Corte Suprema tratará impugnación a ley de California por agresivo reclutamiento sindical de trabajadores

Por Matthew Vadum
16 de Noviembre de 2020
Actualizado: 16 de Noviembre de 2020

La Corte Suprema acordó escuchar una impugnación a una ley de California que otorga a los organizadores sindicales permiso para invadir propiedad privada e interrumpir las operaciones comerciales 120 días al año para reclutar nuevos miembros.

La máxima corte aceptó la solicitud de demanda de los demandantes el 13 de noviembre, para revisar un fallo de una Corte de Apelaciones de EE. UU. dividido para el Noveno Circuito en un caso conocido como Cedar Point Nursery vs. Hassid.

Como es su costumbre, la corte no explicó por qué concedió la demanda.

Los demandantes son Cedar Point Nursery, una granja de fresas en Dorris, y Fowler Packing Co. Inc. en Fresno, que produce uvas y mandarinas. Juntos emplean a unas 3000 personas.

La demandada principal es Victoria Hassid, una demócrata, en su facultad como jefa de la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California.

Si después de escuchar los argumentos orales, la Corte Suprema falla a favor de los demandantes, algunas tácticas agresivas de reclutamiento por parte de los activistas laborales pueden ser restringidas.

La ley de California obliga a los productores agrícolas a abrir sus propiedades y negocios a los activistas laborales, lo cual interrumpe sus operaciones comerciales, tomando así su propiedad sin compensación, según Pacific Legal Foundation (PLF), una firma de abogados de interés público con sede en Sacramento que representa a la dos empresas.

En 2015, los reclutadores sindicales llegaron sin previo aviso a Cedar Point Nursery “durante una cosecha ajetreada y realizaron protestas perturbadoras y de hecho asustaron a algunos de los trabajadores a las 5 de la mañana”, dijo el abogado de PLF Wen Fa a The Epoch Times en una entrevista.

“Esto se trata de si el gobierno puede obligarlo a permitir que extraños no deseados ingresen a su propiedad sin proporcionar una compensación justa por eso”, dijo.

El gobierno argumenta que, aunque se trata de una expropiación de la propiedad de los agricultores, a los agricultores no se les debe compensación, dijo.

“Esa razón es muy peligrosa para los propietarios”, dijo Wen.

En el vivero, 500 empleados trabajaban arduamente en los cobertizos, atendiendo plantas de fresa que pronto se enviarían a los productores de todo el país.

De repente se sorprendieron cuando una multitud irrumpió por las puertas y entró en el edificio, gritando en megáfonos que los trabajadores debían unirse a la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW). Algunos trabajadores se encontraban tan asustados e intimidados que abandonaron la propiedad, pero la mayoría permaneció en el trabajo, desinteresados en afiliarse a un sindicato, según PLF. La interrupción fue capturada en video.

Del mismo modo, durante tres días seguidos, los organizadores de la UFW intentaron atacar Fowler Packing Co., pero la empresa les negó el acceso. Los 2500 empleados de la empresa y sus familias “ya disfrutan de los beneficios en el lugar de trabajo que normalmente prometen los sindicatos: instalaciones seguras y limpias, atención médica gratuita con una clínica de salud en el lugar y comidas gratis a cualquier hora del día en una cafetería dentro del lugar”, dijo PLF.

Un estatuto de California reproduce la Sección 7 de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que garantiza a los empleados “a hacerse representar, a constituir, a asociarse o a colaborar con organizaciones laborales, a negociar en forma colectiva por medio de sus propios representantes, y a participar en otras actividades acordadas”, según documentos judiciales.

Sin embargo, hace 45 años, la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California interpretó que la ley otorgaba a los organizadores sindicales el derecho a acceder a la propiedad privada de todos los empleadores agrícolas “con el propósito de reunirse y hablar con los empleados y solicitar su apoyo”. Los reglamentos eximen del requisito que los organizadores obtengan el consentimiento del empleador antes de acceder. Una vez que se presenta el aviso correspondiente a la junta, “los organizadores pueden entrar a la propiedad de un empleador durante tres horas por día, hasta 120 días al año”.

Las visitas pueden realizarse una hora antes del trabajo, una hora durante el almuerzo y una hora después del trabajo.

La regla, llamada Reglamento de Acceso al Sindicato, viola los derechos constitucionales de las empresas, argumenta PLF.

“Esta demanda presenta directamente la cuestión de si la apropiación de un derecho de acceso a la propiedad de otros, de duración permanente pero limitada en el tiempo, produce una toma física per se”, contrariamente a la Quinta Enmienda, dice la demanda.

El equipo legal de Hassid presentó un escrito en octubre instando a la Corte Suprema a no tomar el caso.

“No hay indicios de que el reglamento de acceso represente un problema significativo para las granjas de California. El reglamento ha estado en vigor durante más de cuatro décadas”.

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