El Tribunal Supremo de EE.UU. impuso el lunes un bloqueo temporal a la aplicación de la ley de inmigración de Texas, que habría otorgado a las fuerzas del orden estatales poderes para detener y encarcelar a las personas de las que sospechen que han entrado ilegalmente en el país.
El juez Samuel Alito, que supervisa el circuito federal que lleva el caso, emitió una suspensión administrativa, aplazando de hecho la aplicación de la SB4 hasta el 13 de marzo. Esta pausa temporal permite a la Corte Suprema disponer de tiempo adicional para revisar el caso, pero no proporciona una indicación clara de la postura definitiva de la corte.
La administración Biden presentó el lunes una solicitud de emergencia, instando al Tribunal Supremo a impedir que Texas aplique la ley. La SB4 permitirá a las fuerzas del orden estatales perseguir y detener a los inmigrantes ilegales que hayan cruzado recientemente la frontera.
En virtud de la ley de Texas, entrar o volver a entrar ilegalmente en Texas desde un país extranjero se convertiría en un delito estatal. Las fuerzas del orden estatales y locales estarían facultadas para detener y procesar a los infractores, y los jueces estatales podrían ordenar a las personas que abandonaran el país, con posibles penas de prisión de hasta 20 años para quienes no las cumplieran.
La ley habría entrado en vigor el martes sin la intervención del alto tribunal.
La semana pasada, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. David Ezra impidió temporalmente a las autoridades del estado de Texas aplicar la ley SB4, en respuesta a una petición del Departamento de Justicia (DOJ) y de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Ezra, designado por el presidente Ronald Reagan, rechazó el argumento del estado de la Estrella Solitaria de que podía hacer respetar su frontera ante una «invasión» de inmigrantes ilegales.
«No he visto, y el estado de Texas no puede señalarme, ningún tipo de invasión militar en Texas. No veo pruebas de que Texas esté en guerra», escribió el juez Ezra.
Las detenciones y deportaciones de inmigrantes son responsabilidades federales, y la ley de Texas interferiría, según el fallo del 1 de marzo.
El juez Ezra consideró que, en caso de que Texas prevaleciera en su impugnación, el gobierno federal «sufriría un grave daño irreparable», ya que podría significar la «anulación de la ley y la autoridad federales» e inspirar a otros estados a perseguir leyes similares. Podría significar que los estados podrían «sustituir permanentemente las directivas federales».
«La SB4 amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz», escribió.
El juez también dictaminó que era probable que el gobierno de Biden prevaleciera en su impugnación y que la ley contraviene la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.
El juez Ezra señaló que se trata de una «noción antitética a la Constitución e inequívocamente rechazada por los tribunales federales desde la Guerra Civil».
Sin embargo, durante el fin de semana, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito suspendió la orden del juez Ezra por motivos administrativos a petición de Texas, a la espera de que se resuelva el fondo de una apelación. El tribunal de apelaciones suspendió su decisión durante siete días para dar al gobierno federal la oportunidad de apelar ante el Tribunal Supremo.
El juez Alito, respondiendo a la petición del DOJ, suspendió la orden del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito hasta el 13 de marzo, concediendo a Texas hasta finales del próximo lunes para presentar su caso (pdf).
Si el Tribunal Supremo finalmente da la razón a Texas, la SB4 podría entrar en vigor el 13 de marzo a las 5 p.m. ET.
El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que promulgó la ley SB4 en diciembre, sostiene que la legislación es necesaria para reducir los cruces de inmigrantes ilegales. Acusa a la administración Biden de no abordar los problemas de la inmigración ilegal.
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