La Corte Suprema desestimó el 26 de junio una apelación contra la actuación del gobierno federal cuando se comunicó con plataformas de redes sociales sobre cuestiones de salud pública durante la pandemia de COVID-19.
Los jueces votaron 6-3 al considerar que los que impugnaban al gobierno carecían de legitimación para hacerlo.
Los estados habían alegado que el gobierno federal había presionado a las empresas de redes sociales para que censuraran opiniones desfavorables sobre cuestiones públicas importantes, como los efectos secundarios relacionados con las vacunas contra COVID-19 y los cierres durante la pandemia. Aplicar este tipo de presión viola la Primera Enmienda, dijeron los estados.
Los conservadores y otras personas se han quejado de que las redes sociales censuran la información sobre cuestiones transgénero, COVID-19 y las elecciones de 2020. Estaban especialmente preocupados por la cobertura de la laptop de Hunter Biden, que contenía información que, según ellos, podría haber perjudicado a la campaña electoral del presidente Joe Biden en 2020 si se hubiera permitido que circulara libremente.
Algunos en la izquierda dicen que la eliminación de posteos en las redes sociales es necesaria para evitar la propagación de información errónea, y algunos se han quejado de que las plataformas de redes sociales no hacen lo suficiente para combatir las falsedades.
El caso es Murthy contra Missouri. La opinión mayoritaria es de la jueza Amy Coney Barrett.
El demandante, el Dr. Vivek Murthy, es el director de Salud Pública de Estados Unidos. El estado de Misuri y otras partes demandaron al gobierno federal por censura porque presuntamente presionó a las empresas de redes sociales para que suprimieran determinados contenidos.
Durante los alegatos orales del 18 de marzo, el procurador general de Luisiana, Benjamin Aguiñaga, dijo que «la censura gubernamental no tiene cabida en nuestra democracia».
Las pruebas demuestran que hubo «una presión implacable por parte del gobierno para coaccionar a las plataformas de redes sociales para suprimir la expresión de millones de estadounidenses», dijo.
La corte federal de distrito describió el comportamiento del gobierno como «el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos, incluida la censura de científicos de renombre que opinan en sus áreas de especialización».
«Las palancas de presión del gobierno son anatema para la Primera Enmienda», dijo el Sr. Aguiñaga.
No se trataba de un caso en el que el gobierno utilizara un «púlpito de intimidación» para movilizar a los estadounidenses en favor de una causa, sino de un caso en el que el gobierno «se comportó como un bravucón», afirmó.
Brian Fletcher, fiscal general adjunto principal de Estados Unidos, reconoció que el gobierno «no puede utilizar amenazas coercitivas para reprimir la expresión», pero argumentó que «tiene derecho a hablar por sí mismo informando, persuadiendo o criticando a oradores privados».
Hay una «distinción fundamental entre persuasión y coacción», dijo.
En este caso, los estados de Misuri y Luisiana, además de cinco particulares, están tratando de utilizar las cortes federales «para auditar todas las comunicaciones del poder ejecutivo con las plataformas de redes sociales», dijo el Sr. Fletcher.
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