Una corte de apelaciones de Estados Unidos suspendió una sentencia de una corte inferior que congeló temporalmente una ley de Texas, a punto de entrar en vigor, la cual otorga poderes para procesar y detener a inmigrantes ilegales que hubieran cruzado recientemente la frontera.
La ley de Texas convertiría en delito estatal entrar o volver a entrar ilegalmente en Texas desde un país extranjero y otorgaría a las fuerzas de seguridad estatales y locales la facultad de detener y procesar a los infractores. También permitiría a los jueces del estado ordenar a las personas que abandonen el país, imponiendo penas de prisión de hasta 20 años a quienes se nieguen a cumplirla.
La orden de la Corte de Apelación del 5º Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, significa que la ley aprobada por la legislatura, conocida como SB4, puede entrar pronto en vigor. Anuló la sentencia de la corte inferior el 1 de marzo, es decir, un día después de que fuera bloqueada.
Los alegatos orales del caso están programados para la próxima fecha disponible, según la corte, aunque no está claro si se celebraron el lunes.
Sin embargo, el 5º Circuito dijo que suspendería su decisión durante siete días para dar al gobierno federal la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Si la Corte Suprema no revoca la decisión del 5º Circuito, la SB4 entrará en vigor hasta que Texas apele la decisión del juez de distrito David Ezra, de Austin, dictada la semana pasada.
El juez Ezra falló en contra de la ley la semana pasada, argumentando que es probable que el gobierno de Biden prevalezca en su impugnación. Además, afirmó que la ley contraviene la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense y dijo que interferiría con la responsabilidad del gobierno federal sobre las leyes de inmigración.
La ley de Texas entraría en conflicto con las leyes federales de inmigración y Texas podría entonces «sustituir permanentemente las directivas federales», lo que «equivaldría a anular la ley y la autoridad federales», escribió. El juez nombrado por Reagan añadió que se trata de una «noción antitética a la Constitución e inequívocamente rechazada por las cortes federales desde la Guerra Civil».
En consecuencia, argumentó, el gobierno federal «sufriría un grave daño irreparable» porque otros estados se sentirían inspirados para aprobar medidas similares. «La SB4 amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz», escribió.
«No he visto, y el estado de Texas no puede señalarme, ningún tipo de invasión militar en Texas», declaró el juez Ezra, señalando los argumentos que los abogados de Texas presentaron ante la corte. «No veo pruebas de que Texas esté en guerra».
La ley SB4 forma parte de un esfuerzo mayor del estado dirigido por los republicanos para perseguir a los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera. Han argumentado que tales medidas son necesarias debido a las cifras récord de cruces ilegales de los últimos meses y años.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, el fiscal general, Ken Paxton, y otros han dicho que se ven obligados a actuar en la frontera y han acusado al gobierno de Biden de ser negligente en su deber de hacer cumplir la ley de inmigración. Otras medidas que han adoptado incluyen la instalación de alambre de púas a lo largo de la frontera y la colocación de una barrera de boyas flotantes en el Río Grande.
Una corte de apelación bloqueó el uso de la barrera flotante en el río, mientras que la Corte Suprema falló en contra del gobernador de Texas sobre la barrera de alambre de púas, diciendo que debe permitir que los agentes federales corten el alambre.
El Sr. Abbott, republicano, ha respaldado la ley SB4, afirmando que complementaría sus esfuerzos por mejorar la seguridad fronteriza, lo que sugiere que está dispuesto a llevar la lucha legal hasta la Corte Suprema si es necesario.
«Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento por parte del presidente Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur. Incluso desde el banquillo, este juez de Distrito reconoció que este caso será decidido en última instancia por la Corte Suprema de EE. UU.», escribió en un comunicado de prensa tras la orden del juez Ezra.
Grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, así como otros grupos a favor de la inmigración ilegal, se han opuesto a la ley.
«Ningún Estado tiene derecho a decidir unilateralmente quién puede ser estadounidense», declaró la semana pasada David Donatti, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas, al Texas Tribune. «Hacerlo viola la Constitución, socava los derechos humanos y perjudica las relaciones internacionales».
Con información de Reuters.
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