La Corte Suprema rechazó el 28 de agosto la solicitud del presidente Joe Biden de restablecer un plan de alivio de préstamos estudiantiles de USD 475,000 millones, semanas después de que una corte de apelaciones bloqueara el programa.
El juez Brett Kavanaugh remitió la solicitud al pleno de la Corte, que la rechazó. No se registraron disidencias.
La Corte Suprema dijo que «espera que la Corte de Apelaciones emita su decisión con la debida prontitud». El caso sigue pendiente en los tribunales inferiores.
El plan, llamado SAVE, que el secretario de Educación Miguel Cardona propuso por primera vez en agosto de 2022 reduciría los pagos mensuales para millones de prestatarios elegibles y aceleraría la condonación de préstamos para otros. Según los informes, 8 millones de prestatarios se han inscrito en el programa.
El plan SAVE aún no estaba finalizado en junio de 2023, cuando la Corte Suprema anuló el anterior plan de condonación de préstamos estudiantiles de USD 400,000 millones del gobierno federal en el caso Biden vs. Nebraska.
El Octavo Circuito consideró que Missouri y otros seis estados que impugnaron el plan probablemente podrían demostrar que viola la doctrina de las cuestiones importantes. Esta doctrina obliga a los tribunales a presumir que el Congreso no delega cuestiones políticas importantes en los organismos gubernamentales.
La medida de la corte de circuito, de alcance nacional, impide temporalmente que el gobierno federal condone el principal o los intereses de los préstamos estudiantiles pendientes, bloquea una disposición que detiene el cálculo de los intereses de los préstamos, y pone en pausa una disposición que permite a los prestatarios hacer pagos mensuales muy bajos o nulos en función de los ingresos.
La nueva actuación de la Corte Suprema se produjo después de que Biden presentara el 13 de agosto una moción de emergencia para anular la medida cautelar dictada por el Octavo Circuito. El caso ante la Corte Suprema se conoce como Biden vs. Missouri.
Posteriormente, el 23 de agosto, Biden presentó documentos ante la Corte Suprema solicitando que levantara la orden del Octavo Circuito que bloqueaba el programa, a la luz de la decisión del Décimo Circuito el 22 de agosto, de suspender la consideración en el caso Alaska vs. el Departamento de Educación de Estados Unidos, un desafío legal distinto al caso del plan SAVE.
El 30 de junio, el 10º Circuito había emitido una orden que permitía temporalmente la reanudación de los reembolsos basados en los ingresos, pero el 22 de agosto esa corte emitió una orden para el caso de Alaska, postergándolo ante el Octavo Circuito y la Corte Suprema mientras esas cortes intentaban resolver la disputa sobre el plan.
La orden del 10º Circuito del 22 de agosto afirmaba que «a la luz de la medida cautelar del Octavo Circuito», el caso de Alaska vs. el Departamento de Educación de Estados Unidos, que está pendiente en el 10º Circuito debería «suspenderse hasta nueva orden de esta corte».
Biden argumentó en el escrito judicial del 23 de agosto que la decisión del 10º Circuito de «suspender sus propios procedimientos confirma aún más que esta Corte debe anular, o al menos limitar, la medida cautelar universal del Octavo Circuito» para permitir que el plan SAVE siga adelante, ya sea en su totalidad o en parte.
El requerimiento del Octavo Circuito «ya anulaba» la orden del Décimo Circuito y otorgaba a los demandantes la reparación que deseaban, según el escrito.
La medida cautelar del Octavo Circuito detuvo la consideración de los asuntos en cuestión por otros tribunales, y «así no es como se supone que debe funcionar el proceso judicial».
«Un circuito no debería ser capaz de inhibir el desarrollo de ‘precedentes reflexivos a nivel de circuito’ mediante la emisión de una medida cautelar de alcance universal en circunstancias en las que un alivio más adaptado repararía plenamente el perjuicio alegado por los demandantes’», decía el escrito, citando una sentencia anterior de la Corte Suprema.
Controversia sobre las medidas cautelares de alcance nacional
Las medidas cautelares de ámbito nacional, o universales, en las que una corte emite una medida cautelar más allá del alcance del caso que tiene ante sí, han sido controvertidas en los círculos jurídicos en los últimos años.
Los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas han criticado las medidas cautelares de ámbito nacional. En 2020, Gorsuch escribió que cuando las cortes federales emiten medidas cautelares a nivel nacional, que afectan a partes no involucradas en el litigio, «es difícil ver cómo la corte todavía está actuando dentro de su función judicial de resolver casos y controversias».
«Para que este litigio vuelva a su cauce normal en ambos circuitos, esta Corte debería anular, o como mínimo restringir, la medida cautelar universal del Octavo Circuito», dice a continuación el escrito del presidente.
También el 28 de agosto, la Corte Suprema denegó una solicitud de Alaska para anular la orden del Décimo Circuito de suspender la consideración de Alaska vs. el Departamento de Educación de Estados Unidos. El juez Neil Gorsuch remitió la solicitud al pleno de la Corte, que la rechazó. Ningún magistrado disintió.
«Los solicitantes representan que ellos no requieren alivio de emergencia de esta Corte mientras la medida cautelar del Octavo Circuito en [Missouri v. Biden] (…) esté vigente», declaró el máximo tribunal de la nación.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, celebró la decisión de la Corte Suprema de no levantar la medida cautelar del Octavo Circuito contra el plan SAVE.
«Esta es la segunda vez que la Corte Suprema se pone del lado de mi oficina contra uno de los planes ilegales de cancelación de préstamos estudiantiles de Joe Biden y Kamala Harris», dijo Bailey en una declaración.
«Esta es una gran victoria para todos los estadounidenses que todavía creen en pagar su propio camino».
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
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