Un tribunal de apelaciones dominado por jueces nominados por los republicanos fue elegido al azar el martes para ocuparse de la avalancha de demandas contra la orden de vacunación contra la COVID-19 de la Administración Biden.
La Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Sexto Circuito fue la ganadora de una lotería que se desencadenó al recibir múltiples tribunales de apelación varias impugnaciones contra la orden, que fue promulgada a instancias del presidente Joe Biden y que afectaría a todas las empresas con 100 o más trabajadores si se permite que entre en vigor.
Se presentaron 34 peticiones de revisión, o demandas, contra la orden. Se presentó al menos una petición en todos los tribunales de apelación del país.
La ley federal dice que las impugnaciones de una norma en varios tribunales de apelación darán lugar a un sorteo, del que se elegirá un tribunal. Ese tribunal se encarga entonces de los casos, que se consolidan.
El Sexto Circuito supervisa Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Los jueces en activo y con estatus senior incluyen seis nominados del expresidente Donald Trump, ocho nominados del expresidente George W. Bush, tres nominados del expresidente George H. W. Bush, tres nominados del expresidente Ronald Reagan, cinco nominados del expresidente Bill Clinton y dos nominados del expresidente Barack Obama. Eso significa que 20 de los 27 jueces fueron nominados por presidentes republicanos.
«No son buenas noticias para Biden», escribió en Twitter Lawrence Gostin, director del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Nacional y Global.
Una sala del Sexto Circuito decidirá si mantiene la suspensión de la orden que fue ordenada el 6 de noviembre por tres jueces nominados por los republicanos en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU.
Los jueces dijeron que la orden planteaba «graves cuestiones estatutarias y constitucionales».
En una opinión más larga que reafirmaba la suspensión, la sala dijo que la orden impone una carga financiera a las empresas, «las expone a un grave riesgo financiero si se niegan o no cumplen, y amenaza con diezmar sus plantillas (y sus perspectivas de negocio) al obligar a los empleados que no están dispuestos a vacunarse, a hacerse las pruebas o a salir a la calle».
Tres jueces del nuevo circuito serán elegidos al azar para conocer el caso. Su decisión puede ser apelada ante el pleno del tribunal.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie en última instancia sobre la legalidad de la orden.
Los demandantes argumentan que la orden está fuera de la autoridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo, que la emitió hace unas semanas. Dicen que la Administración Biden no ha explicado por qué es necesario una orden de este tipo ahora, cuando la pandemia de COVID-19 comenzó en marzo de 2020 y las vacunas están disponibles desde finales del año pasado.
«Esta orden representa la mayor extralimitación del gobierno federal en una generación. Es ilegal e inconstitucional y estamos comprometidos a asegurar que nunca vea la luz del día», dijo en una declaración reciente Patrick Hughes, presidente y cofundador del Liberty Justice Center, y uno de los abogados que luchan contra la orden.
Los funcionarios de la Administración Biden han defendido el requisito de vacunación, argumentando que la OSHA puede imponer medidas para mantener la seguridad de los trabajadores.
«Si la OSHA puede decir a la gente que lleve un casco en el trabajo, que tenga cuidado con los productos químicos, puede poner en marcha estas sencillas medidas para mantener la seguridad de nuestros trabajadores», dijo Ron Klain, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en la NBC durante el fin de semana.
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