La Corte Suprema escuchó dos casos que cuestionaban las leyes en Washington y Colorado que requieren que los miembros del Colegio Electoral en cada elección presidencial cuatrienal emitan sus votos a favor del ganador de los votos populares de ese estado.
Algunos jueces expresaron su preocupación durante los argumentos orales del 13 de mayo de que no exigir a los electores que voten de acuerdo con los deseos de los votantes populares de su estado podría conducir a una agitación política y a un caos debilitador.
La audiencia se celebra cuando se acercan las próximas elecciones presidenciales el 3 de noviembre. En las elecciones de 2016, el republicano Donald Trump ganó la mayoría de los votos electorales y se convirtió en presidente, derrotando a la demócrata Hillary Clinton, que obtuvo más votos populares.
Ese evento pareció dar un impulso al movimiento del Voto Popular Nacional, un esfuerzo por crear un pacto interestatal que obligue a los electores presidenciales a emitir sus votos por el candidato que gane el voto popular en todo el país. El objetivo del movimiento es ordenar efectivamente la elección directa del presidente sin tener que enmendar la Constitución de los Estados Unidos, una tarea notoriamente difícil.
Los críticos dicen que la propuesta es inconstitucional y subvierte la voluntad de los Padres Fundadores que se opusieron a la democracia directa, que muchos ridiculizaron en los primeros días de la nación como «mobocracia».
Si bien algunos estados tienen leyes que castigan a los llamados electores infieles por no votar al candidato al que prometieron apoyar, desde hace mucho tiempo se han planteado cuestiones jurídicas sobre la aplicabilidad de esas leyes.
El primer caso, Chiafalo contra Washington, se refería a una ley de Washington que sanciona a los electores presidenciales que van en contra del voto popular en ese estado. Los peticionarios son tres electores presidenciales de 2016 que fueron multados por no haber votado como lo ordena la ley.
Los peticionarios desafían la ley diciendo que el estado no tiene poder para hacer cumplir la forma en que un elector presidencial emite su voto, y que penalizar a un elector por ejercer su discreción constitucional para votar viola la Primera Enmienda. La Corte Suprema de Washington confirmó las multas.
En el segundo caso, el Departamento de Estado de Colorado contra Baca, el miembro del Colegio Electoral Micheal Baca formaba parte de un grupo llamado los «electores de Hamilton», que trató de convencer a los electores de 2016 que se comprometieron con la demócrata Hillary Clinton o con el republicano Donald Trump a unirse detrás de un candidato alternativo para evitar una victoria de Trump. Cuando los electores se reunieron para votar el 19 de diciembre de 2016, Baca tachó el nombre de Clinton en su papeleta y escribió en la misma el nombre del entonces gobernador de Ohio John Kasich, un republicano que también se presentó a la presidencia en el ciclo de 2016.
El estado se negó a aceptar el voto y eliminó a Baca como elector, reemplazándolo por otro elector que votó por Clinton.
Casi inmediatamente después de que Trump resultara ganador a primera hora de la mañana del 9 de noviembre de 2016, activistas como Baca, enfadados por la derrota de Clinton, lanzaron una campaña para tratar de presionar a los 306 miembros del Colegio Electoral que se comprometieron a votar por Trump para que votaran por otra persona cuando se emitieran los votos electorales. Trump terminó recibiendo 304 votos en el Colegio Electoral, muy por encima del umbral de 270 necesarios para ganar. Clinton recibió 227 votos en el Colegio Electoral después de ganar 232 en las elecciones.
A diferencia del resultado final en el caso del estado de Washington, el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito dictaminó que los miembros del Colegio Electoral son libres de votar por el candidato presidencial que elijan y no pueden estar obligados por el voto popular en sus respectivos estados.
La magistrada Sonia Sotomayor fue recusada en el caso Baca.
Las dos series de argumentos orales se realizaron por teléfono y se transmitieron simultáneamente al público.
El fiscal general de Colorado, Philip Weiser, pidió al tribunal que no participara en un «experimento traicionero» que pudiera poner en peligro el proceso electoral.
«Instamos a este tribunal a que rechace esta peligrosa bomba de tiempo y evite una posible crisis constitucional», dijo.
El juez Samuel Alito dijo a Jason Harrow, abogado de Baca, que no vincular a los miembros del Colegio Electoral con el voto popular del estado podría tener «consecuencias [que] serían potencialmente caóticas».
Alito expresó su preocupación por que «después de unas elecciones en las que el resultado aparente basado en el voto popular es un pequeño margen de victoria para un candidato, habría campañas concertadas para cambiar ese resultado influyendo en unos pocos electores, y eso podría lograrse influyendo en unos pocos electores. Esa es solo una de las consecuencias».
Alito le preguntó si «un elector [podía] ser destituido por soborno, en ausencia de una condena por prueba más allá de una duda razonable antes del momento en que los electores se reúnen para votar».
Harrow respondió: «No, no lo creemos señoría. Y eso es consistente con el tratamiento de todos los demás funcionarios electos. Los senadores y representantes no pueden ser destituidos por una suposición de soborno, un simple susurro de ello. Tienen que ser destituidos por prueba de ello. Y lo mismo sería cierto aquí».
El juez Brett Kavanaugh también expresó su preocupación por el «caos». Dijo que trató de adherirse al «principio de evitar el caos de juzgar, que sugiere que si es una decisión cercana o un desempate, no debemos facilitar o crear el caos».
La jueza Elena Kagan sugirió que la corte debería dejar que los estados decidan el asunto.
«¿Qué dirían si les dijera que si creo que hay silencio, lo mejor es dejarlo en manos de los estados y no imponerles ningún requisito constitucional?», preguntó.
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