Corte federal bloquea prohibición de compra de propiedades en Florida para ciudadanos chinos

El veto es temporal

Por Tom Ozimek
02 de febrero de 2024 5:01 PM Actualizado: 02 de febrero de 2024 5:01 PM

Una corte federal de apelaciones emitió un veto temporal y limitado sobre una ley de Florida que prohíbe a los ciudadanos de China comprar propiedades en el estado de Florida, donde su gobernador, Ron DeSantis, dijo que era necesaria para contrarrestar la «influencia maligna» del Partido Comunista Chino (PCCh).

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito emitió una orden el 1 de febrero que detiene temporalmente la aplicación de la ley  SB 264, o Ley de Intereses de Países Extranjeros, con respecto a dos de los cinco demandantes, quienes alegaron discriminación inconstitucional.

La SB 264 fue promulgada por el Sr. DeSantis el 8 de mayo de 2023, y casi de inmediato fue impugnada ante los tribunales por cuatro ciudadanos chinos residentes en Florida y una empresa de corretaje de bienes raíces que atiende principalmente a clientes chinos y chino-americanos.

La corte de apelaciones detuvo la aplicación de la ley con respecto a dos de los cinco demandantes hasta que se pronuncie sobre el fondo del caso (los argumentos orales previstos para abril). Los jueces sostienen que, debido a las transacciones recientes y pendientes, los dos demandantes se enfrentan a un «riesgo inminente de daño irreparable» si no se detiene la aplicación de la ley.

El veto temporal limitado de la SB 264 fue recibido con una respuesta crítica de la oficina del Sr. DeSantis.

«No estamos de acuerdo con la decisión del 11º Circuito de conceder una medida cautelar pendiente de apelación a dos de los demandantes en este caso», dijo la Sra. Julia Friedland, subsecretaria de prensa de la oficina del gobernador de Florida, a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico.

«Dicho esto, nuestra ley sigue en vigor, confiamos en nuestra posición jurídica y seguiremos luchando contra la influencia maligna extranjera en Florida», añadió la Sra. Friedland.

Por el contrario, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que es uno de los varios grupos que representan a los ciudadanos chinos en su acción legal, elogió la decisión.

«No hay duda de que la ley discriminatoria de Florida en materia de vivienda es inconstitucional», dijo en una declaración Ashley Gorski, abogada principal del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. «La decisión de la corte trae a dos de nuestros clientes un tremendo alivio, y seguiremos luchando para evitar que esta ley se aplique más ampliamente.»

La decisión de la corte de apelaciones del 11º Circuito se produjo después de que una corte de distrito de Florida fallara en contra de la petición de los demandantes de bloquear la ley.

¿Qué contiene la ley?

En virtud de la Ley de Intereses de Países Extranjeros, se prohíbe a toda persona domiciliada en China y que no sea ciudadana o residente legal permanente de Estados Unidos comprar directa o indirectamente propiedades o tener una participación de control en propiedades en Florida.

La legislación también prohíbe a los ciudadanos de un «país extranjero de interés» poseer propiedades en un radio de 16 km de instalaciones militares o infraestructuras críticas en Florida. Además de China, los países extranjeros que figuran en el proyecto de ley son Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela.

«Florida está tomando medidas para hacer frente a la mayor amenaza geopolítica de Estados Unidos: el Partido Comunista Chino», dijo el Sr. DeSantis en una conferencia de prensa en el momento de firmar el SB 264, junto con otras dos medidas: una que impide que los datos digitales sensibles se almacenen en China y la otra para detener la influencia del PCCh en el sistema educativo de Florida.

«Estamos cumpliendo nuestro compromiso de tomar medidas enérgicas contra la China comunista», añadió el gobernador.

El SB 264 hace excepciones para las personas con visados no turísticos o a las que se haya concedido asilo. Estas personas podrán comprar parcelas de hasta dos acres, siempre que no estén a menos de 8 km de instalaciones militares.

El proyecto de ley establece que las personas afectadas por la medida podrán seguir teniendo sus tierras si las compraron antes del 1 de julio de 2023, pero tendrán que registrarse en el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor antes del 1 de enero de 2024.

Los infractores de la medida pueden enfrentarse a sanciones penales, incluido un cargo de hasta 1000 dólares por cada día de retraso en el registro.

La demanda

La prohibición de la compra de propiedades fue impugnada ante los tribunales por un grupo de ciudadanos chinos y una empresa de corretaje de bienes raíces, que demandaron al estado de Florida el 22 de mayo de 2023, argumentando en su demanda que el SB 264 «impone prohibiciones discriminatorias a la propiedad y compra de bienes inmuebles por motivos de raza, etnia, extranjería y origen nacional, e impone restricciones especialmente draconianas a las personas procedentes de China».

La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Florida, DeHeng Law Offices PC y el Fondo Asiático Americano de Defensa Legal y Educación, en coordinación con la Alianza Chino Americana de Defensa Legal.

Los demandantes argumentaron en su demanda que la ley es inconstitucional.

«Viola la igualdad de protección y las garantías procesales de la Constitución de Estados Unidos; se inmiscuye en el poder del gobierno federal para supervisar los asuntos exteriores, la inversión extranjera y la seguridad nacional; y recuerda la animadversión ilícita de leyes estatales similares de décadas pasadas, leyes que finalmente fueron anuladas por las cortes o derogadas por las legislaturas», se lee en la demanda.

También argumentaron que la SB 264 viola la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en las transacciones inmobiliarias.

El Sr. DeSantis dijo en repetidas ocasiones que leyes como la SB 264 están justificadas por motivos de seguridad nacional, argumentando que el PCCh ha estado activo extendiendo su influencia «maligna» por todo el hemisferio occidental, incluso comprando tierras y realizando diversos tipos de inversiones.

La ACLU ha afirmado que este tipo de leyes se basan en «afirmaciones falsas» sobre la seguridad nacional.

Con la colaboración de Katabella Roberts


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