Clinton, en la decisión.
A él se unió el juez James Dennis, también designado por Clinton.
Los jueces también dijeron que los demandantes podrían haber impugnado la acción propuesta por la agencia contra ellos antes de presentar la demanda y antes de vacunarse, presentando una queja ante la Oficina del Asesor Jurídico Especial.
El fallo significa que la medida cautelar contra la orden de vacunación fue levantada y el caso fue devuelto al juez Brown con instrucciones de desestimarlo.
Una orden ejecutiva del 9 de septiembre de 2021 afirmaba que exigir a los trabajadores federales que se vacunen contra el COVID-19 ayudaría a «frenar la propagación» del virus que lo causa. Esta orden se emitió cuando circulaba la variante Delta del virus del PCCh (Partido Comunista Chino). A finales de 2021, la variante ómicron desplazó a la variante Delta. La actual lista de vacunas no detuvo la transmisión de Delta y proporciona poca protección contra la infección de ómicron, pero la administración Biden no ha retirado varias de las órdenes de vacunación, incluida la que ahora vuelve a estar en vigor.
La demanda contra la orden de vacunación fue presentada por Feds for Medical Freedom, un grupo formado por trabajadores federales, que dijo que la orden probablemente excedía la autoridad del presidente.
Los demandantes no respondieron inmediatamente a la sentencia.
La jueza Rhesa Barksdale, nombrada por George H. W. Bush, disintió de la mayoría.
Barksdale dijo que la promulgación de la orden ejecutiva no constituye una acción adversa sujeta a la Ley de Reforma del Servicio Civil (CSRA) y describió el caso como «un desafío previo a la aplicación de una política en todas las esferas del gobierno, impuesta por el Presidente, que afectaría a los 2.1 millones de trabajadores civiles federales, incluidos los 6000 miembros de Feds for Medical Freedom».
«Sencillamente, la CSRA no cubre las acciones de empleo previas a la aplicación, especialmente en lo que respecta a 2.1 millones de empleados civiles federales. El tribunal de distrito, por lo tanto, tenía competencia en la materia para conocer sobre las reclamaciones de los demandantes», añadió Barksdale, jueza del panel que también decidió en el caso de la moción de levantar la orden judicial.
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