Corte federal de apelaciones dictamina que programa DACA es ilegal y ordena revisar la norma de Biden

Por Mimi Nguyen Ly
06 de Octubre de 2022 6:50 AM Actualizado: 06 de Octubre de 2022 6:50 AM

Una corte federal de apelaciones dictaminó el miércoles que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, es ilegal.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito (pdf) confirma la decisión tomada en julio de 2021 por un juez federal de Texas —el juez de distrito Andrew Hanen— que declaró ilegal el programa DACA y bloqueó las nuevas solicitudes, pero mantuvo intacta la política para los actuales beneficiarios. La corte de apelaciones dejó igualmente intacto el programa DACA para los beneficiarios actuales, lo que significa que los actuales beneficiarios de este programa pueden seguir presentando solicitudes de renovación.

La corte de apelaciones también devolvió el caso a Hanen para hacerle revisar el conjunto de normas modificadas que la administración Biden anunció en agosto, para determinar su legalidad.

La nueva regla final de la administración Biden para “preservar y fortificar” DACA codifica la política existente en la regulación federal, con limitados cambios. Esta se sometió a los comentarios del público como parte de un proceso formal de elaboración de normas destinado a mejorar sus posibilidades de sobrevivir a las demandas que la impugnen. Está previsto que entre en vigor el 31 de octubre para sustituir el memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2012 que había creado DACA.

La última decisión judicial se produjo como parte de una demanda en curso presentada en 2018 por Texas y otros estados controlados por los republicanos, los que argumentaron que la administración de Obama carecía de autoridad para crear DACA.

Política no autorizada por el Congreso

Desde su creación en 2012, DACA ha concedido a unos 800,000 inmigrantes ilegales una protección para no ser deportados de Estados Unidos. El programa de inmigración se estableció a través de un memorando del Departamento de Seguridad Nacional en 2012, bajo la administración del presidente Barack Obama. Este dio a los beneficiarios elegibles, conocidos como “dreamers” (soñadores), una prórroga renovable de dos años de la deportación, así como autorización de trabajo y acceso a la seguridad social.

En 2017, el presidente Donald Trump anunció que rescindiría DACA, pero las sentencias judiciales y la administración Biden han mantenido a DACA en su lugar.

La decisión de Hanen en julio, al declarar ilegal DACA, afirmó que DACA va en contra de la Constitución, dado que el Congreso nunca dio autorización al poder ejecutivo para conceder indultos de deportación a los inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos.

“El excelente dictamen de la corte de distrito identificó correctamente los defectos sustantivos fundamentales del programa. El memorando de DACA estipula partes significativas de la [Ley de Inmigración y Naturalización]”, dijo la jueza principal, Priscilla Richman, de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito.

“DACA crea una nueva clase de extranjeros, de otra manera removibles, que pueden obtener la presencia legal, la autorización de trabajo y los beneficios asociados. El Congreso determinó qué extranjeros pueden recibir estos beneficios y no incluyó a los beneficiarios de DACA entre ellos”, agregó.

“Nosotros estamos de acuerdo con el razonamiento de la corte de distrito y sus conclusiones de que el memorando DACA contraviene los esquemas estatutarios integrales para la remoción, la asignación de la presencia legal y la asignación de la autorización de trabajo”.

“Una corte de distrito está en la mejor posición para revisar el registro administrativo en el procedimiento de elaboración de normas y determinar si nuestras conclusiones en cuanto al Memorando DACA 2012 resuelven plenamente las cuestiones relativas a la Regla Final”, escribió la jueza Richman al enviar el caso de vuelta a la corte inferior.

El Departamento de Justicia bajo la administración de Biden no señaló inmediatamente si apelaría la última decisión. Si presenta una apelación formal, el caso iría a la Corte Suprema de Estados Unidos.


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